La crisis fronteriza entre Marruecos y España en Ceuta y Melilla, presentando al presidente saharaui Brahim Gali como culpable por su ingreso en un hospital de Logroño convaleciente de covid-19, es un hecho sin precedentes en las relaciones internacionales entre dos Estados. El presidente saharaui llegó a España el 19 de abril en un avión argelino al aeropuerto de Zaragoza, fue trasladado a un lugar tranquilo y seguro para su tratamiento. Este hecho no puede enfadar ningún país, ni puede ser la razón para arrojar a miles de menores a la playa de Ceuta. Tampoco debe ser utilizado como medida de presión en el tema la inmigración contra España y la Unión Europea.

Marruecos se equivoca con sus vecinos al buscar desafiarlos de esa manera. Es bien conocida la cumbre de la Unión Africana del año 2017 en la que estuvo el presidente Gali con Mohamed VI en Abiyán junto a Mariano Rajoy. Es conocida la foto de Felipe VI, Brahim Gali y el primer ministro marroquí Saadeddine El Othmani en la toma de posesión del presidente de Panamá Laurento Cortizo en el año 2019.

Qué ha cambiado para que Marruecos emprenda una política de agresión y desafío hacia España y la Unión Europea. Es bien sabido que en toda África el país que goza del Estatuto Avanzado con ventajas comerciales y políticas de control de fronteras es Marruecos. Nadie tiene la culpa que aún, en el Sahara Occidental, los saharauis sigan reclamando un referéndum de autodeterminación desde el año 1991, año en que se firmó un acuerdo de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Sin embargo, Marruecos se niega a la celebración de dicha consulta y reclama la soberanía sobre un territorio no autónomo pendiente de descolonización, reprimiendo a su pueblo e inmerso en una guerra abierta con el Frente Polisario desde el pasado 13 de noviembre, cuando violó el acuerdo de paz invadiendo la zona del Guerguerat.

Esta peligrosa deriva se ha visto alimentada con la decisión de Trump violando el derecho internacional al reconocer su supuesta soberanía sobre el territorio saharaui. Brahim Gali es el presidente de la República Saharaui, país reconocido por la Unión Africana y por más de ochenta naciones. España en una decisión soberana tiene el derecho de acoger a cualquier persona en su territorio que necesite de atención médica. El presentar como excusa la presencia de Gali en territorio español como un acto de enemistad y actuar en consecuencia invadiendo la ciudad de Ceuta con menores no acompañados es un acto inhumano.

El presidente saharaui goza de inmunidad diplomática y es el secretario general del Frente Polisario, organización reconocida por España y las Naciones Unidas. No se entiende esta actitud de acoso y derribo hacia el líder del pueblo saharaui. Cuando intentan acusarlo a través de un auto judicial archivado y sin fundamentos de crímenes de lesa humanidad. No hay mayor crimen que el bombardeo de Umdraiga y la ocupación militar del Sahara Occidental y los cientos de fusilados con DNI español cuyos restos encontraron el doctor Martín Beristain y el forense Paco Etxeberria cerca del Muro de la Vergüenza que divide el Sahara Occidental.

El auto del juez Ruz con fecha del 9 de abril de 2015 que condena a once militares marroquíes por genocidio en el Sahara Occidental es una prueba irrefutable. Ningún país que usa a sus menores como arma de presión política merece un trato digno de parte de sus vecinos. Primero hay que crear una justicia para los millones de marroquíes y tratarlos con dignidad. Esa es la asignatura pendiente de un país que actúa en contra de sus ciudadanos y sus vecinos.

Brahim Gali es un hombre de una trayectoria reconocida ante su pueblo, fue el primer secretario general del Frente Polisario, ha sido embajador en Argelia, representante ante España y ministro de Defensa. Desde que asumió el cargo de presidente en el año 2016 ha luchado por una solución democrática y pacifica al conflicto del Sahara Occidental. Crear un problema sobre su acogida y tratamiento es un acto pusilánime que responde a un oportunismo bien calculado que nos ha recordado la embajadora marroquí, la señora Karima Benyaich, cuando se refirió al líder saharaui y pidió que fuera interpelado por la justicia española antes de su posible salida.

Las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental tienen un rostro femenino en la figura de la activista Sultana Jaya que lleva varios meses bajo arresto domiciliario. Ha sido violada en el interior de su domicilio junto con su hermana Ouaara en la ciudad saharaui de Bojador por parte de la policía marroquí. Eso debería denunciar la embajadora de Marruecos y sobre todo pedir que los menores vivan dignamente en su país como ciudadanos libres.

Un país que no permite la observación de los derechos humanos en un territorio ocupado como el Sahara Occidental y ha expulsado a cientos de parlamentarios europeos no puede dar lecciones de humanidad de ningún tipo.