El 23 de septiembre es el mal llamado día «Día internacional contra la explotación sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños». Estamos en desacuerdo con este término, no porque la trata no nos parezca un crimen de lesa humanidad, sino porque refleja la instrumentalización que se hace de la trata desde ciertos sectores. Reservar un día para denunciar la trata con fines de prostitución forzada −como si fuera más grave que los demás tipos de trata− ayuda a invisibilizar al resto de víctimas, que padecen explotación y condiciones infrahumanas en sectores como el textil, los cuidados, la hostelería, la construcción, los matrimonios forzados, la trata con fines de mendicidad o la trata de órganos. Desde el sindicato LAB reafirmamos nuestro firme rechazo contra todo tipo de tráfico de vidas humanas.

La trata está aquí: el tráfico ilegal de personas es una práctica sistémica, mucho más habitual de lo que pensamos. Está más presente que nunca en diferentes ámbitos y de diversos modos. A pesar de esto, su tratamiento y abordaje sigue siendo parcial y fragmentado. Se ponen tiritas y maquillaje bonito, pero no se realiza un tratamiento de fondo que cuestione la raíz de las dinámicas que generan y promueven la trata de personas a escala global y en nuestro territorio, Euskal Herria. Abordajes insuficientes y fallidos desde las instituciones y una creciente instrumentalización por parte de partidos políticos y asociaciones se combinan y son funcionales a que en el fondo todo siga igual o peor.

La Europa Fortaleza, que «avanza» con la securización de las fronteras y la criminalización de la movilidad de las personas (sobre todo de las que vienen de territorios empobrecidos), no solo no ha logrado combatir la trata de personas, sino que la consolida como uno de los grandes negocios de esta era en la que, para diferentes fines, se mercadea con vidas humanas. La Ley de Extranjería es la que genera la dependencia de las personas sin recursos hacia figuras oportunistas, redes de trata y redes mafiosas de tráfico ilegal, que les facilitan la llegada a Europa a cambio de una elevada deuda migratoria, cuya devolución implica amenazas, coacción y explotación. La misma Ley de Extranjería les exige, para su permanencia en Europa, una denuncia que pondrá en riesgo su vida y la de sus familiares, así como la aportación de información útil y novedosa para la investigación. De lo contrario −tal y como señala Mundo en Movimiento− son encerradas en un CIE (a veces, con sus tratantes) y enviadas de nuevo a sus países, donde les esperan la deuda, la amenaza y la pobreza.

Señalamos cómo el discurso abolicionista de la prostitución no hace ningún hincapié en cómo la Ley de Extranjería condiciona los procesos migratorios, dando a entender que la trata acabaría si se terminase con la demanda de servicios sexuales. Así, instrumentaliza a las víctimas de trata en su cruzada contra la prostitución. Hacemos hincapié en que, para ello, se valen del pánico moral y de cifras sin ninguna fundamentación: afirmaciones como que el 80 o el 90% de la prostitución es trata se desmienten con el informe de la ONU o el que Carmen Meneses realizó sobre la comunidad autónoma del País Vasco, que la sitúan en un 15%. También señalamos la falta de rigor metodológico de los estudios empleados −como el que presentó la semana pasada la ministra de Igualdad−, tal y como denuncia Voces Feministas por los Derechos. Y denunciamos cómo toda esta falsa información sirve de fundamento para leyes que acabarán criminalizando el trabajo sexual y para ONGs y asociaciones que, con el propósito de «rescatar a las mujeres prostituidas», reciben cuantiosas subvenciones. Dicho sea de paso: ese capital lo engulle el mantenimiento de sus infraestructuras, cronificando la pobreza que ya condujo a esas mujeres a la prostitución.

Estos programas son compartimentados y apuntan a mejorar situaciones concretas y transitorias, sin perspectiva integral ni medidas sustanciales que permitan cambios reales en las situaciones vitales de estas personas. Acabados los itinerarios o las fases de estos, las personas llegan a un punto en el que siguen subalternizadas y marginadas. No se les regulariza la situación administrativa, por lo que no tienen otra opción que permanecer subsistiendo en la economía sumergida, con nulas oportunidades reales de acceso a empleos de calidad y sujetas a nuevos circuitos de explotación, abuso de poder y chantaje hasta poder regularizarse. Sacarles de estas redes implica mucho más que subvenciones cuantiosas para el lavado de cara de instituciones: implica diseñar un conjunto de políticas públicas con perspectiva integral e interseccional con compromisos reales y voluntad política que se materialice en la garantía de acceso a diferentes derechos fundamentales que a día de hoy siguen teniendo negados las personas que viven o han vivido trata.

Desde el sindicato LAB, creemos que hay que dejar de mirar para otro lado y empezar a nombrar y visibilizar a todas las víctimas-supervivientes de todos los tipos de trata y a todos los entramados que las sostienen y se lucran con su existencia. Lo que necesitan las víctimas de trata no es pánico moral, sino que se las deje de instrumentalizar en la cruzada contra el trabajo sexual, pues una ley punitivista también las enviará a ellas a la clandestinidad.

*Carolina Clemente es afiliada de LAB e integrante de Putas en Lucha, Txefi Roco es responsable de la Secretaría Antirracista de LAB y Maddi Isasi es responsable de la Secretaría Feminista de LAB.

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