Triste y vergonzosa es la utilización que la clase política hace de la población migrante de origen extracomunitario. Una perversa regulación normativa impide contratar legalmente a un buen número de extranjeras y extranjeros que residen en el Estado español –aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular– permitiendo en cambio contratar legalmente a quienes no viven aquí. Es el caso de las miles de trabajadoras de la fresa que cada año llegan de Marruecos a trabajar a los campos andaluces y de otras muchas personas de diferentes orígenes que vienen a la campaña del espárrago, de la fruta con hueso, esquile de ovejas, etc.

La situación de excepcionalidad que estamos viviendo está mostrando en toda su crudeza la hipocresía del sistema. Hace unas semanas, para resolver la necesidad de personal sanitario, el Gobierno ofreció la posibilidad de trabajar a personas extranjeras con título sanitario no homologado; les advertía sin rubor de que al acabar las necesidades sanitarias sus títulos se volverían de nuevo inservibles. Unas semanas después, ante la falta de mano de obra suficiente para el campo debido al cierre de fronteras, el ministro de Agricultura hablaba de contratar a personas extranjeras en situación irregular.

El Real Decreto-Ley 13/2020, aprobado el 7 de abril por el Gobierno con intención de dar respuesta al déficit de mano de obra en la agricultura, no permite trabajar a personas en situación irregular; únicamente permite prorrogar los permisos de trabajo que terminen entre el 14 de marzo y el 30 de junio y contratar a jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años en situación regular. El nuevo decreto posibilita compatibilizar contratos en la agricultura con el cobro de diversas prestaciones. ¿Es una medida pensada para posibilitar que la población autóctona se anime a trabajar en el campo al poder complementar con otros subsidios los salarios de miseria que se están pagando en la agricultura? Los empresarios agrícolas consideran que las medidas son insuficientes para cubrir la demanda. El verdadero motivo es que no encuentran personas dispuestas a trabajar en condiciones tan penosas. ¿Por qué una actividad esencial para la vida está tan mal pagada? Philip Alston, Relator Especial de la ONU, describió  recientemente que las recolectoras de fresa en Huelva –que trabajan para grandes empresas que obtienen importantes beneficios– vivían como animales, a kilómetros de distancia de las tomas de agua, sin electricidad ni sanitarios adecuados, rivalizando su situación con las peores condiciones que había visto en cualquier otro sitio del mundo.

Otro sector con dificultades para encontrar personal es el del metal. Aquí en Navarra, Fundación Elkarte afirma que en los últimos meses 16 empresas del sector han contactado con la Fundación demandando personas formadas. Elkarte asegura que existen personas migrantes cualificadas que se han formado intensivamente en teoría y práctica y que cuentan con las preceptivas tarjetas de prevención de riesgos laborales, puente grúa y carretilla elevadora, pero que motivos administrativos impiden que puedan ser contratadas legalmente y además les dejan fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social de la actual situación.

Nos oponemos a este modelo de desarrollo, basado en la vulneración de derechos de una parte de la población. Como otros muchos colectivos y ONGD de Navarra y de todo el Estado, reclamamos al Gobierno de Navarra que exija contudentemente al Gobierno del Estado la aprobación de medidas para regularizar a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Las personas migradas son seres humanos con todos los derechos, derechos que ahora mismo no les están siendo reconocidos.

Animamos a colectivos, sindicatos, asociaciones y ciudadanía en general a sumarse a la campaña por la regularización de las personas migradas que se encuentran en situación administrativa irregular así como de las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de la resolución de su solicitud.