Es evidente que este fascinante experimento imaginario, no condice con la vida real en la que los gatos necesariamente están vivos o muertos pero no las dos cosas a la vez. Sucede algo similar con el creciente discurso anti-inmigrantes que, impulsado por las extremas derechas europeas, es asumido lamentablemente por sectores cada vez más amplios de la población y que puede denominarse como «el/la inmigrante de Schrödinger» y es aquel que plantea que los/as inmigrantes «son perezosos y perezosas y no quieren trabajar porque prefieren vivir de ayudas públicas» mientras que, a la vez y, al igual que el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo, «Vienen a trabajar muchas horas por poco salario, robándole el empleo a los/as nacionales».

Convengamos que es imposible que pasen ambas cosas, porque o le robamos el trabajo a la gente de aquí o no queremos trabajar, pero jamás ambas cosas a la vez. Sin embargo es común que en un mismo discurso se escuchen los dos argumentos juntos. El objetivo de este artículo es demostrar que no solamente uno sino que ambos carecen absolutamente de cualquier base y no son más que prejuicios instaurados para evitar que los trabajadores y trabajadoras apunten a los poderes económicos y políticos que los oprimen, centrando su frustración en quienes viniendo de otros continentes, son los y las más golpeadas por las agresivas políticas neoliberales, dividiéndonos al interior de la clase trabajadora para mantener los privilegios de unas y unos pocos.

¿Quién roba empleos y reduce salarios?

Partamos por reflexionar sobre la segunda frase: «Los y las inmigrantes vienen a trabajar muchas horas por poco salario, robándole el empleo a los y las nacionales», hay dos argumentos principales que desmontan esta afirmación, el primero es el más evidente y va referido a que, y esto puedo asegurarlo sin dudas, jamás en mi vida he visto a una persona inmigrante o nativa, blanca negra o azul, que exija o siquiera solicite ganar un salario inferior al que le ofrecen. Siendo así que nadie pide ganar menos, es bien sabido que quienes ofrecen salarios a la baja y finalmente determinan los mismos son los y las empleadoras y no los trabajadores y trabajadoras. Es así que, si debe responsabilizarse a alguien por contratar muchas veces personas inmigrantes en situación irregular, aprovechándose de ello para pagar salarios de miseria, es a los muchos empresarios y empresarias chupasangre que utilizan esta práctica. En todo caso estamos ante la clásica falacia de hacer culpable a quien en realidad es víctima de este tipo de maltrato laboral.

Por otra parte, y esto es estadísticamente comprobable, a partir del comienzo de la crisis económica en 2008 y, siendo que a causa de ésta, miles de personas inmigrantes han abandonado el Estado español, tendríamos que suponer que, si fueran estas las causantes de los bajos salarios, lo lógico es que al descender drásticamente su número, los salarios hubieran tendido a subir; pero lo cierto es que ha sucedido todo lo contrario ya que entre 2008 y 2017 el salario real en el Estado español ha bajado en promedio hasta un 25%.

Esto está estrechamente relacionado con lo primero y es casi una obviedad, son los y las empresarias y no los y las inmigrantes quienes determinan los salarios. Es, en este sentido evidente, que la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años se debe a la acción de un gobierno enemigo de las clases trabajadoras que ha aprovechado el creciente desempleo para modificar la normativa con una Reforma Laboral diseñada a gusto de la patronal que, al facilitar el despido y la contratación precaria a la vez que debilita la organización sindical y la negociación colectiva, ha dado las herramientas que los y las empresarias necesitaban para despedir barato y empeorar las condiciones laborales a su antojo como de hecho ha sucedido.

Cabe también hacerse algunas preguntas sobre los altos niveles de desempleo como: ¿Son las personas inmigrantes quienes han trapicheado en bolsa con activos tóxicos producto de la burbuja inmobiliaria haciendo reventar la economía? ¿Son las personas que vienen de los países más empobrecidos y golpeados del planeta quienes han planificado un modelo productivo que desincentiva la investigación, el desarrollo y la formación, apoyándose en cambio, en la ganancia rápida producto del pelotazo inmobiliario? ¿Son las miles de personas refugiadas que huyen de la guerra y la pobreza quienes han practicado miles de Expedientes de Regulación de empleo en los últimos años, apoyándose en leyes injustas para dejar en la calle a cientos de miles de familias trabajadoras? Creo sinceramente que todas estas preguntas se responden con un contundente NO.

En este sentido, debemos reflexionar que, el discurso que intenta culpabilizar a los y las inmigrantes de la falta de empleo y los bajos salarios, busca en el fondo evitar que señalemos con el dedo o directamente con el puño como deberíamos hacer a quienes desde el poder económico y político, han empobrecido a los trabajadores y trabajadoras independientemente de su origen étnico, cargando en nuestras espaldas la factura de una crisis generada por ellas y ellos mismos.

Viviendo de las ayudas o el mito de la RGI

La otra frase, también muy socorrida y no por eso menos falaz es aquella que afirma que las personas inmigrantes «son perezosas y no quieren trabajar porque prefieren vivir de ayudas públicas», este tipo de concepto ha sido irradiado por los más diversos actores políticos de la extrema derecha, desde Marie Le Pen en Francia, pasando por Amanecer Dorado en Grecia o el Partido Popular en el Estado español. De hecho, el ex alcalde de Gasteiz por el PP Javier Maroto encabezó una vergonzosa campaña en este sentido reforzando el mito social de que las personas inmigrantes en Euskadi evitan trabajar y prefieren cobrar la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) que es una prestación económica mensual que concede el Gobierno Vasco, destinada a atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes. Si bien la contestación social a Maroto fue contundente y, una de las más que probables causas de que perdiera la alcaldía, no se puede negar su nefasta influencia en el discurso de amplios sectores de la población vasca que, aún hoy, afirman no solamente que las personas inmigrantes viven fundamentalmente de ayudas, sino que éstas se les niegan sistemáticamente a quienes no lo son.

Revisando los datos, queda claro que esto no es verdad. Para comenzar debe quedar claro que no existe ninguna ayuda social de ningún tipo ni en Euskadi ni en ningún territorio dominado por el Estado español que sea exclusiva o siquiera priorice a la población inmigrante. Por el contrario si un/a inmigrante quiere cobrar la RGI debe acreditar o tres años de residencia en Euskadi o un año de residencia y cinco cotizados en el Estado. Esto desmonta una parte de la mentira, pues deja claro que la RGI no constituye un «efecto llamada» puesto que esta restricción impide que los recién llegados, la cobren.

Por otra parte, haciendo un análisis de los datos encontramos que de las 49.648 personas que cobraron la RGI el último año la mayoría, es decir un 63% tenían nacionalidad española y el restante 37% fueron inmigrantes, con lo cual queda también desmontado el prejuicio de que dicha ayuda se concede principalmente a personas que vienen de fuera y se niega a los y las nativas.

Por si esto fuera poco, los datos también permiten observar que este 37% significo que 18.370 inmigrantes cobraron esta prestación, lo cual representa algo menos del 10% del total de inmigrantes en el País Vasco y demuestra que, el restante 90% no la cobra, esto a pesar de que los niveles de pobreza entre este colectivo sean del 36%, es decir 9 veces más que los de la población nativa. Con lo cual queda probado que la inmensa mayoría de los y las trabajadores y trabajadoras inmigrantes no viven de ayudas sino de su trabajo y que las ayudas se destinan a quienes las necesitan independientemente de su origen.

Finalmente pero no menos importante es saber que el total de la RGI cuesta a las arcas del gobierno vasco 461 millones de euros anuales, si comparamos este dato con los 631 millones de euros que quienes hemos venido a vivir aquí desde distintas latitudes aportamos a las tres haciendas forales, queda en evidencia que, lejos de ser una carga somos un colectivo que aporta económicamente de manera sustantiva y, mucho más de lo que cuesta a esta sociedad.

Lamentablemente en los tiempos que corren parece ser que la verdad y las cifras que la avalan no bastan para convencer, nos enfrentamos a un engrasado y sistemático aparato de propaganda que el poder ha diseñado para dividir y enfrentar a segmentos de una misma clase trabajadora y que provoca que muchos descarguen su frustrada indignación por el continuo deterioro de su nivel de vida, hacia, por ejemplo una familia africana recibe una ayuda de subsistencia. Evitando así que miremos hacia los miles de millones que se han derramado en la fosa sin fondo de los rescates bancarios, ni los cientos de millones con que se subvenciona a una patronal que con una mano recibe del Estado y con la otra fustiga a los y las trabajadoras y exige mayores recortes en nombre del sacrosanto dios del libre mercado.

Por eso hace falta desenmascarar a los/as verdaderos/as culpables, a quienes intentan ocultar la miseria que generan en la población en un creciente manto fascista de xenofobia y racismo. Contra ellos y ellas las verdades son nuestra más poderosa arma, verdades como puños, verdades revolucionarias.