El 19 de octubre, el gobierno de coalición de Israel, formado por una coalición de partidos que, en la práctica, no se diferencian en la política de ocupación del partido Likud de Netanyahu, prohibió la existencia de seis organizaciones palestinas que trabajaban en diferentes ámbitos, con todo lo que eso afecta a las personas con las que desarrollaban sus actividades y el golpe a la sociedad palestina y a la información sobre el terreno. Meses antes había prohibido a la organización sanitaria HWC, donde trabajaba la española Juana Ruíz, desde esa fecha encarcelada en una prisión israelí, secuestrada desde su hogar en Beit Sahour, en la Palestina Ocupada.

La excusa de la prohibición del gobierno israelí es un informe de sus servicios secretos basados en habladurías y aparentemente en torturas a dos palestinos que señala a todas esas organizaciones de financiar o formar parte de organizaciones ‘terroristas’. Ahí está la palabra tótem que Israel utiliza, junto a la de antisemitismo, para intentar bloquear a cualquier opositor y estigmatizarle para que no reciba ayudas del exterior. Todo vale, con tal de que el foco informativo se aleje de sus acciones diarias que, podrían calificarse, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, más allá de terrorismo de un pequeño grupo.

Israel acusa a Addameer Prisoner Support and Human Rights Association de terrorista, pero no a sus leyes y sistema judicial que legalizan la ocupación, la tortura, las expropiaciones y expulsiones de palestinos. Y por supuesto, los cerca de 5000 presos con ‘sentencia’ o administrativos, los asesinatos extrajudiciales y toda clase de sevicias.

Israel acusa de terrorismo a Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), una organización que forma parte de los amicus curiae que está acusando a Israel de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

Israel acusa a Bisan Center for Research and Development, de terrorista. Bisan trabaja con organizaciones juveniles, instituciones feministas en áreas marginadas y rurales de toda Palestina para apoyar su lucha en el avance de sus derechos socioeconómicos. La ayuda internacional enriquece la economía israelí. Israel coloniza la economía palestina, depaupera a los trabajadores palestinos a los que durante años y años les hacía pagar obligatoriamente contribuciones que iban a las arcas israelíes o al sindicato Histadrut, sin ningún tipo de asistencia o beneficio.

Israel acusa a Defense for Children International-Palestine (DCI-P) de terrorista. Israel tiene diferente trato penal según seas palestino e israelí, incluso en la edad penal. Todos los años detienen y meten en la cárcel entre 500 y 700 niños. Desde el año 2000, son más de 12.000. En estos momentos, hay 160 encarcelados. ¿Y los trastornos psicológicos de la ocupación? Esto lo ha denunciado Defense for Children. La réplica israelí no es cambiar sus leyes de ocupación y liberar a los niños, castigar a los colonos terroristas que queman cosechas o arrancan olivos, insultan a los niños palestinos y les hacen la vida imposible. Israel, decide prohibir la existencia de Defense, para impedir sus informes, que se sepa lo que Israel hace con la infancia palestina.

Israel acusa a la Union of Agricultural Work Committees (UAWC) de terrorista. ¿Para qué dejar que haya una economía y agricultura autosuficiente palestina o que puedan exportar su producción? En el Valle del Jordán, el área C de los Territorios Ocupados Palestinos, se está expulsando a sus residentes palestinos, se destruyen sus bienes, algunos procedentes de las ayudas internacionales, y los colonos israelíes esquilman o se lucran con las tierras palestinas. Israel roba el agua a los palestinos, se la encarece, impide que sus lechugas lleguen a Jerusalén y facilita que se compre lo producido en áreas controladas por Israel. Mientras esto ocurre, Israel exporta libremente a Europa dátiles, aguacates o naranjas producidas en las colonias.

Israel acusa de terrorista a la Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Hay que destruir o debilitar a cualquier organización social, que construya o fortalezca la independencia, que tenga en sus gérmenes cualquier atisbo de construir lazos, de potenciar autonomía, de autoafirmación de identidad. También a la organización de mujeres.  

Unos meses antes, por la misma etiqueta «terrorista» fue prohibida la asociación de los Comités de Trabajo de la Salud, HWC, donde trabajaba Juana Ruíz. No hubo una contestación a la sinrazón israelí. Esa que controla la distribución de vacunas y no quiere hacerse cargo de los palestinos en Territorio Ocupado. Todo es extraer el máximo beneficio y el mínimo coste de la ocupación.  

Es cierto que Josep Borrell, el Alto Comisionado de Política Exterior de la UE ha dicho que no hay ninguna prueba de despilfarro o mal uso de las ayudas gestionadas por HWC y las otras organizaciones palestinas. Pero no toma medidas ante el terrorismo y la ocupación israelí. Y eso, da alas a las prohibiciones israelíes en su intento de debilitar, aún más, la resistencia palestina.

Israel es un Estado de terror para los palestinos. La ocupación y las leyes supremacistas israelíes son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Siendo esto cierto, no se entiende que Borrell, la UE, España sean cómplices de la ocupación. Cómo se sigue bailando el agua a un Estado ocupante y que se paralice la acción política y económica cuando los dirigentes de dicho Estado de Israel o sus adláteres invocan esas palabras, terrorismo o antisemitismo, obviando que la dirigencia israelí y mucha parte de su población son conscientemente responsables de querer la destrucción, por todos los medios, del pueblo palestino y, de paso, a la solidaridad internacional que se enfrentan a la sinrazón.

Declaraciones europeas contra la ocupación ha habido muchas. Actuaciones contra la ocupación, las empresas que la hacen posible, sean CAF, GMV, Tipsa, Kutxabank, Airbnb o TripAdvisor, ninguna. Siguen los acuerdos UE, o la OTAN, o España con Israel y se quiere perseguir a las campañas cívicas de Boicot, Desinversiones o Sanciones o estigmatizar la solidaridad identificándola como antisemitismo. Como si no existiera la ocupación, las leyes supremacistas y el terrorismo israelí. Borrell, UE, España y hasta el Gobierno Vasco, se empeñan en ser cómplices de la ocupación.