El Plan contempla la violencia a partir del año 1960. La Querella, por el contrario, arranca desde la sublevación armada de Franco en 1936 hasta 1977. De hecho, recogen el premio de las manos de Urkullu dos nonagenarios que sufrieron las trincheras y los campos de exterminio franquistas.

Notable contradicción, que bienvenida sea. La dichosa partida de 1960 es una herencia de la legislatura PSE-PP que Jaurlaritza se ve obligado a soportarla con hilvanes de consenso, aunque sea un sinsentido. Podía haber tenido en cuenta la Ley de Ibarretxe 52/2007 a favor de los represaliados de la guerra, pero no. Como repiten los supervivientes: «No es posible hablar de paz y convivencia, sin depurar la guerra y la dictadura». El silenciarlas obedece a bajos intereses partidistas. Recortar la historia equivale a falsear la verdad y el relato.

De momento, esas víctimas no se contemplan en el Mapa de la Memoria, ni figuran en los Retratos Municipales, ni en las prácticas didácticas. Por esta vía, nunca se depurará el franquismo con la contundencia que lo hizo Alemania con su pasado nazi. Ponen la fecha de 1960 como muro en un claro intento de pasar del franquismo y limitar el foco al terrorismo de ETA. El cúmulo de leyes y decretos en España y en el orden internacional, han dotado al «terrorismo» de tal significación que lo utilizan como arma arrojadiza en una única dirección, discriminando a unas víctimas de las otras. Pero, ¿no constituye el franquismo en cada una de sus etapas un terrorismo en toda regla?

Además de las víctimas de la guerra, dos terceras partes de las víctimas de la Querella Argentina lo han sido a manos de los estamentos del Estado: unos por ejecución sumarísima, muchos muertos o heridos en la calle por las fuerzas del orden o por comandos parapoliciales y una mayoría por padecer tortura y/o cárcel. En el conjunto legislativo ganan por goleada la referida al terrorismo de ETA. El resto de víctimas entran de rondón. Sólo un Decreto les tiene en cuenta, el 107/2012, aunque con una terminología de rebajas. Se declara a la guerra sucia como «actuaciones antiterroristas» y a las víctimas policiales como «víctimas de motivación política» o de «abusos policiales». No se nombra el terrorismo de Estado, ni siquiera en los casos obvios de Mikel Zabalza o de Lasa y Zabala. El Plan se mueve en esos supuestos, aunque contradigan el principio de que no se debe discriminar entre las víctimas.

En buena hora, el Plan de Paz y Convivencia acabó incorporando la tortura, nefasta herencia del franquismo que ha perdurado en la Transición. Confiamos que la Comisión Ivac-Krei, al mando de Paco Etxeberria, complete un informe que refleje, aunque sea en parte, la enorme huella que ha dejado la tortura en las carnes de este pueblo.

Sin embargo, incomprensiblemente el Plan no contempla el capítulo de la cárcel, cuando ha sido y es el medio de represión franquista y posfranquista por excelencia. También en esto, el premio René Cassin salta las bases del Plan. Bienvenida contradicción. Como miembro fundador de la Plataforma e impulsor de la Querella en Euskadi, el grupo Goldatu es un colectivo de expresos franquistas y ha sido invitado a la recepción del premio. Forman parte de los miles de resistentes contra la dictadura, que terminaron en la cárcel víctimas de los Tribunales Militares y del TOP. ¿Por qué paradoja no figuran en las bases del Plan? Con el derecho a la vida y a la integridad física, es la libertad el derecho más importante. La prisión es una tortura refinada que afecta gravemente al ser humano. Como decía García Salve, expreso de Zamora: «La cárcel es una trituradora de personas».

Apunto la contradicción, no para humo de pajas. Las bases del Plan, el Instituto de la Memoria, el relato o los relatos, deben dedicarles su investigación y reconocimiento. Sucumbirán las cárceles franquistas y los centros de tortura bajo la piqueta de la especulación inmobiliaria, pero por favor, que no desparezcan los expresos antifranquistas de los Mapas de la Memoria.

Pese a los cuatro años de alto al fuego de ETA, continúa en el Estado una política carcelaria de excepción: el ensañamiento criminal con los enfermos, la Ley Parot y el no reconocer el cumplimiento de penas en cárceles extranjeras, lo que equivale a cadena perpetua, la dispersión con 16 muertos en la carretera, ¿los recogerá algún día el Plan?

La Audiencia Nacional, digna sucesora de los Tribunales franquistas con sus macrojuicios farsa, ha encarcelado a directores de prensa, “Egin” y “Egunkaria”, abogados defensores de los presos, cúpulas políticas como Bateragune, responsables de los Herriko Taberna, decenas de jóvenes activistas, aduciendo siempre la doctrina del convicto Garzón de «todo es ETA», que no eran capaces de probar, para liberarles a los años sin reparación alguna. Como insisten Amnistía Internacional y la ONU, esta política conculca los DDHH. Merece, por tanto, una réplica de parte del Plan.

Tampoco se entendería que el Plan de Paz y Convivencia no constituyera para el resto de víctimas un Consejo de Participación como el que aprobó en la Ley de 4/2008 a favor de las víctimas de ETA. Así lo exige el desamparo en que se encuentran algunos grupos. Para terminar, como víctimas miembros de la Querella no pretendemos jugar el papel de lobby político que se arrogan algunas asociaciones, pero sí participar en órganos de colaboración estables dentro del Plan, como garantía para que estén atendidas todas las víctimas sin excepción.