Hace años, la Comunidad Autónoma del País Vasco era el único ente que disponía de una regulación de la ordenación del territorio. Así logró numerosos admiradores un sistema de ordenación territorial que lucía sobre todo en el papel, con escasos reflejos en la realidad y que pronto se vio incumplido en algunos de sus elementos centrales. En los últimos años, se ha producido un aluvión de proyectos y planes relacionados con la implantación de energías renovables que han puesto en alerta a numerosas organizaciones sociales y ecologistas. «Si apostamos por la energía fósil, mal, y ahora que lo hacemos por las energías renovables, ¿tampoco?», se preguntan los responsables políticos... La cuestión es sencilla: ¿cómo, para qué y para quién se quieren desarrollar estos proyectos de generación eléctrica renovable?

Veamos un ejemplo reciente. Se quieren construir cuatro plantas fotovoltaicas de 50 MW cada una en distintos puntos de Araba y conectarlas mediante una línea de alta tensión al puerto de Bilbao: más de 100 kilómetros de cableado, torretas de más de 100 metros de altura, más de 4.000 MW de capacidad de transporte; 50 veces la capacidad de las 4 plantas presentadas. Ante esto surgen una serie de preguntas ¿para qué es toda esta energía? ¿Para enviar a dónde? En cambio, sin reparar en las respuestas, basta que una promotora conciba cualquier iniciativa para que, por peregrina que sea ésta, empiece a tramitarse. Así, una vez se cuenta con el permiso de conexión por parte de Red Eléctrica de España, se puede iniciar el proceso de autorización. ¿Dónde queda entonces la ordenación territorial? ¿Dónde queda la información pública, el debate y la participación social?

Quien primero llega adquiere el derecho. Así de simple. La entidad promotora decide cuál será el futuro uso del suelo, excluyendo cualquier otra iniciativa alternativa, lo que le convierte en monopolista; pequeña, pero monopolista. Sin embargo, aquí no acaba la cuestión. Para construir las plantas fotovoltaicas comprará terrenos (ya han empezado), alquilará otros y se convertirá asimismo en latifundista. Se hará con grandes propiedades de terrenos de los que podrá disponer con libertad. La producción agroganadera, por su parte, seguirá desapareciendo. Pero ¿no aprendimos durante la pandemia de la covid-19 la importancia de la autosuficiencia, especialmente de productos básicos? ¿Apenas tres años después, ya nadie recuerda la escasez de patatas o sueros que había que importar de India o China porque allí se había trasladado la producción? Unos bienes de producción simples se convierten en productos de complicada obtención, ¿se ha realizado una reflexión sobre la necesidad de suelos agrícolas y que nos impone la descarbonización? ¿Qué papel jugará la biodiversidad para aplacar los impactos del cambio climático?

Quien primero llega y consigue los permisos define la futura ordenación territorial, así lo establece el sistema. Así decidido, se suscitan algunos problemas, como los derechos de otras alternativas. ¿Por qué la Administración otorga un derecho de tal naturaleza en exclusividad? ¿No sería más lógico e igualitario que también pudieran presentarse otras iniciativas? En esta situación, las autoridades vascas acuden a regular la actividad haciendo planes de ordenación del territorio, como es el Plan Territorial Sectorial de energías renovables, actualmente en tramitación. Sin embargo, a poco que se analiza el documento inicial este plan no es tal, puesto que se limita a facilitar, salvo algunas pequeñas excepciones, la implantación de instalaciones empresariales de energía renovable en prácticamente la totalidad del territorio. Desaparece así la ordenación y planificación territorial en favor de la implantación de esas industrias de producción y transporte de energía, contemplando proyectos a gran escala como única alternativa. Y lejos de facilitar la participación social y fomentar el debate público sobre el modelo energético que queremos, todo esto es transmitido de manera confusa a la ciudadanía mediante miles de hojas y planos indescifrables. Porque, ¿qué dicen los poderes públicos vascos en esta materia? ¿Qué dice el Departamento competente en Industria? ¿Y las diputaciones y su política agrícola?

La crisis climática y civilizatoria que nos ha tocado vivir exige más planificación y ordenación del territorio, no menos. Constituye una herramienta fundamental para asegurar la participación pública y el debate sobre el modelo de territorio, y con él, sobre el modelo de sociedad, el modelo de producción y consumo, el modelo de transporte, el modelo energético, etc. Este proceso, por necesidad plural, social y a largo plazo, es visto en numerosas ocasiones por parte de la iniciativa privada, centrada en la búsqueda de beneficios a corto plazo, como lento e ineficiente, algo que parece haber ido calando en la Administración vasca durante los últimos años. Sin embargo, la importancia de la ordenación territorial reside precisamente en ofrecer una reflexión a largo plazo del modelo territorial, en decidir el cómo, el para qué y el para quién de las cosas; en el que la iniciativa privada pueda encajar sus proyectos, pero nunca responder por nosotros a preguntas tan importantes.