Vivo en el país más rico de como mínimo Europa, en recursos naturales (no forzosamente traducibles a economía aunque especulen también con ellos), humanos, medioambientales, lingüísticos, turísticos, etnoculturales, artístico-monumentales, marítimos, fluviales, climáticos, piscícolas, agrícolas, termales, etc., pero al prevalecer aún la sombra del franquismo (aunque transformada de blanco y negro a color) nos hace arrastrar enormes taras democráticas. Hoy somos un país en desamortización que se desintegra a marchas forzadas en su nunca alcanzada personalidad política como estado soberano que nunca lo fue.

España dejó pasar el tren de progreso democrático, cultural y social que nos ofrecía una UE que nunca más volverá a ser lo que se prometió ser así misma y sí lo fue en sus inicios como un destello de la Ilustración. Hoy apelmazada en lo mercantil, corrupta y famélica en valores... se deja absorber para lo bélico.

Sin la recuperación de bienes y montes comunales usurpados por el estado; del patrimonio cultural y bienes artísticos expoliados para mercadeo de la iglesia católica y el Estado español al alirón exportados a museos del otro lado del Atlántico; de los valores laicos y democráticos anteriores a la dictadura; de los bebés robados para su venta tras adopciones forzadas por la Iglesia, etc., difícilmente conoceremos un bienestar comunitario basado en la igualdad de oportunidades y justicia igual. Democracia fallida de un país a la venta con saldos permanentes y desmembrado a bocados por corporaciones buitres multinacionales. Un país que desprecia talentos nativos y valores científicos, humanos, su tierra, su agua y su luz... se condena a sumirse en el llanto.

En su intento de reparar tantos años de dictadura nuclear, se diseñó el estado descentralizado bajo el lema: «Café para todos» que está resultando ser una de las causas del declive moral y desarmonía en lo político, educativo, judicial, económico y democrático. Siendo nación con cuatro territorios históricos, sí era necesaria una mayor equidad descentralizada pero no servida con 17 cafeteras.

No intenta el estado reparar de igual manera los excesos doctrinarios, patrimoniales, económicos y de abusos sexuales, en virtud al desmesurado privilegio e impunidad con que contaba la Iglesia católica cedidos por el estado franquista en pago a dar carta de justificación y aprobación al golpe fascista desde la más alta jerarquía vaticana y posterior represión en la posguerra o guerra «persistente» hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo pasado.

No se intenta de igual manera buscar y denunciar las motivaciones reales que bien pudiera haberse larvado en sacristías y episcopados a raíz de promulgarse en 1931 una Constitución en la que la separación de poderes entre Estado e Iglesia quedaba nítidamente recogida e institucionalmente consumada.

Como agua pasada no mueve molino, situemos la mirada en este hoy no menos convulso para esa corporación privada que persiste en ser sostenida por un estado «aconfesional» a cargo de impuestos que civilmente y religiosamente (casilla 0,7% IRPF y más) pagamos los ciudadanos que prescindimos de sus servicios. Una institución privada que se mantiene en la exigencia de derechos a un Estado predispuesto a concederlos en virtud de un nuevo Concordato entre el Vaticano y el Estado español (1979) dejando sin valor el de 1953.

Suprimieron para ambas partes lo más vergonzoso y ridículo ante el mundo «normal», pero el nuevo texto constitucional: «Adecuado sostenimiento de la iglesia» y la «Ley de culto» permiten que mantenga los dos puntos claves para que esa corporación privada se sostenga a costa de toda la ciudadanía laica atea y más. Su base de sostén está en el privilegio de la enseñanza religiosa en centros concertados (cada vez con mayor aportación de dinero público) en exclusiva con docentes en nómina del estado (unos 100 millones al año), y en segundo lugar la exención de impuestos (solo paga IVA de obras por exigencia de la UE) que suponen una merma recaudadora de unos 700 millones al año a las arcas del estado y le posibilitó lograr en 2023 un superávit 22 millones, más lo eximido por la «Ley de Mecenazgo» del año 2002.

Desencadenarnos de un poder fáctico que ingresa en torno a 10.000 millones de dinero público al año, corresponde a los partidos no confesionales. Exigirse reparar esta anomalía democrática que se da merced a los acuerdos con un Estado que le cede el mercado de la «caridad» por su dejación en políticas sociales que a él le corresponden cubrir... en un país donde solo el 18% de su población se reconocen católicos practicantes. ¿Acaso la iglesia católica es la banca «piadosa» de todos? Sí... y solo porque la banca siempre gana.

En este ámbito, las dos repúblicas vecinas son modelo a imitar; mantienen los museos de culto religioso, pero también es dinero público los beneficios por visitas. Aquí los sostenemos con dinero público y los beneficios para la Iglesia. En lo que llevamos de siglo en España no se ha creado ni una sola universidad pública nueva y si privadas subvencionadas con dinero público e influencia religiosa hasta por oficios en capilla y capellán católicos. Pienso que después de 25 años de posfranquismo ya es hora de que se ponga en su sitio el gobierno para con la iglesia; máxime cuando siendo el estamento privado de mayor poder inmobiliario del país y no pagar IBI, aún muestra una desmedida ambición especulativa que implícitamente conlleva la pérdida de fe en sus fieles, pues no se puede servir a dos señores. ¿Dónde queda la laicidad y aconfesionalidad real del Estado español? ¿Dónde ha quedado aquel anunciado autosostenimiento de esa Iglesia desde 1979?... doble traición que todos callan.

¿Cómo ha progresado lo público y lo privado, lo laico y lo doctrinario en el ámbito universitario, donde la Iglesia católica cuenta con miles de aulas-púlpito y otro tanto de adoctrinadores formando a nuestros futuros gobernantes? ¿A qué esperan los partidos teóricamente contrarios a mantener esta anomalía democrática para presionar al gobierno actual para romper de una vez con esta cadena que forma parte de la Memoria Histórica de la larga sombra franquista?

Esta refracción institucional entre lo que dice la Constitución y lo real del día a día en cuanto al estado aconfesional e igualdad ante la ley... son dos mitos que lo pagamos muy caro. No solo en lo económico, sino en lo democrático y cívico.

Urge terminar con estas dos influencias adoctrinadoras sacándolas de aquellos centros escolares que reciben dinero público: Religión y Educación Sexual Integral ESI (incluye transexualidad y genitalidad). Ambas ¡fuera de la escuela!