Ante la convocatoria de huelga mundial por el clima del próximo 27 de setiembre, es muy conveniente realizar una evaluación de la auténtica «agenda vasca» que los gobiernos y diputaciones tienen para hacer frente al cambio climático.

Según los estudios científicos realizados, ya sabemos por ejemplo, que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se prevé que las olas de calor se multiplicarán por seis y que ello reducirá la esperanza de vida de la población en cuatro años (Consejería de Medio Ambiente del País Vasco, 2017). También sabemos que disminuirán los recursos hídricos, que aumentarán los incendios forestales, que las zonas costeras serán más vulnerables como consecuencia del aumento del nivel del mar, que para finales de siglo el tamaño de las playas se reducirá en un 25%-40%, que crecerá el riesgo de inundaciones (en el Gran Bilbao, por ejemplo, será tres veces mayor), etc.

Para realizar la evaluación a la que nos hemos referido, he aquí una serie de datos y hechos muy significativos:

1. Para poder hacer frente al cambio climático de manera efectiva, para el año 2030 tendríamos que reducir en un 80% los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Euskal Herria. En cambio, en la «Estrategia vasca contra el cambio climático 2050» se propone una reducción solamente del 40%. Y, aun así, estamos lejos de esa cifra pues según datos del EUSTAT, en el 2017 (última fecha de medición) en vez de reducir las emisiones, se incrementaron en un 3,8% en Navarra y en 5,4% en la CAV. Además, nuestras emisiones per capita en la CAV son ya superiores a la media europea: 9,2 Tm en la CAV, y 8,7 Tm en Europa; mientras que la media global es de 4,7 Tm (2019).

2. La transición energética que es imprescindible realizar para hacer frente a la emergencia climática, requiere, entre otras cosas, que el 70-80% de los combustibles fósiles se dejen en el subsuelo. Es decir, que no se extraigan, que no se quemen. Al mismo tiempo esa transición, exige también una reducción muy significativa en el consumo de energía y una apuesta decidida por las energías renovables. Sin embargo:

a. El gobierno vasco concedió a dos empresas privadas permisos durante seis años de sondeo de hidrocarburos en Bizkaia y Gipuzkoa.

b. Además, exceptuando los años de crisis económica, el consumo de energía se ha incrementado constantemente en Euskal Herria (Xabier Zubialde, 2016).

c. Por último, las energías renovables suponen solamente el 7% del total en la CAV (en Navarra un 21%).

3. El sector de transporte emite más o menos un tercio de las emisiones de GEI y, además, esa cantidad va en aumento. Por eso, es uno de los sectores clave para la reducción de esas emisiones. Sin embargo, las instituciones vascas siguen construyendo y planificando vías rápidas que fomentan la utilización del transporte privado. El último ejemplo lo tenemos en la ampliación de la Super Sur promovida por la Diputación de Bizkaia.

4. El sector industrial supone el 28% del total de emisiones de GEI en Navarra y el 21% en la CAV. La refinería Petronor es la más contaminante: en el 2015 emitió 2,27 Tm de CO2 a la atmósfera. Junto a otras 5 empresas de la CAV, emiten un 72% de los GEI. Unas medidas adecuadas para esas pocas empresas reducirían de forma significativa el volumen de emisiones del sector. Pero las instituciones vascas siguen sin hacer nada en ese sentido. Al contrario, han apoyado abiertamente producciones más contaminantes como la planta de coque de Petronor.

5. Para que la transición sea socialmente justa, es decir, para que se desarrolle en función de los intereses de la mayoría social, tiene que basarse en una democracia lo más amplia y participativa posible. El propio Ararteko (Transición Energética en la CAV, 2018) recomienda «Incorporar en la legislación vasca medidas para garantizar de forma real y efectiva la participación ciudadana en las decisiones energéticas y climáticas».

En ese sentido, antes de acometer aquellas infraestructuras que tienen grandes impactos medioambientales y requieren de un gasto público importante (TAV, incineradoras de Zabalgarbi y Zubieta, etc.) es necesario promover una discusión lo más amplia posible entre la población y que ésta pueda expresar su opinión por medio de consultas específicas. En cambio, las instituciones vascas continúan por la vía de la imposición aun cuando, por ejemplo, en el caso de la construcción del TAV se hayan emitido un 2,97 Tm de GEI y se hayan malgastado 30 millones de euros por kilómetro construido.

Los datos y hechos citados son sólo una parte de todos a los que nos podíamos referir, pero son lo suficientemente significativos como para considerar que, por desgracia, los gobiernos y las diputaciones de Euskal Herria están muy lejos de un aprobado en la lucha contra el cambio climático. Y esa calificación no varía tampoco con la reciente declaración institucional del Gobierno Vasco sobre emergencia climática del 30 de julio de 2019. Y no varía porque nos remitimos a los hechos y no a las declaraciones, en muchos casos retóricas, y porque los dos partidos del Gobierno Vasco, incluso en el ámbito de la declaración, han votado en contra de la moción propuesta por la Alianza por la Emergencia Climática en varios ayuntamientos (Getxo, Sopela, Berango).

Si queremos que esa calificación cambie tenemos que hacerles oír nuestra voz lo más alto y claro posible. Por eso es tan importante que apoyemos y participemos de forma activa en la huelga y las movilizaciones del próximo viernes 27 de setiembre.