Antton Lopez Ruiz “Kubati” (*)
Expreso

El cambio como motor revolucionario

Si hay un filósofo que representa el significado del cambio, este es Heráclito. Resumiendo hasta el límite su filosofía, diríamos que nuestro pensamiento, a la hora de racionalizar las diversas situaciones que la realidad nos ofrece, siempre se atiene a un esquema preconcebido que se denomina «principio de identidad». Este principio nos condiciona y nos retrae a la hora de entender y practicar los cambios.

En la vida cotidiana, al vivir las experiencias, tenemos que vérnoslas siempre con el cambio. El cambio viola continuamente el principio de identidad. Es muy molesto porque nos exige movernos de ese espacio de confort intelectual al que nos sentimos acostumbrados. Sin embargo, la vida es dialéctica (la huella de Heráclito se encuentra en la dialéctica de Hegel y Marx). «Todo fluye… nunca nos bañamos dos veces en el mismo río», decía Heráclito.

Todo cambio necesita de nuevas aportaciones en los diversos niveles en los que se manifiesta, pero sobre todo de una adaptación mental a las nuevas situaciones. El cambio, en un principio, conlleva una necesidad de adaptación psicológica. Se trata de adaptarse a una nueva cultura de funcionamiento.

Cada época política ha necesitado de unas reacciones políticas particulares. En este sentido, el Colectivo de Presos y Presas políticos vascos, en todo su recorrido histórico, siempre ha sabido entender lo que el momento político le demandaba. Una demanda que se traducía en aportaciones políticas a la lucha por la independencia de Euskal Herria. Si analizamos la trayectoria del EPPK en este sentido, podemos distinguir tres fases de comportamiento distintas, que responden a tres momentos políticos distintos.

Una primera fase, que comienza con los primeros encarcelamientos después de la denominada amnistía del 77, y que finaliza con la etapa de dispersión masiva, allá por el año 89 del pasado siglo. En esta fase, el Colectivo se centra en dos tareas principales: establecer su configuración política (muchas de las protestas que se realizaban tenían un contenido exclusivamente político) y luchar por unas condiciones de vida dignas.

Una segunda fase, que comienza en el año 89 y tiene como escenario principal la dispersión masiva del Colectivo. Una época llena de dificultades, en la que hay que enfrentarse a la represión del Estado de manera individual. El Colectivo reacciona y se autoactiva mediante la utilización de la vía jurídica, penitenciaria y penal. Es una etapa dura, que exige una gran madurez en la militancia.

Esta madurez activa el cambio de mentalidad y, no sin esfuerzo, entendemos cuál debe ser la respuesta política que debemos dar para seguir aportando en el espacio independentista y seguir siendo un activo político. Este cambio de mentalidad nos ayuda a desarrollar un concepto que nos va a servir de arma ideológica para confrontar contra el Estado y contra quienes apoyaron la dispersión: la unidad desde la particularidad, desde la diversidad.

El Estado nos separa y nos diferencia en trato, para que entre nosotros surjan las envidias y las contradicciones. Pero reaccionamos, y la diferencia de trato la asumimos como arma política y se la devolvemos al Estado convertida en ofensiva jurídica: llamadas telefónicas, vis a vis, acceso a los polideportivos, comunicaciones con amigos y amigas, denuncias de agresiones, redenciones de condena, medidas higiénicas, salida de los aislamientos… Se logra crear un nuevo humus jurídico que va reduciendo la capacidad de maniobra represiva del Estado en el espacio de los presos y presas políticas, cuyo objetivo principal era romper el Colectivo.

Conseguimos no caer en la trampa de las envidias ni en el debate estéril de «por qué a ti sí y a mí no». Al contrario, nos alegrábamos cuando algún compañero o compañera conseguía algún beneficio penitenciario, logrando de esta manera mejorar su situación carcelaria, o reduciendo su estancia en prisión (mediante redenciones). La diferenciación fue contundente en algunos casos. Se daba la circunstancia de que habiendo sido juzgados por la misma causa dos compañeros, y condenados a la misma pena, uno podía salir de prisión ocho o diez años antes que el otro. Por eso decimos que fue una fase en la que el EPPK mostró una gran madurez.

Para afrontar con éxito esa fase fue necesario reformular nuestro «principio de identidad». Realizar el cambio de cultura de actuación no fue fácil. Este cambio nos creaba contradicciones, pero se superaron con éxito. El Colectivo decidió que la unidad de criterios que debería vincular al grupo se asentaría en la diferenciación de tratamiento.

El Estado se sintió interpelado en esta dialéctica y se vio en la necesidad de mover ficha. En el año 2003 creó el JCVP (Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria) con sede en la Audiencia Nacional, cuyo objetivo principal era controlar la diversidad de criterios jurídicos sobre la legalidad y poner en práctica una legislación de excepción.

En el ámbito de las aportaciones, el Colectivo realiza una gran contribución a la nueva estrategia y al desarrollo independentista mediante el agiri-documento de diciembre de 2013. En este documento, entre otras muchas cosas interesantes, pide que se elimine la legislación de excepción, y se muestra dispuesto a que el proceso de excarcelación pueda efectuarse utilizando cauces legales.

Cuando el Colectivo habla de legalidad no está diciendo nada nuevo en sentido jurídico. La relación que ha habido con la legalidad vigente ha sido constante. El triunfo sobre la llamada doctrina Parot es producto de la legalidad; también los presos y presas enfermos que están con la pulsera; adelantar la salida de prisión mediante redenciones es legalidad… De lo que se trata ahora es de explorar todas las vías y espacios y acelerar los procesos para acortar los tiempos en todos los terrenos, recorriendo la vía judicial, explotando la legalidad penitenciara y acogiéndose a todos y todo orden de beneficios de los que el preso pueda servirse. Esta es la nueva cultura de funcionamiento a la que hay que adaptarse para confrontar con el Estado. Es readecuar el principio de identidad a esta nueva fase.

La vía judicial y legal, si no va acompañada de la exigencia de la calle y de movilización social por el desmantelamiento de la excepcionalidad, puede no tener recorrido. La izquierda abertzale en su totalidad se debe activar y debe activar a la sociedad vasca en torno a dos procesos paralelos: desactivar las leyes de excepción y obligarle al Estado a que cumpla con su legalidad. No deben ser procesos jerárquicos, primero uno y después otro. Deben ser paralelos. Andando la legalidad debemos ir desmontando las medidas de excepción. Desmontando las medidas de excepción debemos ir experimentando la legalidad. Derogar la doctrina Parot se logró en plena excepcionalidad. La experiencia nos demuestra que la apuesta tiene que ser global. A esa globalidad le llamamos camino a la independencia.

El EPPK mediante su aportación de 2013, está entendiendo la dialéctica de cambio en las coordenadas que la situación actual y sus dificultades exigen. Hay que seguir profundizando en esa potencialidad. La izquierda abertzale prestará todo su apoyo a las decisiones del Colectivo. Quienes hemos pasado por prisión lo haremos de manera especial. Este apoyo queremos expresarlo el día 17 de abril en Bilbo en una manifestación que queremos que sea masiva. Ahí estaremos, os lo debemos.

(*) Firman también las expresas y expresos: Nagore Mujika Alvarez, Jon Irazola Mendikute, Ainara Esteran Cruz, Iñaki Zugadi Garcia, Anunciación Alonso Curieses, Jugatx Duñabeitia Kintana y Gloria Rekarte Gutierrez.

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