Han pasado ya diez años desde que Jon Anza tomó en Baiona aquel tren que le iba a llevar a Toulouse. Era un sábado, 18 de abril de 2009. Un viaje de tres horas y media del que nunca volvió. Porque Jon fue un desaparecido. Uno más a añadir a esa lista inacabada que comenzó hace ya décadas. Aún son varios los centenares de familiares vascos que buscan a los suyos en las cunetas, o que solicitan una pista del campo de exterminio en el que fueron convertidos en cenizas. Y a los últimos, Pertur, Naparra, Hernández y Popo Larre.

El cadáver de Jon apareció un 11 de marzo de 2010 en la morgue de Toulouse. Once meses en un lugar en el que, aparentemente, las pesquisas policiales y judiciales deberían haber encontrado la respuesta. No fue así. Eran tiempos de total sintonía entre Madrid y París. Toda una carga alineada, enfilada desde los tiempos de los GAL y las entregas de Policía a Policía. Medallas y premios en Madrid a jueces, policías y agentes antiterroristas franceses para que la sintonía fuera sólida y dirigida por España.

A los pocos días de su desaparición, ETA anunció que Jon Anza era militante de su organización y que viajaba a Toulouse con una importante cantidad de dinero. Realizaba tareas de correo. Jon había estado 21 años en prisiones españolas, acusado de diversas acciones derivadas de su militancia. Natural de Donostia, vivía en la localidad labortana de Ahetze.

La versión del ministro de Interior español se fabricó en apenas unos días. Su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba era uno de los supervivientes de la época de Felipe González y los GAL. Un viejo sabueso con experiencia en lo público y en lo privado, en despachos, pero también en cloacas. Pérez Rubalcaba lanzó a los medios que, según sus datos, Jon Anza se había fugado con el dinero de su organización. Le acusaba de ratero. Y el medio que lo difundió acusó a ETA de «chivata» por descubrir la militancia de Jon. Las calumnias clásicas de la contrainsurgencia, porque para entonces Jon Anza ya estaba muerto, en la morgue de Toulouse, sin que nadie, supuestamente, le identificara.

Poco después, “Le Monde” filtraba la noticia de que Jon Anza podría haber sido secuestrado por agentes españoles. Se supo también, que en los meses anteriores, al menos otros cuatro militantes vascos habían sido secuestrados por mercenarios que se hacían pasar por policías o viceversa. El modus operandi en los secuestros de Lander Fernández, Alain Berastegi, Dani Saralegi y Juan Mari Mujika, este último en Donapaleu, sugirió cómo habría sido el de Jon Anza.

Interceptado en el tren, fue trasladado a un lugar desconocido donde en el interrogatorio quedó moribundo. Su estado de salud era delicado. Abandonado, fue internado en el hospital Parpan de Toulouse el 29 de abril, falleciendo el 11 de mayo.

Entre las labores de búsqueda se supo, lo que vino a reforzar la tesis del secuestro, que cuatro guardia civiles habían abandonado apresuradamente el hotel Adaggio de Toulouse, olvidando dos pistolas, cuando la familia y ETA denunciaron a la desaparición de Jon.

Aunque las evidencias eran notorias como para profundizar en la investigación, el Protocolo de Desorientación contrainsurgente funcionó de manera precisa. Manifestaciones multitudinarias a ambos lados de la muga, declaraciones de líderes políticos a favor de la investigación imparcial… Todo ello fue tratado por las autoridades españolas y francesas de manera frívola, señalando que sus protagonistas alentaban teorías conspirativas. Y que no había nada de qué sospechar.

En París, Michèle Alliot-Marie era ministra de Interior, que no puso objeciones a las declaraciones de Pérez Rubalcaba, aunque su equipo ya sabía de la mentira. La fiscal de Baiona Anne Kayanakis, reconoció públicamente los fallos habidos en el curso de la investigación. La fiscal abandonó el caso, según manifestó debido a su complejidad, entregándolo a una juez instructora, Myriam Viargues, de Toulouse, asistida por el fiscal Michel Valet.

El jefe de la judicial de Toulouse, encargado del caso, François Bodin, no encontró pruebas de irregularidades. Junto a Kayanakis, fue trasladado a Burdeos. Un ascenso. En España, el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, Mikel Cabieces, apuntó a que la desaparición de Jon era un hecho anecdótico, secundario. Que no merecía atenciones. Cuando abandonó su cargo en 2012 fue acogido por Kutxabank irregularmente, «por los servicios prestados» según su presidente Mario Fernández.

El entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, denuncio en la Audiencia Nacional a los convocantes de una manifestación con el lema «Non dago Jon?» porque en la misma se lanzó el eslogan de «la Policía tortura y asesina». Siete años más tarde, ese mismo Gobierno certificaba y documentaba la existencia de 4.113 casos de tortura en la Comunidad Autónoma Vasca.

En la Audiencia Nacional, las gestiones del magistrado Fernando Andreu no dieron fruto alguno. Como tampoco las que llevaba, simultáneamente, sobre otro de los desaparecidos históricos, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. En 2017, concluyendo la interpretación de la muerte de Jon, oficialmente por un fallo cardiaco y su gestión a una cadena de errores administrativos, el Tribunal de Apelación de París desestimaba la demanda de reconocimiento de la responsabilidad del Estado francés en la investigación de la muerte del militante vasco.

Hoy, diez años después, y según la Ley de Víctimas del Estado promovida por el Gobierno autónomo vasco, con el aval del PNV y del PSOE, Jon Anza no es una víctima. Por dos razones. La primera porque Jon era militante de ETA y quedan excluidos de los excesos policiales. Y la segunda porque a pesar de los indicios y de las evidentes irregularidades en la investigación, las resoluciones judiciales se imponen, según el acuerdo, sobre el resto. Así que, diez años más tarde, sigue siendo asunto de Estado. A Jon le falta su último viaje, el de la verdad.