Hoy en día nos encontramos ante una situación paradójica. Por una parte, gracias a la construcción europea, la movilidad de los bienes y de las personas ha sido facilitada, Internet permite acceder a todos los medios de comunicación publicados a ambos lados de la frontera y se han multiplicado los organismos que fomentan la cooperación transfronteriza, a la imagen de la Eurorregión Euskadi-Aquitania-Navarra, la Eurociudad Baiona-Donostia o el Consorcio Txingudi.

Por otra parte, la lógica institucional propia a cada territorio vasco, las inercias económicas, los universos cognitivos forjados por los sistemas educativos y los medios de comunicación, y el amplio desconocimiento de la lengua oficial del territorio vecino alejan las instituciones y las poblaciones de estos territorios. Ello se traduce por un escaso conocimiento mutuo, una curiosidad recíproca limitada y una falta de visión compartida de país que da lugar a una ausencia de agenda nacional vasca.

La solución no pasa por una visión puramente ideológica que afirmaría la unidad de las siete provincias del País Vasco situadas a ambos de la frontera sin tener en cuenta el peso de las historias, las especificidades de las culturas, la vigencia de los hábitos sociales y el carácter estructurante de las instituciones propias. Desconocer e infravalorar estas diferencias es la manera más certera de generar incomprensiones y dificultar cooperaciones fructíferas. El remedio tampoco consiste en querer imponer una visión supuestamente nacional y que, en realidad, esconde una representación parcial y ajustada a uno de los territorios vascos pero alejada a la de los demás. La resolución menos aún puede provenir de la reducida participación de los actores, tanto sociales como institucionales de cada uno de los territorios, en la elaboración de un diagnóstico compartido, la fijación de unos objetivos comunes a medio y largo plazo, y la determinación de las acciones concretas que permitan alcanzar estos fines.

Al contrario, la elaboración y posterior implementación efectiva de una agenda nacional vasca implica, en primer lugar, fomentar un conocimiento pormenorizado de la realidad existente en cada territorio vasco, en sus componentes políticos, económicos, sociales y culturales, no para conformarse a ellas ni lamentar las distancias que las separan, sino para ser conscientes de las fuerzas y debilidades, obstáculos y oportunidades en vigor. Solamente un profundo conocimiento permite ajustar las estrategias y adoptar las medidas oportunas. Así como la curación de un paciente exige que su médico realice un diagnóstico previo, ajustado a la patología que padece y teniendo en cuenta su historial, para poder prescribir una receta médica eficaz, dicha agenda implica conocer en profundidad los actores y territorios que se quieren aproximar. Asimismo, esto supone huir de las visiones puramente idealizadas de los territorios vascos que distan, de manera notable, en su aspecto empírico, así como del mero voluntarismo que confunde los deseos con la realidad.

En segundo lugar, es preciso reconocer las diferentes visiones de los territorios vascos de cara a compartirlas y hacerlas dialogar, única forma de hacer emerger progresivamente una perspectiva común. En efecto, como consecuencia de historias, instituciones, estructuras socioeconómicas y culturas dispares, cada territorio ha desarrollado sus propias referencias, representaciones y memorias. Por lo cual, en lugar de negarlas, infravalorarlas o considerarlas como obstáculos insalvables, es necesario partir de ellas, reconociéndolas, para ponerlas en común y buscar puntos de encuentro. Solamente ese trabajo paciente, penoso pero indispensable, es susceptible de hacer emerger percepciones compartidas y hacer surgir sinergias.

En la historia reciente de los territorios vascos, los ejemplos abundan en los cuales los actores, generalmente pertenecientes al territorio más dotado competencialmente y presupuestariamente donde los partidos nacionalistas vascos son mayoritarios, han tratado de extender a los demás territorios vascos sus planteamientos y prioridades, generando incomprensión cuando no rechazo porque no se ajustaban ni a las culturas políticas, ni a los ordenamientos jurídicos, ni a las aspiraciones ciudadanas respectivos.

En tercer lugar, desde el inicio y de manera continua, es necesario asociar los actores de la sociedad civil organizada y de las instituciones de los diferentes territorios en la elaboración de esta agenda nacional vasca. Esto implica superar las desconfianzas respectivas fruto de cierto desconocimiento y afinar los criterios de representatividad, sabiendo que la población, la renta per cápita o la capacidad de decisión exigen ser ponderadas. A su vez, las metodologías que regirán el debate y el trabajo de las comisiones temáticas deberán ser precisadas al tiempo que se garantizará un sistema de traducción sistemática y eficiente para que la multitud de lenguas empleadas no dificulte la comunicación y el intercambio de ideas. Asimismo, la fijación de los objetivos y la determinación de las acciones de dicha Agenda deberán tener en cuenta las capacidades de decisión, las dotaciones financieras y los modelos de gobernanza que se repercutirán tanto en las modalidades como en los ritmos de implementación de las medidas seleccionadas.

La realización de semejante esfuerzo compartido, durante varios meses, desembocará en una agenda nacional vasca que compaginará, a la vez, una visión nacional y una adecuación a la realidad de cada territorio. Esta agenda deberá ser compartida y enriquecida por el mayor número posible de actores para que la consideren como suya y se involucren en su promoción efectiva y su implementación progresiva. Esto supone concederle la mayor flexibilidad concebible a fin de no empecinarse en su aplicación sistemática y sincronizada.