Ultimamente, el Estado español se enfrenta a un auge de la extrema derecha encarnada, a la vez, por una multitud de grupos, asociaciones y movimientos más o menos identificados y por la formación Vox que goza de un apoyo creciente en el electorado. Esta última, en las elecciones generales, ha pasado de obtener el 0,20% y 47.182 votos en 2016 a conseguir el 15,09% y 3.640.063 sufragios en 2019. Como consecuencia de ello, el partido liderado por Santiago Abascal dispone de un grupo compuesto por 52 parlamentarios. Ese mismo año, ha cosechado resultados significativos en varias elecciones autonómicas, como en Andalucía (10,96%) y en la Comunidad Valenciana (10,44%). Estos resultados le han permitido condicionar ciertos gobiernos autonómicos, como los de Madrid, Murcia y Andalucía, aunque sea a través de un apoyo externo.

Esta progresión imparable resulta de las consecuencias socioeconómicas de la crisis de 2008, sinónimas de incremento de las desigualdades, del paro, de la precariedad y de la pobreza; la desregulación de la economía que genera una competencia generalizada y exacerbada, y una vulnerabilidad creciente de sectores poco dotados en capitales económicos, sociales y escolares; la incapacidad de los partidos de gobierno de solucionar los problemas diarios a los que se enfrentan los ciudadanos, lo que ha provocado un cuestionamiento de la democracia representativa y ha deslegitimado los partidos que se han alternado en el poder durante las últimas décadas; la ineptitud del Estado a reformarse para tener en cuenta su carácter plurinacional y dar una respuesta institucional que permita un encaje de las distintas naciones en un Estado confederal.

Pero, ese auge de la extrema derecha resulta igualmente de la actitud conciliadora y cómplice mantenida por ciertos partidos tradicionales y, concretamente, por el Partido Popular. En efecto, en lugar de aplicar un cordón sanitario y marcar distancias con las tesis defendidas por Vox, el PP ha legitimado sus planteamientos subrayando las similitudes existentes entre los programas de ambas formaciones y ha buscado alianzas en su aspiración a unir todas las derechas. Ese afán, además de homologar las tesis de extrema derecha y de posibilitar así el trasvase de votos del PP hacia Vox, ha dado lugar a unas alianzas de gobierno en varias comunidades autónomas del Estado español. En ese sentido, al tiempo que propiciaba una implantación electoral rápida y creciente de Vox, esta postura ha dado un poder institucional no desdeñable al partido de extrema derecha.

Ante esta situación, sumamente preocupante desde un punto de vista democrático, se plantea la cuestión de la mejor manera de luchar contra la extrema derecha en el Estado español.

La primera medida consiste en proceder a una lucha política e ideológica sin paliativos contra las ideas de extrema derecha y las formaciones políticas que las promueven. Por una parte, esto implica enfrentarse decididamente a las tesis defendidas por Vox que consisten en la defensa férrea de la unidad de España que se acompaña de la apología del franquismo; el cuestionamiento de la democracia parlamentaria; la abolición de las autonomías y la ilegalización de las formaciones independentistas; el cuestionamiento de la igualdad de género y del derecha al aborto; o, el rechazo de la inmigración y la estigmatización de la comunidad musulmana. Por otra parte, esto supone aplicar un cordón sanitario de cara a reducir, en la medida de lo posible y respetando el Estado de derecho, la presencia mediática y el poder institucional de la extrema derecha. Es lo que ha hecho el Parlamento vasco limitando los tiempos de intervención y la capacidad de Vox de presentar y defender iniciativas en la Cámara.

La segunda medida, referida al pasado franquista de España, pretende tomar medidas más contundentes contra la apología del franquismo y las organizaciones que se reivindican de esta ideología, y a favor de la memoria histórica a fin de evitar una adhesión de las nuevas generaciones a las ideas de extrema derecha. La reciente aprobación por el Gobierno español del anteproyecto de ley de memoria democrática se inscribe en esta óptica. Dicha ley contempla, entre otros aspectos, la transformación del Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido; la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la creación de un banco de ADN referido a estas víctimas; la ilegalización de entidades que hacen la apología del franquismo y la aplicación de multas contundentes para los contraventores; la anulación de los juicios del franquismo y la creación de una fiscalía especializada en el seno del Tribunal Supremo; el estudio de este periodo histórico en la educación secundaria y el bachillerato así como la formación y capacitación de los docentes en esta materia.

La tercera medida estriba en la respuesta efectiva y rápida dada a los problemas estructurales que constituyen un caldo de cultivo favorable a la aparición y al posterior desarrollo de la extrema derecha. De hecho, la lucha política e ideológica contra esta corriente y la promoción de la memoria democrática serán insuficientes mientras no se aborden las cuestiones de fondo relativas al desempleo de masas, a la precariedad generalizada y a las rentas bajas; la desregulación y la financiarización de la economía que provocan un incremento de las desigualdades socioeconómicas y una pérdida de cohesión social; las desigualdades en el sistema educativo y el fracaso escolar; la financiación, el funcionamiento y la composición de los partidos políticos; la gobernanza deficiente de las instituciones y la escasa asociación de los ciudadanos a la toma de decisiones; la limitada toma en consideración de la plurinacionalidad del Estado español.

Solamente la aprobación simultánea y continua de ese tipo de medias es susceptible de contener la progresión de la extrema derecha que representa un riesgo certero tanto para la democracia como para la convivencia ciudadana.