Sin pretender minusvalorar la gravedad de la pandemia de covid-19 que nos tiene confinados, no podemos olvidar, especialmente en el Día Mundial contra el Cáncer, la epidemia de cáncer que nos afecta y crece año tras año, dejando muertos de cáncer (más del 30%) y enorme sufrimiento. Que el cáncer se haya convertido en la principal causa de muerte entre los vascos, a diferencia de otras comunidades  –cuya principal causa es la cardiovascular–, no es casualidad.  La causa son las insalubres condiciones de trabajo en la industria en estrecha relación con el incumplimiento empresarial de la normativa preventiva durante décadas.

Es necesario que las autoridades sanitarias levanten la vista mirando más allá del nocivo hábito de fumar: la Organización Internacional del Trabajo señala que un 9,6% de las muertes por cáncer son atribuibles a la exposición laboral a cancerígenos. La Comisión Europea insiste: «El cáncer derivado de la exposición laboral es el causante del 53% de las muertes laborales», mientras que la Agencia Europea de Seguridad y Salud de Bilbao cifra en 120.000 muertes anuales en Europa por cáncer laboral. Una catástrofe inaceptable cuando puede evitarse, si la empresa pública o privada cumple con la obligación de proteger la salud de sus trabajadores. Las empresas deben informar del riesgo a las personas empleadas y adoptar medidas de prevención específica, cuando no sea posible la sustitución de la sustancia o procesos.

Resulta irresponsable ignorar u ocultar el origen laboral de numerosos tumores, pues favorece el fraude preventivo y que se continúe sin adoptar medidas frente a las sustancias cancerígenas. Hemos observado como las estadísticas del Cepross del Ministerio de José Luis Escrivá tratan de ocultar la realidad (acompañados del silencio de Osalan) al cifrar en cincuenta cánceres en el conjunto del Reino en 2020 (cifra que representa menos que el 0,5% de las existentes en el entorno europeo), llegando a eludir el registro de los cánceres, con resolución del INSS, como cáncer profesional y con la prestación económica correspondiente.

En este Día Mundial contra el Cáncer hay que recordar las numerosas sentencias condenando a grandes empresas al pago de cuantiosas indemnizaciones y recargos a las víctimas tras haber incumplido durante décadas la legislación de riesgos laborales con el amianto, la sílice, etc. Hay que plantear la necesidad de profundos cambios en el control de los riesgos por parte de las empresas, Osalan e Inspección de Trabajo, incluso de las organizaciones sindicales, para evitar que ninguna persona enferme de cáncer sin conocimiento del riesgo al buscar el sustento propio.