Adorno ya lo vio venir cuando decía «cuanto más la todopoderosa industria cultural usurpa el principio clarificador, lo corrompe en una manipulación de lo humano que favorece la perduración de lo oscuro». Algo parecido está pasando en Educación, en lo que respecta a la industria de los libros de texto.

El pasado de 6 de septiembre, el senador por Navarra Suma, Alberto Catalán, pidió al Gobierno español que «vele por la realidad institucional y científica de Navarra». Esas palabras del señor Catalán no son más que el eco de otras pronunciadas el día anterior por la Asociación Nacional de Editores de libros y material de enseñanza (Anele). Según dicen, la asociación recibe presiones por parte de las consejerías autonómicas para que «los libros digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice».

También han denunciado que, debido a la variada realidad lingüística de las diferentes comunidades, se ha puesto en marcha una «regulación sin medida» que les obliga a publicar varias ediciones del mismo libro de texto y así poder abastecer la demanda de cada comunidad. Lo que a primera vista puede tener sentido, nos suena a una petición homogeneizadora y estatalizadora ya conocida en Navarra Suma, a la que se une Anele.

Según esa {realidad científica» que Navarra Suma reivindica, el euskara no es un idioma navarro (Pablo Casado dixit); Euskal Herria no existe, ni siquiera como realidad socio-cultural y la sociedad navarra aceptó expresamente el Amejoramiento, aunque no mediara una consulta al respecto. A ello podríamos sumar un largo etcétera. Por lo que parece, Anele, Navarra Suma y los de su cuerda, con estas declaraciones, no tienen en mente promover un sistema educativo eficiente, sino más bien, la creación de un sistema masivo de difusión de sus ideas entre los y las más jóvenes. Y esa es precisamente un arma muy poderosa que los Estados, como el español, y asociaciones como Anele que se encuentran a su amparo, utilizan para expandir su «verdad científica» y que esta recale en nuestra juventud (al igual que hacen Ana Rosa y Susana Grisso con los adultos).

Vemos en estas declaraciones un nuevo ejemplo de reaccionarismo frente a la labor de fortalecimiento de un currículum propio. Según lo publicado en “Jakin” por Joan Mari Torrealdai, en 2016 el 73% de la producción del sector no era propia. Según sus datos, «la mayor producción de libros de educación o enseñanza no está en manos de editoriales vascas, sino en las de editoriales del Estado». Y mucho peores son los datos si hablamos de producción de software.

Veremos ahora si el Gobierno de María Chivite rechaza esta campaña que afecta directamente a sus competencias, y que nos recuerda a épocas oscuras del mandato de UPN, de cuando libros de texto eran prohibidos y censurados por su contenido.

Una vez más se juntan el hambre de dinero de la industria de la cultura con los intereses retrógrados de los que sueñan con una deriva estatalizadora. Bajo la bandera de la verdad y la ciencia, buscan ahogar, por enésima vez, la voz de las culturas minorizadas o, como dijo Adorno, dejarnos sin luz.