Las bases de los fondos europeos se pusieron hace más de diez meses. Desde el principio quedó claro que para acceder a ellos hay que comprometerse a aplicar recortes y políticas presupuestarias de austeridad.

El reglamento definitivo (18 de febrero) regula un proceso permanente de reformas; Hay que comprometerse a ello al solicitar los fondos. La actual negociación entre el gobierno español y Bruselas para concretar los recortes de las pensiones es un ejemplo. Además, habrá nuevos recortes a través de las recomendaciones anuales de las instituciones europeas. Si un Estado no cumple esos compromisos, deberá devolver los fondos recibidos, e incluso vuelve a recuperarse la Troika como elemento de presión, igual que en 2008.

Solo una parte ínfima de los fondos va a ir a las instituciones para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. En realidad están planteados para financiar los proyectos de las grandes transnacionales, como Petronor (Repsol) o Iberdrola.

La llamada transición ecológica de la UE consiste en favorecer los macroproyectos de las grandes multinacionales. Los fondos son vistos, desde esta lógica, como la oportunidad para consolidar la recomposición del gran capital europeo en una pugna internacional. Lavado de cara verde del capitalismo.

Afrontar la crisis ecológica de manera justa requiere de fuertes fondos en manos de los gobiernos, y unas políticas al servicio de las mayorías sociales y de la sostenibilidad de la vida. La propiedad pública y la gestión social de los sectores estratégicos (la banca, el sector energético, telecomunicaciones...) es esencial para ello. Los fondos europeos van en sentido contrario.

Es necesario confrontar con este modelo de fondos. Cuestionarlos de raíz, tanto por la condicionalidad como por su diseño. ELA lo dijo ya hace casi un año, planteando diversas alternativas, tanto en el plano europeo como en el ámbito de Hego Euskal Herria.

Ante las críticas de diversos cargos políticos de la izquierda abertzale contra la posición de ELA, es obligado realizar algunas consideraciones. Pello Otxandiano (Sortu) y Larraitz Ugarte (EH Bildu) quitan importancia a la condicionalidad («dependerá de la presión que se ejerza en este país»). Vistos los contenidos reales, relativizar las reglas es como jugar un partido de baloncesto que empieza 30-0 en contra, y en el que el árbitro, del equipo contrario, puede al final de cada cuarto cambiar el marcador a su antojo. En nuestra opinión la única opción es no aceptar esas reglas y exigir otras nuevas para ponerse a jugar.

En segundo lugar realizan una lectura positiva de la actual Europa. Larraitz Ugarte: «La UE ha marcado unas prioridades que coinciden con los objetivos de cualquier fuerza de izquierdas». Otxandiano califica el momento de «keynesianismo pandémico» y ve opciones de un cambio de rumbo en la orientación del neoliberalismo. La letra de los fondos ni es de izquierdas ni vaticina ningún cambio de rumbo, más bien al contrario. Si se ve ahí algo de izquierda es porque se abandona cualquier análisis crítico y no hay interés o capacidad en plantear alternativas.

Para cambiar el rumbo del neoliberalismo hay que cuestionar sus políticas, plantear alternativas claras e impulsar la movilización social. Como señala el manifiesto de la iniciativa Euskal Herria Kapitalari Planto! (en la que participamos diferentes sindicatos y organizaciones sociales), es necesario «el cuestionamiento radical de la lógica neoliberal en la que se enmarcan los planes relacionados con los fondos europeos. Vamos a combatir esa lógica... Entrar al debate sobre el destino de los fondos, obviando su esencia, es una trampa, en la que no vamos a caer». No solo ELA ve las cosas de esta manera.

Decir sí a los fondos coloca a estas fuerzas más cerca de la posición de los partidos sistémicos que de los movimientos sindicales y sociales que combatimos el modelo europeo neoliberal.

En tercer lugar, parecen aceptar que la transición ecológica es dar dinero público a proyectos privados, como los de Mercedes. Eso, reiteramos, no es transición ecosocial. En 2008 se rescató a la banca. En 2021 pretenden engordar las cuentas de determinadas multinacionales.

En cuarto lugar, asumen la idea de maná que va a venir del cielo. Pero de los 140.000 millones el Estado tendrá que devolver 100.000 (los créditos más el pago de la parte correspondiente del programa de transferencias). No lo dice ELA, sino el Banco Central Europeo. Nuevo endeudamiento que habrá que pagar, otra vez, en detrimento de las inversiones sociales.

Desde EH Bildu se afirma que no es posible acometer una reforma fiscal como alternativa a los fondos. Ello acredita una preocupante falta de voluntad y convicción en defender un elemento central para la izquierda, la distribución justa de la riqueza. Una renuncia política que para ELA no puede pasar desapercibida.

Equiparar la presión fiscal a la europea supondría obtener en un solo año 6.000 millones de euros más en la CAPV y cerca de 2.000 en Navarra, bastante más dinero que el total de lo que va a llegar en los próximos ejercicios a través de todos estos fondos.

Que la reforma fiscal no es una prioridad explicaría que tras más de cinco años de la salida de UPN del Gobierno foral, en Navarra se siga con la misma fiscalidad que con Barcina, a pesar de que EH Bildu haya apoyado los distintos gobiernos.

Es indefendible que EH Bildu haya votado a favor del Real Decreto que regula los fondos, que declara la fiesta de la cooperación público-privada y deja en manos de Pedro Sánchez todas las decisiones. O que haya dado por bueno el Pacto de Toledo, que da la espalda a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas y de la huelga general del 30 de enero de 2020, anticipando los recortes que vienen.

Es un despropósito que la izquierda no tenga como prioridad la defensa de los derechos laborales y sociales Y también lo es que teniendo otras prioridades pretenda hacer comulgar con ruedas de molino a quienes todos los días estamos peleando en los centros de trabajo y en la calle para defender el empleo, atajar la precariedad, exigir la publificación de los sectores de cuidados, dignificar el sistema público de pensiones o una reforma fiscal fuerte y urgente.