Cantos de sirena. Esta es la primera imagen que nos vino a la cabeza a la hora de caracterizar el capitalismo verde y digital que abandera el programa de recuperación impulsado por la Unión Europea desde julio de 2020. Un relato que prometía crecimiento, sostenibilidad, cohesión social y territorial en un mismo paquete, generando en consecuencia vítores entre las élites corporativas e institucionales, pero también un aval más o menos entusiasta entre parte significativa de los partidos políticos de izquierdas. Next Generation European Union (NGEU), instrumento central de los fondos europeos, habría abierto de este modo una supuesta ventana de oportunidad que, en el marco de un hipotético giro keynesiano respecto a las políticas de austeridad implementadas tras el estallido financiero de 2008, generaría mejores condiciones para compatibilizar los intereses de las grandes empresas con los derechos colectivos.

Hoy, 18 meses después, y tras conocer a cuentagotas el avance del programa, nos reafirmamos aún más si cabe en nuestra caracterización de NGEU, así como del conjunto de planes que en cascada han asumido sus postulados a lo largo y ancho del continente: se trata de la principal herramienta de un capitalismo verde y digital que no es sino un arma discursiva cuya principal misión es la de aprisionar las perspectivas de futuro de la clase trabajadora dentro del estrecho marco definido por la acumulación de capital.

La ventana de oportunidad, en este sentido, parece abierta solo para unas empresas trasnacionales europeas rezagadas en el control de los nuevos nichos de mercado verdes y digitales. El giro keynesiano, de igual modo, acaba diluyéndose en el refuerzo de unas alianzas público-privadas que, efectivamente, resucitan el protagonismo de lo público en el impulso de la inversión y el consumo, pero no en defensa del interés colectivo y de una verdadera transición ecológica y social. Al contrario, este impulso se enfoca a dotar de respiración asistida a una acumulación de capital gripada, en un contexto en el que se evidencia que las corporaciones por sí solas no son capaces de enfrentar una crisis de tal dimensión ni de asumir sus riesgos.

Un canto de sirena, en consecuencia, con impactos materiales profundos sobre las mayorías sociales, que serán quienes paguemos la cuenta de esta nueva ofensiva. No nos confundamos, por tanto: las mutaciones a las que asistimos no son giros ni ventanas de oportunidad, sino mutaciones desesperadas para mantener con vida un capitalismo en crisis, siempre desigual e insostenible, y a una Europa desorientada dentro de la trampa de Tucídides que disputan China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. ¡Es la economía, estúpido!, el eslogan que utilizó Clinton en la campaña electoral de 1992 frente a Bush padre, es perfectamente aplicable por tanto a quienes siguen con embeleso el canto de sirena verde y digital.

Veamos a continuación en base a qué argumentos sostenemos esta afirmación, a partir del análisis de la evolución de NGEU a lo largo de este año y medio de andadura. Un análisis a escala estatal, en coherencia con el sesgo centralista del programa, así como con el halo de opacidad que lo recubre, lo que nos impide conocer a estas alturas su concreción a nivel autonómico y local. Para ello nos basaremos en la marco desarrollado en la guía «Fondos europeos de recuperación: una huida hacia adelante verde y digital» de nuestra plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto. Este sostenía que, lejos del horizonte prometido, esta nueva ofensiva capitalista nos adentra en un «triángulo de las bermudas» conformado por tres vértices que lesionan los intereses de las mayorías sociales: megaproyectos corporativos de dudosa viabilidad, contra-reformas sociales, e incrementos exorbitados de una deuda que todas y todos deberemos pagar.

Este marco será la referencia para analizar la evolución del NGEU hasta el momento. Así, una vez aprobados los planes-país, herramienta principal que recoge de manera muy genérica las principales apuestas y reformas previstas por parte de cada Estado, se han ido liberando a lo largo de 2021 los primeros pagos, poniendo en consecuencia la maquinaria en marcha. En el caso del Estado español, a los 9.000 millones adelantados en agosto se han sumado otros 10.000 en diciembre, como primer pago a cambio del compromiso de desarrollar una batería notable de reformas. El balance de esta primera fotografía, aún incipiente ya que el grueso de la financiación seguirá llegando hasta 2023, nos ofrece en todo caso elementos interesantes de análisis, que van concretando las señas de identidad del programa.

Primer vértice: iniciativas y agentes priorizados

Las iniciativas que se están impulsando hacen evidente el protagonismo que acaparan las empresas transnacionales. Un somero análisis del método utilizado en la puesta en marcha del proceso hasta el momento (91% autorizado, 45,5% ejecutado) explicita con cierta claridad quién se sitúa en el centro y quién en la periferia. Así, la miríada de más de 360 convocatorias diferentes publicadas hasta el momento en todo tipo de sectores (150 más previstas para el presente semestre) destaca por el escaso tiempo ofrecido para presentar las solicitudes, por el alto volumen mínimo de fondos preceptivo en cada propuesta, así como por la necesidad de cofinanciar en torno a un 30% de dicho volumen.

Se expulsa así implícitamente, bajo estas condiciones, no solo a la economía social y solidaria sino también a las PYMES (CEPYME afirma que prácticamente el 70% de estas ni siquiera valora la posibilidad de acceder a NGEU). Mientras, las grandes empresas, con mayores capacidades, mejor información y sólidas alianzas institucionales, copan las convocatorias, destacando el peso creciente de los megafondos de inversión y las constructoras. El desarrollo de los componentes sobre cuidados y salud ejemplifican a las claras esta situación de notable asimetría, en ámbitos donde lo público-comunitario debería estar especialmente presente.

Este horizonte de captura corporativa, además, se agravará con toda seguridad a lo largo de este año, cuando en base a las nuevas convocatorias previstas por valor de 17.000 millones, se vayan concretando las ayudas a los 6 proyectos estratégicos, verdadero eje central del programa NGEU en el Estado español: PERTE en vehículo eléctrico, salud de vanguardia y energías renovables (ya aprobados y presupuestados), cuidados y economía de la lengua española (anunciados), y sector aeroespacial y cadena agroalimentaria (aún en estudio).

La alianza público-privada en clave de desarrollo del capitalismo verde y digital se concreta en estos PERTE en toda su dimensión. Así, por un lado, sus objetivos se centran explícitamente en la captura de nichos de negocio a escala internacional, lejos por tanto de la prioridad por avanzar en la más que necesaria transición ecológica y social. Al mismo tiempo, por el otro, se gestionarán –con el inestimable apoyo de izquierdas y derechas en el parlamento español– bajo la figura de sociedades de economía mixta, con un 51% mínimo de capital público para el desarrollo de grandes iniciativas. En la práctica, tanto por su carácter como por su modo de gestión, se convertirán en cotos privados para multinacionales y start-ups, que tratarán de actualizar sus estrategias corporativas en base a los mismos, mientras que las hipotéticas pérdidas se socializarán, como es habitual.

Segundo vértice: reformas previstas

Continuando con el análisis del triángulo de las Bermudas, el segundo vértice está conformado por las reformas previstas como contrapartida de los fondos liberados. Se trata de un elemento clave, hasta tal punto que el gobierno español anunció en diciembre que los Consejos de Ministros y Ministras pasarían de uno a dos semanales, tal es el volumen de transformaciones legislativas y normativas a realizar.

De entre todas ellas, destacamos especialmente tres. En primer lugar, las nuevas «pistas de aterrizaje» para la implementación de megaproyectos. En este sentido, la desregulación en términos ambientales y de contratación pública vinculados a los PERTE es manifiesta, cuestión bastante paradójica en un programa que se tiñe de verde. En la misma línea de desregulación y de desmantelamiento democrático se sitúan dinámicas de usurpación de soberanías municipales y populares, como el caso de la Ley de Administración Ambiental aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca. Esta otorga al ejecutivo de Lakua el derecho a imponer proyectos de interés público por encima de los criterios marcados por los ayuntamientos, de signo político muy diverso. Se constata de este modo, a todas las escalas competenciales, el desarrollo de nuevas fórmulas que facilitan la implementación de megaproyectos.

La reforma de pensiones sería, en segundo término, otra de las reformas más significativas. El halo de opacidad que recubre las negociaciones entre el gobierno español y la Comisión europea ha posibilitado una estrategia en dos pasos, que deja para el presente semestre la concreción definitiva de lo pactado, dentro de una estrategia evidente de dilación. Hasta el momento, se ha aprobado el incremento de cotizaciones por parte de empresas y trabajadoras, pero sin asegurar ni mucho menos la sostenibilidad del sistema público, verdadero problema que no se aborda en su integridad. Se deja entonces para este año el conjunto de medidas que definirán la reforma (sin revertir el aumento progresivo de la edad de jubilación), entre las que sigue sonando con fuerza el aumento del período de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, que podrían conllevar un descenso del 6.3% en el poder adquisitivo.

Finalmente, la reforma laboral está siendo el primer gran envite en materia socioeconómica. Esta supone, en un marco de innegables mejoras como la recuperación de la ultra-actividad de los convenios y la desaparición del contrato de obra y servicio, la consolidación de facto de la reforma laboral de 2012. La centralización de la negociación colectiva, el mantenimiento del despido barato y de la facilidad para ejecutar este tanto vía colectiva como individual, marcan en este sentido la identidad del proceso. El rechazo a la reforma del sindicalismo alternativo, así como de los socios habituales del gobierno estatal, es tan significativo como el apoyo de la CEOE y las dudas y presiones que se suceden en las derechas, dentro del marco del tan cacareado diálogo social. El equilibrio político surgido de este proceso se asemejaría más al sentido de estado demandando por los poderes financieros y a la grosse koalition que tanto se ha practicado en Alemania, dentro por tanto del cauce definido por la Comisión Europea en términos de flexibilización, uniformización y unificación del marco laboral español.

En todo caso, será a lo largo de 2022 que se concreten definitivamente en sentido de estas y otras reformas. No obstante, el sentido de no reversión de agresiones precedentes a la clase trabajadora, cuando no de ahondamiento en las mismas, parece ir imponiéndose.

Tercer vértice: deuda pública

Cerramos el análisis del triángulo de las Bermudas con la deuda. Una de las principales vías para enfrentar tanto el estallido financiero de 2008 como el pandémico de 2020 ha consistido en la inyección masiva de liquidez, en un contexto de baja inflación y tipos de interés estables. De este modo, el incremento de deuda –pública y privada– ha sido la principal herramienta para sostener empresas y estados (NGEU, aun basándose en ayudas a fondo perdido, se sostiene sobre la emisión de deuda a escala UE), llegando a niveles altamente preocupantes.

Por ejemplo, la deuda pública del Estado español se sitúa en la actualidad en torno a un 120% del PIB. Si, como parece, la coyuntura está cambiando en base a una inflación sostenida y, en consecuencia, a una subida significativa de los tipos de interés (como ya se prevén en Estados Unidos y Reino Unido), la posibilidad de nuevos estallidos financieros y ofensivas especulativas se acrecienta.

Máxime si regresa en 2023 la vigencia del Pacto Europeo de Crecimiento y Estabilidad, que sitúa el máximo de deuda en el 60% del PIB, tal y como ha afirmado desde el Banco Central Europeo Luis de Guindos, y tal y como se explicita en el acuerdo de coalición alemán entre liberales, verdes y socialdemócratas. Máxime, a su vez, en un contexto en el que Christine Lagarde ha anunciado la reducción paulatina del programa de compra continental de deuda, que ha mantenido estables los mercados financieros a base de inundarlos. Máxime, por último, en un contexto en el que dicha deuda sigue creciendo sin parar: por un lado, ya se ha anunciado la solicitud por parte del Estado español de los 70.000 millones en créditos que también se contemplan inicialmente en NGEU; por el otro, la deuda actual se suma a las derivadas del estallido anterior, como por ejemplo el rescate bancario (51.000 millones) y la nacionalización del SAREB o «banco malo» (35.000), dos compromisos que por sí solos sumarían más volumen de fondos que el conjunto de subvenciones a fondo perdido previstas en NGEU, y a los que se habrá que hacer frente junto al resto de una bola que no ceja de crecer.

La sombra de la austeridad, en definitiva, se hace más alargada, y podríamos estar ante un regreso exponencial de la misma, en forma de «austeridad diferida», parafraseando a Cospedal.

En resumen, el programa europeo de recuperación, que prometía un horizonte de promisión en el que se aunaba crecimiento, sostenibilidad y cohesión, parece acabar mostrándose como un barco que se dirige a un Triángulo de las Bermudas de difícil escapatoria, a partir de un plan de ayudas públicas a grandes empresas en pos de nichos de mercado de dudosa viabilidad que, a cambio, lesionan profundamente los intereses de la clase trabajadora y los pueblos del continente. ¿Qué escenario futuro más probable nos ofrece, en todo caso, la agenda NGEU de impuso al capitalismo verde y digital?

Expectativas del capitalismo verde y digital: aviso a navegantes.

¿Será el capitalismo verde y digital que abandera NGEU capaz de generar un crecimiento estable y sostenido? ¿Y hacerlo además reduciendo drásticamente emisiones y consumo de energía y materiales? ¿En claves a su vez democráticas y justas? Nuestra respuesta a estas tres respuestas concatenadas es que no solo no tiene viso alguno de que sea así, sino que más bien nos precipitan en sentido contrario a una tormenta perfecta, un horizonte de crecimiento gripado, insostenibilidad manifiesta, autoritarismo y desigualdades crecientes.

De esta manera, no parece haber expectativa de que esta nueva ofensiva liderada por NGEU revierta la crisis de crecimiento a escala sistémica previa a la pandemia. No se vislumbran en este sentido incrementos notables y generalizados en la productividad y formación de capital bajo el carácter tractor de la nueva economía (hidrógeno, renovables, automóvil eléctrico, digitalización, 5G, inteligencia artificial, etc.), al igual que la «cuarta revolución industrial» en su conjunto ha sido incapaz de hacerlo a lo largo de la última década. Así, a pesar de los mensajes triunfalistas que no dejan de actualizarse a la baja (el Banco de España rebajó el crecimiento del PIB en 2021 de un 6,3% a un 4,5%, mientras que para 2022 lo hacía de un 5,9% al 5,4%, con lo que ni siquiera se conseguiría alcanzar en 2023 las cifras de 2019), el crecimiento esperado se basaría principalmente en la propia capitalización de la inversión pública para el desarrollo de estrategias corporativas de dudosa viabilidad, siendo el hidrógeno por ejemplo un botón de muestra en este sentido. El resultado en términos de crecimiento, en este contexto, bien pudiera ser ampliamente insuficiente, máxime en la situación de rezago en el control de las principales cadenas de valor.

Este crecimiento gripado es, a su vez, tremendamente vulnerable a cambios en los mercados financieros y las condiciones de deuda. La inflación del 6,5% en 2021 en el Estado español es solo una gota de un mar global (en Estados Unidos ha sido del 7%), que nos conduce a un escenario de incremento de los tipos de interés por presión de las y los acreedores, multiplicando así exponencialmente la inestabilidad global y los riesgos de estallido. La austeridad está tocando a la puerta, y esta vez con un bulldozer.

La cuestión es que además de no generarse el crecimiento que el capitalismo verde y digital precisa –siendo este muy inestable–, el relato que lo sostiene se basa en un supuesto ecológico sin rigor alguno. Se plantea de este modo una especie de solucionismo tecnológico que haría compatible, por primera vez en la historia, crecer con menos recursos físicos, y además reduciendo las emisiones contaminantes en términos absolutos. Nada hace pensar que esto sea más que un sueño húmedo de las élites, de manera que no solo no se avanza en la lucha contra el cambio climático y en términos de descarbonización, sino que el modelo hegemónico suma una nueva multidependencia de materiales metálicos (plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, tierras raras, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro, zinc, etc.), directamente vinculada a las necesidades del capitalismo verde y digital y en riesgo de agotamiento a lo largo del siglo XXI. El desabastecimiento que ya está ocurriendo en las cadenas globales de valor es ya un primer indicador de este fenómeno.

Por último, el capitalismo verde y digital está estrechamente ligado a un proceso de concentración y centralización del capital que pone en riesgo los mínimos democráticos vigentes. Megafondos de inversión como BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Blackstone, Capital Group o Cerberus, entre otros, junto con empresas big tech como Amazon, Google-Alphabet, Facebook, Microsoft y Apple, todas ellas muy presentes en NGEU, acumulan ya un poder económico y político si igual, suponiendo un riesgo creciente para la soberanía popular y los derechos colectivos, generando además fuertes desigualdades en términos de precarización de los trabajos.

Por lo tanto, este canto de sirena verde y digital no puede ser ni mucho menos nuestra referencia, ni siquiera un terreno más favorable para la disputa. Pensar que esta UE puede virar su lógica de martillo pilón corporativo tanto en su interior como hacia el exterior, en un contexto actual marcado no solo por la crisis, la pandemia y el auge de los neofascismos, sino también por la designación del ultraliberal Christian Lindner como ministro finanzas en Alemania, así como por un desenlace aparentemente poco propicio en las próximas elecciones francesas, únicamente gracias a la presión de una serie de gobiernos de carácter progresista que abogan por una Europa más social, es confundir de nuevo las mutaciones con giros, así como los deseos con la realidad, alejando de nuevo relato y práctica material. Programas incluso más progresistas y ambiciosos que NGEU dentro de este marco, como el que defendía Biden en EEUU, han sucumbido ante las críticas del ala izquierda del Partido Demócrata. No olvidemos, en este sentido, que ante la frustración de las promesas de cierta izquierda la ultraderecha se mueve como pez en el agua.

Las fuerzas transformadoras, tanto políticas, sociales como sindicales, tienen un reto mayúsculo en estos momentos, incluso mayor que antes de la pandemia. Ante el consenso establecido y las recetas conjuntas en materia de macroeconomía, toca emprender una doble vía. Por un lado, resistir ante los consensos mencionados anteriormente (la reforma laboral o el mantra de los fondos europeos son claros ejemplos de ello) y politizar a las grandes capas trabajadoras cada vez más precarizadas y pauperizadas desde el conflicto articulado en la cotidianeidad. El despegue de un nuevo ciclo de movilización tiene que estar enraizado en los pueblos pero, extrayendo las lecciones de la crisis del 2008, tiene que aspirar a un horizonte de conjugación europeo.

Por otro lado, es más importante que nunca articular un marco de propuestas políticas y económicas que superen el paradigma imperante. El cambio radical, planificado, y ordenado del modelo productivo y reproductivo, con una fuerte presencia de la propiedad común y pública, una reforma fiscal como base de la redistribución de la riqueza, o la auditoria pública y social de toda la deuda para dibujar un nuevo comienzo tienen que ser elementos consustanciales a una alternativa que esté al servicio de la clase trabajadora.