El 20 de agosto de 1999, dos activistas del movimiento Solidarios con los PreSOS acudieron a la inauguración de los Campeonatos Mundiales de Atletismo de Sevilla, se disfrazaron de giraldillas –la mascota oficial del evento–, burlaron un dispositivo de seguridad de cuatro mil policías y cien cámaras de vigilancia y se pasearon durante veinte minutos por el estadio de La Cartuja con banderolas contra la dispersión penitenciaria. Una tercera persona se infiltró en el acto con una cámara de vídeo, otra repartió octavillas en la zona de prensa y otros seis activistas se descolgaron con cuerdas desde las gradas y desplegaron una pancarta a favor del acercamiento de presos. La Policía detuvo a un total de diez jóvenes de Errenteria.

Lo vio el Príncipe de Asturias. Lo vieron los sesenta mil espectadores que acudieron a la gala. Lo vimos por televisión en nuestras casas entre el estupor y el cachondeo. Sesenta canales de todo el mundo retransmitían el evento para una audiencia potencial de 3.500 millones de personas. En la apoteosis del troleo, una de las mascotas solidarias se acercó a estrechar la mano del presentador, el periodista Carlos Herrera, que aprovechó para mostrar el muñeco al público y llamarlo «nuestra giraldilla». Los dos activistas camuflados aplaudieron el himno de Andalucía y permanecieron inmóviles en el escenario mientras el grupo sevillano Siempre Así interpretaba la canción oficial de los campeonatos. Más tarde desfilaron las delegaciones de los países participantes hasta que los organizadores detectaron la vacilada y mandaron salir a las mascotas.

Después de la protesta, cuando la prensa ya se hacía eco del suceso, pudimos conocer el comunicado que desgranaba las intenciones de los solidarios. El propósito no era boicotear la gala sino desplegar una perfomance pacífica que llamara la atención sobre la vulneración de derechos humanos en las cárceles españolas. Igor Ahedo recoge el episodio en su libro «El movimiento Demo y la nueva cocina vasca (desobediente)”. «Hemos tratado con respeto el acto. Podíamos haberlo cortado totalmente, pero nos portamos bien y solo nos pusimos en dos esquinitas». Explicaban que Euskal Herria «tiene 508 presos políticos y más de 2.000 refugiados y deportados, y que el Estado español no cumple sus propias leyes penitenciarias con ellos». En la tradición del movimiento proamnistía, reclamaban la excarcelación de presos enfermos así como de aquellos que hubieran cumplido las tres cuartas partes de su condena.

Después de una longeva historia de no violencia en Euskal Herria, las acciones desobedientes vivieron un repunte hace ahora veinte años. El contexto, desde luego, era propicio. El 12 de setiembre de 1998, la mayoría sindical y política vasca había firmado el Acuerdo de Lizarra en busca de la paz y la soberanía. Una semana después, ETA respondió con una tregua. El modelo de negociación irlandés y el protagonismo de Tony Blair en el Acuerdo de Viernes Santo encontró su réplica en el ejecutivo de Aznar, que el 3 de noviembre autorizaba «contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación». Mientras duró el gobierno del Partido Popular, se produjeron 311 excarcelaciones. Entre 1996 y 1999, el PP acercó a 190 presos, concedió 42 terceros grados y diseñó un plan de retorno para 304 exiliados perseguidos por la justicia.

El cese de las armas y la acumulación de fuerzas soberanistas crearon un caldo de cultivo propicio para la desobediencia civil y pusieron los abusos penitenciarios en el centro de la agenda política vasca. Tres meses después de que ETA declarase el alto el fuego, los Solidarios con los PreSOS planearon una vistosa acción en la cárcel de Algeciras. En la víspera de Nochebuena, un olentzero se encaramó a una ventana del penal, se encadenó y comenzó a golpear los muros con un pico mientras otros dos activistas vestidos de baserritarras extendían una pancarta a favor del acercamiento de presos. En noviembre de 1999, varios reclusos comenzaron a turnarse en huelgas de hambre. Daniel Derguy llegó a cumplir 63 días de ayuno en los que perdió cerca de treinta kilos.

Pero las dinámicas de resistencia pacífica tropezaron con la doctrina del «todo es ETA» del juez Garzón. En un retorcido juego de ilusionismo, los medios argumentaban que la desobediencia civil es una forma de terrorismo. Al cierre del diario “Egin” en julio de 1998 se sumó la redada contra la Fundación Joxemi Zumalabe en octubre de 2000. Interior formulaba acusaciones tan peregrinas como la «apertura de vías para la no utilización de la documentación (DNI) española y francesa, arbitrando documentos exclusivos de Euskal Herria». En un galimatías de sumarios e imputaciones, más de 250 personas pasaron por los tribunales para rendir cuentas por sus actividades en el mundo asociativo. Sabino Ormazabal y sus compañeros desobedientes fueron absueltos en 2009, nueve años después de la redada. En enero de 2018 abandonaba la prisión Joxean Etxeberria, el último recluso del sumario 18/98.

Las giraldillas desobedientes cumplen veinte años y nos asalta la tentación de las comparaciones. Hoy no hay tregua sino desarme consolidado. Hubo muchas negociaciones pero el único proceso de paz que terminó cuajando fue aquel en el que el Estado no fue protagonista. Hoy no hay acumulación soberanista sino un reparto pastelero entre el PNV, el PSOE y el PP. Hoy ya no se escucha que «el Estatuto de Gernika ha muerto» y seguimos racaneando competencias de una ley orgánica que lleva cuarenta años incumplida. Hoy nos enzarzamos en broncas prefabricadas sobre ongi etorris mientras la Audiencia Nacional explica que los recibimientos no son más que «expresiones de satisfacción, solidaridad y deseo de política penitenciaria favorable». Hoy tenemos a un delegado del Gobierno español como Jesús Loza, que se permite el lujo de amenazar con un «rebrote del terrorismo». Habrá que esperar otros veinte años para ver algo de luz. Que veinte años no es nada, cantaba Gardel.