Supongo que todo el mundo recuerda, aunque sea vagamente, los textos escolares sobre la guerra de sucesión española. En 1701, se desata una disputa encarnizada entre borbónicos y austracistas. Entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Tras quince años de conflicto, España pierde Gibraltar y la Casa de Borbón acomoda en el trono a Felipe V para instaurar una dinastía que dura ya más de trescientos años. Diez generaciones hasta hoy.

Dicen nuestros libros de escuela que el nuevo borbón se propuso castigar a los perdedores arrebatándoles cualquier vestigio de soberanía. Así es como Felipe V fulmina las instituciones del Principado de Cataluña. Los Decretos de Nueva Planta, en última instancia, mutilan las particularidades administrativas de toda la Corona de Aragón. Al mismo tiempo, el rey entrante premia a los territorios que se han mantenido fieles a la causa borbónica. De modo que el Señorío de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y el Reino de Navarra preservan sus fueros y parlamentos.

Han pasado tres siglos y las comparaciones son odiosas, pero la guerra de sucesión es el comienzo de muchas realidades que perduran hoy en día. Existe un hilo familiar que une el Felipe V de entonces con el Felipe VI de nuestros días. La preservación de los derechos forales vascos explica, por ejemplo, la actual asimetría fiscal del Estado. Todavía hoy, la Diada de Catalunya conmemora el asalto de Barcelona en 1714 y la herida de Gibraltar permanece en el imaginario del nacionalismo español.

El 25 de octubre de 1979, en pleno fervor antifranquista, un 90% de electores avalaron el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco. Este pasado viernes, Iñigo Urkullu celebraba en el Parlamento cuarenta años de autonomismo y reclamaba «ensanchar el acuerdo» del autogobierno. Sin embargo, el balance optimista del lehendakari contrasta con la realidad ingrata de los hechos. Lo cierto es que el Estatuto de Gernika acumula cuatro décadas de incumplimientos mientras nos entretienen con el regateo de competencias. Habría que preguntarle al señor Urkullu qué ensanchamiento propone en el seno de un Estado que ya ha demostrado su intransigencia con las reformas estatutarias.

La memoria es frágil y escurridiza, pero aún nos permite recordar aquellos años no tan lejanos de efervescencia soberanista en Euskal Herria. Fue en octubre de 1997 cuando Jose Elorrieta, por entonces secretario general de ELA, certificaba en Gernika la muerte del Estatuto. Sus palabras tuvieron tan buena acogida que Ricardo Ansotegi, dirigente del PNV, llamó a articular mayorías soberanistas. Es verdad que Iñaki Anasagasti le enmendó la plana y aseguró que «para el PNV el Estatuto no está muerto». Pero ya daba igual, porque en julio de 1998 el PSE iba a abandonar el Gobierno vasco y el Pacto de Ajuria Enea iba a dejar paso al Acuerdo de Lizarra-Garazi.

El timón del soberanismo vasco, más reformista que rupturista, se mantuvo en pie con altibajos durante al menos una década. En 2001, Ibarretxe ya planteó una reforma estatutaria que tomó cuerpo en 2003 y que consiguió la mayoría del Parlamento en 2004. Pero aquel entusiasmo inicial tropezó contra el muro del Estado. En 2005, el Congreso de los Diputados rechazaba en bloque el nuevo Estatuto vasco. En 2008, Ibarretxe volvió a la carga con una propuesta de referéndum pero el Tribunal Constitucional le dio con la puerta en las narices. Luego llegó Patxi López y aquí paz y después gloria.

Mientras el soberanismo vasco se enfriaba ante las zancadillas de las instituciones del Estado, el independentismo catalán respondía a las humillaciones doblando sus apuestas. «Nos hemos cepillado el Estatut», dijo Alfonso Guerra entre carcajadas en 2006. En 2010, la Justicia española mutilaba nuevamente el Estatut. «El Tribunal Constitucional está moralmente deslegitimado para dictar esta sentencia», protestó el President Montilla. El pueblo catalán, cansado de afrentas, convirtió la rabia de entonces en un movimiento de masas a favor de una solución democrática. Así llegó la consulta del 1-O, los porrazos, la sentencia contra los líderes del Procés y el Tsunami Democràtic.

Desde 2016, la prensa oficial increpa a Puigdemont y lo tacha de incendiario irresponsable igual que años atrás denigraba a Ibarretxe y lo pintaba de lunático enemigo de España. Al contrario, Urkullu aparece caracterizado como un estratega brillante, un negociador tranquilo. En definitiva, un hombre de Estado. Cuando la maquinaria propagandística del régimen te arroja flores, más vale que empieces a preocuparte. Hubo un tiempo en que Catalunya era el ejemplo constitucional de seny frente al montaraz soberanismo vasco. Hoy las tornas han cambiado y el Gobierno de Lakua sirve de contraejemplo sereno para desprestigiar la protesta catalana.

No es la guerra de sucesión ni se parece. Pero trescientos años después, las élites vascas se alinean con los mismos borbones que desmantelan el autogobierno catalán. Tres siglos más tarde, el PNV negocia los presupuestos con quienes intervienen la autonomía catalana a golpe de 155. Treinta décadas después, Cataluña reclama su independencia mientras nuestro lehendakari se aferra a la vía descompuesta del autonomismo. Cuando el Estado se muestra más débil, cuando podríamos abrir una doble brecha junto a Catalunya, las autoridades vascas juegan al avestruz y abandonan a su suerte a un pueblo amigo.

En las campas de Foronda, hinchados de furor patriótico, los dirigentes del PNV se llenan cada año de soflamas encendidas contra el nacionalismo español. Pero a la hora de la verdad, la cúpula jeltzale trafica con nuestras esperanzas, bendice los pactos de Estado, apuntala el constitucionalismo y nos somete a una dieta feroz de autonomía trasnochada. Ya lo cantaba Eskorbuto. Anuncios publicitarios que prometen felicidad de algún producto de moda que te hará cambiar. Os engañan, os engañan así.