Ese arreglo no es técnicamente posible. Esa propaganda es otra engañufla más. Es decir, otra mentira interesada. Cuando se dictaron las sentencias del organismo político conocido como Tribunal Constitucional de 26-6-2014 y ante el emplazamiento de levantar la reclamación por nuestras competencias a un nivel contundente, la Sra. Barcina y UPN alegaron que se reunirían con Montoro. ¿Para qué? Para decir que no al emplazamiento de dar protagonismo a la sociedad, de convocar institucionalmente una manifestación, de vindicar el derecho a decidir imprescindible para pactar.

Con ocasión de aquella reunión Barcina-Montoro, en vez de salir algo positivo, eclosionó informativamente el tema del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con base en las actas de la Inspección Central de Hacienda por importe de 1.513 millones de euros correspondientes al periodo 2007-2012. Aún no es accesible de forma completa el Expediente Administrativo ya agotado de la Agencia Tributaria Central, pero las Administraciones interesadas deben conocerlo, por lo que es obvio que se mantiene ocultado.  

Se ha hecho una verdadera campaña de prensa con la monserga de los 125 millones de euros para evitar la alarma social y el PP de Navarra va a quedar ridiculizado por sus andanzas con Montoro. Barcina y Goicoechea, mientras tanto, tratan de ganar tiempo: Amagan, ocultan parte de la verdad y ahora ponen a rodar el bulo de la reunión de la Comisión Coordinadora.

¿Cabe esperar algo de la reunión del día 7?

Tengo sobrada experiencia para saber que el anunciar de antemano un fracaso puede servirles a Barcina y cía. para azuzar al Gobierno de Madrid a que haga un esfuerzo inhabitual para no volver a dejar en ridículo a sus aliados en Navarra… De nada.

Pero lo cierto, es que un somero análisis del texto del Convenio no deja lugar a dudas. Las competencias de la Comisión Coordinadora del Convenio se hallan estrictamente establecidas en las 12 letras del Art. 67-2 de dicho Convenio y en ninguna de ellas puede entenderse comprendida la capacidad para resolver una cuestión de discrepancia surgida en el seno de la Junta Arbitral del mismo Convenio, que es el objeto del Contencioso-Administrativo del Supremo, con base en las actas de inspección de la Agencia Tributaria Central. Las competencias que más se podrían parecer a la cuestión planteada son las de «…j) Establecer el método para la cuantificación y liquidación de los impuestos indirectos regulados en los artículos 65 y 66 del presente Convenio Económico». Todas las demás competencias son «emitir informes, examinar problemas, realizar estudios, determinar la aportación económica… para la adopción del correspondiente acuerdo», etc., etc. Es decir cuestiones técnicas, siempre previas a resoluciones, decisiones y acuerdos. Animo al lector a que lea una por una las 12 letras del Art. 67-2 del Convenio. 

   
L propia Junta Arbitral del Convenio regulada en el actual Art. 51 tiene carácter y rango resolutivo. Es decir tiene capacidad para resolver determinados conflictos entre las Administraciones en la forma prevista. ¿Cómo va a solucionar la Comisión Coordinadora, que es de carácter técnico y no resolutivo, un conflicto generado en el seno de la Junta Arbitral, que es un órgano resolutivo? ¿Cómo se va a resolver «coordinando» lo que no se ha resuelto por los árbitros? Es como decir que un conflicto de competencia entre jueces o tribunales lo fuesen a resolver los asesores. Una dramática barbaridad.  

Mientras tanto, la Asamblea de Madrid no se ha desdicho de su contrafuero contra el Convenio y el Concierto y en las tertulias plagadas de ultras ignorantes –perdón por la redundancia– siguen dándole a la matraca, ahora repetidamente con ocasión de Catalunya. El constante ataque político al Convenio y al Concierto siempre es conjunto.

Me parece propio de un complejo político el no querer reconocer que Convenio y Concierto no se pueden defender más conjuntamente y además juntado fuerzas. Si fuese cierto que los independentistas, los foralistas, los navarristas y los nacionalistas de cualquier signo estamos de acuerdo en defender el Convenio y el Concierto, ¿por qué no hacerlo juntos? ¿Por qué se empeñan enfermizamente UPN y PNV en querer protagonizar cada uno su parcela?

Estoy convencido de que, igual que a Escocia todos los partidos unionistas le prometieron las competencias fiscales pidiendo el voto «no», a Catalunya le prometerán también pronto el «pacto fiscal» que hace poco le negaron. Y es que la única forma democrática, moderna y efectiva de entender y defender los derechos históricos es poder contar con el recurso al derecho a decidir.

Por cierto, a quienes en Hong-Kong reclaman democracia y en Catalunya derecho a decidir (que viene a ser lo mismo) les dan la misma respuesta de la legalidad china o celtibérica tanto el Presidente de China Xi-Jinping como el mandarín carpetovetónico Ra-Joy.