CAF acaba de anunciar que ha obtenido, junto a su socio israelí Shapir, la licitación para realizar una línea de tren ligero en Tel Aviv, capital económica de Israel. La construcción, equipo motriz e instrumentalización supondrán más de mil millones de euros y, en lo que respecta a CAF, más de quinientos millones de euros. Además, la adjudicación contempla el mantenimiento de esta línea y su equipo durante veinticinco años.

Con anterioridad, CAF y su socio Shapir habían concursado, en contra del criterio de los sindicatos que operan en el País Vasco y de los movimientos de solidaridad, y ganado en agosto de 2019 la licitación efectuada por las autoridades de ocupación israelí para la construcción y ampliación de las líneas de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas. En este caso, además de la construcción, material móvil y de señalización y mantenimiento, se incluía la gestión operativa. Para ello, absorbieron los activos de la anterior concesionaria. La base logística se encuentra en los Territorios Ocupados, lo mismo que algunas de las nuevas estaciones. Cuando obtuvo esa licitación, CAF les mintió a accionistas e inversores al afirmar que había obtenido un contrato en Israel.

CAF hizo oídos sordos. Como era imposible desmentir que se va a lucrar bajo autoridades de ocupación responsables del diseño de la misma, que expropian o expulsan a los habitantes palestinos de su territorio y que promueven la transferencia de población ocupante a territorios ocupados, y sabiendo que CAF es agente necesario para la movilidad del ocupante, la empresa ha intentado obviar su responsabilidad. Desde la redacción de un informe por parte de un «catedrático» de Derecho Marítimo, amigo del peneuvista Urkullu, al pago y redacción de informes de responsabilidad social.

CAF tuvo la fortuna de que Naciones Unidas, que estaban elaborando una base de datos sobre empresas que favorecen y se lucran con la ocupación, limitase su estudio hasta julio de 2019, no viéndose así incluida en ella. Pero no así su socio Shapir, que fue incluido y que explota canteras y construye viviendas en las colonias –ilegales para el derecho internacional– e infraestructuras en los Territorios Ocupados palestinos. Eso demuestra que no existe la diligencia debida de CAF en el estudio de proyectos, control de proveedores y clientes, y que los textos con esa denominación que realiza la empresa no son más que un señuelo embaucador para terceros. Ante la denuncia de Naciones Unidas, varios fondos de inversión internacional, el del Estado noruego y el de los funcionarios de dicho país, han liquidado su participación en Shapir. 31 organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, incluyendo este Comité, han pedido que CAF sea incluida en esa lista de oprobio.

CAF mantiene que no comete ningún delito y que la Unión Europea no ha sancionado a ninguna empresa delincuente por lucrarse con la ocupación al servicio de la potencia ocupante. Ha vendido autobuses Solaris a Egged, una empresa israelí que cubre el transporte interurbano entre las colonias y el territorio israelí. Como proveedor financiero –está excluido para este proyecto cualquier fondo público español– ha elegido a varios bancos israelíes, como Hapoalim. Tanto Egged como Hapoalim se encuentran también en la base de datos de Naciones Unidas. La diligencia debida de CAF es admirable, como sus auditores, antes Deloitte y ahora Ernst & Young (EY) que no ven, oyen ni huelen nada.

Este asunto es preocupante. La fanfarronería de CAF ante los representantes palestinos que han denunciado en un informe a la empresa es idéntica a la impunidad israelí.

CAF se procura un lavado de imagen firmando un cuestionario del Pacto Mundial de Responsabilidad Social Corporativa y dándole publicidad. Es un esfuerzo baldío. El rey está desnudo, aunque algunos medios de comunicación no lo digan.

Dentro de unos días se va a conmemorar el segundo aniversario de la publicación de esa base de datos y hay muchas organizaciones, entre ellas la Confederación Sindical Internacional, que están reclamando su actualización.

El asunto del tren ligero entre Jerusalén y las colonias próximas ya está contemplado y rechazado en varias resoluciones de Naciones Unidas.

Diversas entidades consideran que el régimen de ocupación israelí es equivalente a un régimen de apartheid. La última, Amnistía Internacional. Por cierto, Amnistía Internacional España es uno de los firmantes de la petición a las Naciones Unidas para incluir a CAF en esa base de datos.

La Corte Penal Internacional va a seguir recibiendo pruebas acerca de crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel y de los agentes que apoyan esos crímenes contra la Humanidad.

En Nuremberg se empezó a juzgar a los responsables empresariales que actuaron e implementaron las políticas criminales de las autoridades nazis de esa época. Ha habido empresas y directivos juzgados por su papel en la dictadura argentina.

Mientras tanto, la dirección de CAF y Shapir siguen licitando una nueva línea de tren ligero entre Jerusalén y las colonias.