La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, una multinacional de alta facturación, está comprometida con la ocupación y colonización israelí. No es que sea cómplice, es parte de las mismas. Y lo presume a los cuatro vientos. Es bien sabido que la Corte Internacional de Justicia ha establecido que los Estados y cualquier agente económico no debe favorecer la ocupación y colonización de territorio ocupado por Israel. Párrafo 278 y siguientes, 19 de julio de 2024. Pero esta disposición solo refrenda lo que ya habían establecido la Convención de Ginebra y diferentes resoluciones de las Naciones Unidas y de la propia Corte de Justicia cuando dictaminó la ilegalidad del muro construido por la potencia ocupante.

Muro que penetra en Cisjordania, rodea ciudades palestinas y divide una Jerusalén ocupada. Como es sabido, las autoridades de ocupación, tras su conquista de Cisjordania, ampliaron el término municipal de Jerusalén y proclamaron su soberanía en junio de 1967 y, nuevamente, en 1993. Los términos actuales según Israel se extienden desde el cerrado aeropuerto de Atarot en el norte hasta la ciudad cisjordana de Belén en el sur y desde la cresta del Monte Scopus y el Monte de los Olivos en el este, hasta el Monte Herzl, Ein Karem y el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea en el oeste, 100 veces más que lo que era Jerusalén Oriental.

Por eso, es siniestra la actividad de CAF en el territorio ocupado por Israel. Frente a la legalidad internacional, construye, equipa y gestiona líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las nuevas colonias próximas. Lo hace junto a la empresa israelí Shapir Engineering. Y esto, durante 25 a 15 años según el tipo de tareas. Las líneas de tranvía están planificadas para facilitar el desplazamiento y crecimiento de la población de la potencia ocupante, Israel, al territorio ocupado y desplazamiento y pérdida material de la población autóctona, palestina. Y después dicen que no saben por qué hay violencia.

CAF ha desoído las reclamaciones para que desista de su actividad. Desde sus trabajadores, asociaciones populares, a las propias autoridades palestinas y hasta las recomendaciones de la administración española. Intenta, desde su posición soberbia de gran empresa multinacional, camuflar su hazaña colonial con excelencias en otros planos sociales o pagando sellos de calidad y auditores que le ríen las gracias de diligencia debida, como EY, antes Deloitte, o Negocio Responsable. No puede desligar su compromiso con la estrategia de la potencia ocupante israelí diciendo que los trenes reducen la contaminación o todo el que pague un billete podrá montar en sus trenes. De hecho, su consejera de auditoria, Carmen Alló, también consejera de la empresa Edreams, como todos los miembros del consejo de administración, desde el «empresario del año» de Guipúzcoa y premio de la CEOE y la Cámara de Comercio hispano italiana, Andrés Arizkorreta, o el representante de la confección infantil Mayoral, firman y cobran las cuentas de la empresa exculpándose de cometer algún crimen. Pero eppur si muove.

Las Naciones Unidas construyeron una base de datos en el año 2019 (de ahí, la no inclusión de CAF, de empresas que se lucran con la ocupación y colonización de territorio palestino. Después, fue actualizada, habiendo dado a las empresas la oportunidad antes y después de la publicación de la lista de abandonar sus negocios en las colonias y dejar de lucrarse con la colonización, de ahí su reducción, de 112 a 97, pero las actuales existentes, junto con CAF, persisten con su lucro ilegítimo. Sería el caso de Shapir (puesto 67), Edreams (puesto 86), el proveedor de CAF, Bank Hapoalim (puesto 9) o su cliente de autobuses Egged (puesto 27), etc.

En los últimos días, CAF ha hecho una demostración de sus habilidades y contumacia. Primero, invitó a responsables de Israel Railways en el depósito e instalaciones que tiene en French Hill, una zona ocupada y colonizada, expropiada a los palestinos en el Gran Jerusalén para darles a conocer la implantación de las líneas Roja y Verde que penetran en Cisjordania ocupada; y segundo, invitando a las instalaciones madrileñas de CAF al director de Israel Railways (puesto 41 de la base de datos), Shiko Zana. Todas las invitaciones son para intentar ampliar sus negocios y sus crímenes. Una empresa contaminada, como casi todas las israelíes, en los esfuerzos de la ocupación y colonización. ¿Y qué no dirán auditores o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el accionista Gobierno Vasco o el respetuoso con el derecho internacional Gobierno español?

Que Israel Railways, que forma parte del engranaje estatal israelí, licite o construya cruzando la línea verde, penetre en Cisjordania ocupada en varios lugares, utilizando tierras palestinas, algunas de ellas de propiedad privada, para proyectos de transporte destinado exclusivamente a los israelíes, no debe afectar a los miembros de la dirección de CAF. De hecho, CAF participa en las licitaciones de esa empresa colonizadora.

Por todo ello, CAF confronta con la Corte Internacional de Justicia y con el respeto al derecho internacional, aun camuflándose en auditorias y diligencias debidas cómplices de su participación en la colonización de Palestina.

¿Hasta cuándo? La ley de contratos públicos podría utilizarse para excluirla de las licitaciones españolas. Ya hay litigios penales en marcha en contra de empresas y sus gerentes en algunos países de la OCDE por su implicación en la colonización en Palestina.

Lo que sí tenemos claro algunos es que la oposición a CAF continuará cada uno de los años en los que CAF siga al servicio del ocupante israelí.