La cuestión a dilucidar es si existen mecanismos de los poderes públicos semejantes para las empresas, ante actuaciones presuntamente dolosas, como los que hay ante personas individuales. Con respecto a las personas conocemos que, ante presuntos delitos, hay unos protocolos de actuación, de los perjudicados, de policías, jueces y abogados. Frente a las empresas y sus rectores hay sus dudas y, sobre todo, se desconoce la voluntad de los poderes públicos para defender el derecho internacional. De hecho, se llevan varios años discutiendo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la posibilidad de un Tratado vinculante que articule el respeto por parte de las multinacionales hacia los derechos humanos. Esta sería una vía que podría ser óptima. En octubre de este año, se discutirá el segundo borrador, pero ya los gobiernos de los países que cuentan con sedes de multinacionales, incluido el Estado español, están buscando que el tratado sea menos ambicioso y se rebaje su contenido, diluyendo la especificidad empresarial, la capacidad de denuncia y sanción a las empresas infractoras.

Frente a lo óptimo, la Unión Europea apuesta, para un futuro cercano, por una regulación de la diligencia debida, un paso que supera a la mera y discrecional responsabilidad social corporativa. Esa normativa de diligencia debida debería contener un estudio sobre la legalidad de los proyectos y proveedores que van a desarrollar las empresas y establecer pautas para que un tercero pueda denunciar y ser compensado ante posibles actividades dolosas realizadas por las empresas que tengan un determinado volumen de negocios.

Adelantándose a estas posibilidades, hay ya en algunos países leyes específicas contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso o la corrupción. En otros aspectos, hay carencias clamorosas a pesar de la existencia de una amalgama de normas tributarias que no impiden que los paraísos fiscales y la elusión fiscal gocen de buena salud. En otros aspectos, nuestro país cuenta con un Código Penal que recoge varios supuestos por los que los rectores de las empresas que cometan determinados hechos puedan ser castigados y, además, la Ley de Contratos Públicos permite la realización de baremos que estimularían las buenas prácticas empresariales.

Todo esto no impide que haya violaciones a las normas de la Organización Internacional del Trabajo o a las Convenciones de Ginebra que afectan a los territorios ocupados, como el de Palestina. Al respecto, hay discusiones sobre si las empresas están sujetas a las normas internacionales que afectan a los Estados. Los grupos sionistas, cuya ideología supremacista considera que el Estado de Israel puede poseer y ejercer su soberanía en toda Palestina y más allá, valoran que las empresas no están sujetas al derecho internacional, solo los Estados y, además, solo cuando aquel les conviene.

Es en este marco, donde se desarrolla la actividad de la empresa con sede en Beasain, CAF, cuando, conscientemente, valora y gana el concurso de las autoridades de ocupación israelí de construir y ampliar la red de tranvías que une la histórica Jerusalén con las colonias próximas, construidas en territorio reconocido como palestino, al estar en el interior de las fronteras existentes anteriores a la penúltima conquista de Israel de 1967. Todo fruto de un diseño urbanizador planificado que incluye el Muro en territorio palestino. CAF está realizando el proyecto y la gestión de las líneas de tranvía junto a su socia israelí, Shapir Engineering and Industry.

En el pasado junio, la junta de accionistas de CAF se celebró con loas a su cuenta de resultados y cartera de pedidos (61 y 9.446 millones de euros respectivamente), nombró como consejera en representación de la Kutxa, a la antigua vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia y se conoció el incremento de accionistas de referencia. Además de la Kutxa, Cartera Social de los empleados y la Fundación BBK, se han incorporado la Textil Mayoral, el capitalista Bravo Andreu y entidades financieras ligadas al Banco de Santander, Invesco y Norges Bank, aparte de la propia administración vasca que cuenta con el 1,24% de las acciones.

El consejo de administración de CAF hizo alarde de sus elaboradas «diligencias debidas» para conocer la legalidad y legitimidad de todos sus proyectos industriales y proveedores. Y que eran, casualmente, positivas y sin discrepancias por parte de sus auditores. Que su contratista sea la autoridad de ocupación; que la actividad de gestión y construcción abarque Jerusalén y las colonias, parte de la Cisjordania ocupada y que haya habido expropiaciones y expoliaciones a la población palestina, dicen no afectarles. Que su socio, Shapir, esté en la relación de las 112 empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha comprobado que tiene canteras, ha construido colonias e infraestructuras para los sionistas en territorio palestino, lucrándose con eso, no les ha temblado el pulso. Ante la petición por parte de los representantes legítimos de la población autóctona palestina de que CAF abandone el proyecto de expansión colonial sionista, han respondido contratando los miles de motores necesarios para llevar la expansión colonial.

No solo satisfechos con esto, los gerentes de CAF han acordado que su filial de autobuses, Solaris, provea de 120 autobuses a la empresa israelí, Egged, otra de las 112 empresas denunciada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año, por lucrarse y participar en la ocupación palestina y los Altos del Golán sirios. La actividad de Egged es la de transportista en colonias sionistas, entre ellas y con territorio con soberanía israelí.

Por lo tanto, no es de extrañar que, ante la creencia de CAF y sus accionistas de poder ser impunes por su apoyo a la colonización israelí y el expolio consiguiente, al igual que sus contratistas, las organizaciones solidarias busquemos las vías legales y populares de señalar las malas prácticas y sus presuntos delitos. Este señalamiento cívico, de la actividad pro colonial de CAF, debe provocar que la ciudadanía y los licitadores sean nacionales o extranjeros, rechacen a esta empresa y a sus accionistas, todos cómplices y proveedores de la ocupación.