El coronavirus está dejando un rastro enorme de dolor y muerte en miles de familias, está sacudiendo los cimientos de nuestra economía y formas de consumo-ocio y, también, en nuestro caso, ha sacado de la agenda política una decisión de trascendencia nacional, aunque su ámbito de incidencia sea la CAPV. Nos referimos a la nueva decantación autonomista del PNV.

En los últimos tiempos, más allá del cortoplacismo electoral, hemos defendido la necesidad de cristalizar un pensamiento colectivo que situase en Euskal Herria un carril central social y político capaz de liderar una transformación tanto en modelo político como social. Es decir, transitar del autonomismo-amejoramiento a un marco de soberanía definiendo continentes y contenidos de la Euskal Herria de próximas décadas. Una necesidad influenciada también por las variables globales, tanto económicas, tecnológicas como en valores, que demandan al movimiento abertzale una recomposición de perfil estratégico dada nuestra vulnerabilidad demográfica, económica y cultural.

Para ello existían dos grandes «tractores» políticos que debían empezar a mirar el futuro con otras bases, ambiciones y compromisos: PNV y la izquierda abertzale. A ambos les tocaba abordar una reflexión de luces largas. Podíamos y debíamos situar objetivos de país –Maltzaga político– con propuestas económicas, sociales y culturales que irían enraizando estructuras de Estado. Teníamos, además, un movimiento social en favor del derecho a decidir, un sindicalismo abertzale con liderazgo social, un tejido organizativo con nuevas generaciones en el feminismo, ecologismo o lucha por nuestra lengua y cultura, una inteligencia individual con potencialidad... y era fundamental darle una articulación con horizontes y compromisos compartidos.

Pero, tras el cambio estratégico de la izquierda abertzale y las decisiones de ETA, la nueva correlación de fuerzas (2011) fue metabolizada por el PNV como una amenaza a su hegemonía, no dudando en unir fuerzas con PP, PSE –que le habían desalojado de Ajuria Enea– para desestabilizar los espacios institucionales ganados por el independentismo (Gipuzkoa, Donostia). Una política de acoso y derribo que, a su vez, trajo una estrategia especulativa e involutiva en torno a la herencia dejada por Ibarretxe y su estatuto político. Es decir, en lugar de implementar la renovada correlación de fuerzas, el lehendakari aparca cualquier confrontación con Madrid sobre la superación del marco autonómico. ¡No era el momento! Y hemos visto que nunca es el momento para este PNV. Ese frenazo fue el principio del fin del Plan Ibarretxe y su acomodación a un transversalismo hipotecado por el partido unionista de turno.

Tras las elecciones de 2015, tras la ansiada recuperación de poder institucional, todavía existía alguna esperanza en torno a esa necesaria vertebración sociopolítica en el ámbito abertzale con un movimiento social –Gure Esku Dago– que apelaba a acuerdos para superar un marco constitucional-estatutario convertido en corsé antidemocrático y lastre estratégico. En esta etapa, mientras la izquierda independentista apoyaba en Nafarroa un Gobierno de Geroa Bai-PNV, frenando a UPN-PSN, Urkullu-Ortuzar utilizaban al PSE como alternativa a una posible mayoría soberanista.

A pesar de todo, EH Bildu impulsó un nuevo intento en la Comisión de Autogobierno acordándose unas Bases y Principios que debían ser planos para construir un estatus político postautonomista. Pero esto fue, también, un espejismo y la comisión de expertos, juguete de especulación temporal del EBB, confirmó la ciaboga que venía fraguando la dirección del PNV laminando los pilares del acuerdo: reconocimiento nacional y del sujeto político en plano de igualdad, derecho a decidir, competencias exclusivas en ámbito económico, sociolaboral, deportivo... y blindaje del autogobierno con un sistema de garantías pivotado en la relación bilateral. Las diferentes propuestas dirigidas al EBB, ligadas a compromisos de estabilidad institucional y definición de una hoja de ruta compartida, fueron menospreciadas –«no son de fiar», decía Ortuzar–, justificando la búsqueda de otros aliados. Al parecer, para este PNV los únicos de fiar son el unionismo, Confebask, Iberdrola..., mientras que la izquierda independentista, el sindicalismo abertzale, el movimiento social o el independentismo catalán sobramos y estorbamos. Y eso que Ortuzar fue elegido en 1999 director de EITB con un acuerdo de su partido y la izquierda abertzale.

Esta decisión, en consonancia a su autoexclusión en la declaración de Llotja de Mar y corroborada en el acuerdo de legislatura, rompe una cultura política que, en torno a posibles alianzas abertzales, anidaba desde Txiberta y/o Lizarra. Dice Egibar que con la izquierda abertzale es imposible llegar a acuerdos, justificando una deriva política que ha enterrado el Plan Ibarretxe y apostado por una reforma estatutaria que su socio cepillara en Gasteiz y Madrid. Es decir, si antes la lucha armada era el motivo para rechazar la articulación del espacio abertzale hoy la evidencia empírica, en este ciclo post-ETA, nos lleva a la conclusión que el único objetivo del PNV es desarrollar su propio partido-institución-negocio valiéndose del unionismo y renunciando a acuerdos en clave nacional y soberanista. Con ello nos ofrece otro ciclo de gestión sin política, de bicicleta estática en un autonomismo interminable y con mando único en Madrid.

Como consecuencia, el PNV ha situado de forma obsesiva a la izquierda independentista como enemigo principal, como foco de sus críticas e insultos; en el fondo, la izquierda independentista ha sido, es y será el espejo de su renuncia nacional, conservadurismo socioeconómico y prepotencia política. En el horizonte tenemos un reto colectivo que debemos asumir como reto de país: hacer de EH Bildu un frente amplio donde vertebrar soberanismo, independentismo, confederalismo con un proyecto de transformación social y económica en una escala nacional vasca, como espacio democrático y de cambio político.