La impunidad de Israel representa el fracaso del derecho internacional; existen reglas, existen normas internacionales, pero éstas devienen ineficaces, no protegen a la población indefensa bajo la complicidad silente de gobiernos de estados que no se sienten interpelados por la barbarie generalizada. Esas normas son conculcadas, son vilipendiadas y lo que es peor, la inacción internacional ante el abuso del derecho y los crímenes del régimen israelí en tierra palestina hace trizas la idea de la existencia de principios universales del derecho internacional.

¿Dónde está la comunidad internacional? en nombre de la soberanía estatal se burlan las leyes internacionales. La pregunta es obligada: ¿es posible volver a valores y reglas comunes compartidas por toda la comunidad internacional? Hay que renovar nuevas reglas, vivimos momentos críticos en el mundo que asiste impasible a la deshumanización del derecho.

El asedio contra Gaza por parte del Ejército israelí ya ha provocado el asesinato de miles de personas, la mitad de ellas mujeres y niños, así como un gran número de personas heridas. Las autoridades están incumpliendo de forma grave, consciente, flagrante y notoria las normas y principios básicos del derecho internacional humanitario, incluyendo los principios fundamentales de distinción, precaución y proporcionalidad, máxime en una zona densamente poblada sometida a un estricto bloqueo durante 16 años y décadas de ocupación.

Los ataques cometidos por Hamás el 7 de octubre contra civiles israelíes representaron violaciones del derecho internacional, pero en ningún caso justifica una respuesta armada que a su vez incumpla este derecho. Dicho de otro modo, los actos terroristas de Hamas no justifican los crímenes posteriores del Estado de Israel. Ante los graves crímenes perpetrados por Hamas, Israel tiene, según la Carta de las Naciones Unidas (art.51), el derecho inmanente de legítima defensa, esto es, el derecho a usar la fuerza necesaria para repeler un ataque armado actual o inminente, mientras dure el ataque, y mediante los medios proporcionados para repelerlo. Pero la legítima defensa no lleva aparejado el derecho a las represalias armadas.

Desde el inicio del ataque a Gaza, las declaraciones de las autoridades políticas y militares israelíes indican sin ambages una intención de no sentirse obligados por los principios fundamentales del derecho internacional y una intención de aplicar un castigo colectivo y de crear expresamente una crisis humanitaria. Los ataques armados indiscriminados y a gran escala contra la población civil son contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y generan responsabilidad para Israel y, además, responsabilidad penal individual para sus autores y para quienes hayan ordenado su comisión. Israel tiene la obligación de ponerles fin inmediatamente.

No solo las partes en este conflicto deben respetar las normas internacionales protectoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todo momento y en toda circunstancia. El resto de los Estados, como parte de los Convenios de Ginebra, tienen el deber de hacer cumplir estas normas en toda circunstancia. En este sentido, deberían utilizar su influencia para que cesen las infracciones del derecho internacional humanitario y abstenerse de alentar la comisión de más infracciones de este derecho por las partes en el conflicto.

Es el momento de exigir la renuncia a la leyenda del «Gran Israel», de evitar la injusticia de hacer pagar a los pueblos árabes el crimen contra la humanidad que fue el holocausto, perpetrado, por cierto, en nombre de una fascista ideología europea. El problema israel-palestino es hoy día un problema colonial y no una cuestión religiosa que oponga a musulmanes frente a judíos.

El sistema internacional de derechos humanos se creó como modelo para prevenir conflictos y lograr la paz. Los derechos humanos tienen un poder preventivo y resultan fundamentales para abordar las causas y las repercusiones de todas las crisis complejas, y para construir sociedades sostenibles, seguras y pacíficas.

Las instituciones que refundaron las relaciones internacionales en 1945, hace ya 79 años, experimentan hoy día un serio declive en su «auctoritas» mundial, y ello les impide abanderar ese necesario liderazgo supranacional. La política internacional muestra con demasiada frecuencia la existencia de diferentes varas de medir al evaluar y resolver situaciones análogas. Frente a la barbarie y la hipocresía diplomática tan solo cabe reivindicar alto y claro la defensa de los derechos humanos de forma universal e incondicional.

Es el momento de un necesario diálogo racional entre los Estados frente a una geopolítica mundial sumida en el caos y que sigue marcada por el recurso de la guerra, por el uso desmedido y brutal de la fuerza y no de la racionalidad, pero las diferentes varas de medir ante las brutales vulneraciones de derechos humanos y el incumplimiento impune de las normas internacionales así como la tendencia geopolítica global hacia el conflicto bélico conducen al pesimismo y a la debilidad y a la desconfianza en las instituciones. Resulta necesario e imprescindible tratar de revitalizar el multilateralismo. Y también hay que resetear y reforzar el espíritu, impulso y vitalidad de un renovado consenso mundial en torno a la defensa de los derechos humanos.