Hacer leyes está muy bien, pero mucho mejor está cumplirlas. La Ley de Servicios Sociales 12/2008 de 5 de octubre es un texto que se puede denominar progresista. Le acompaña el Decreto de Cartera de Servicios de 2015, donde se contemplan los servicios que Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos deberían garantizar. Esto se especifica en el I Plan Estratégico del 2016. Dicho plan acabó el 2019. Se hizo del mismo, con mucho retraso, una valoración que sin duda fue poco objetiva y muy complaciente para con el equipo del Gobierno Vasco (PNV + PSE). Solo EH Bildu y alguna otra entidad lo criticaron.

Recordemos que el artículo 48 de la Ley dice: «El Consejo Vasco de Servicios Sociales se constituye como el máximo órgano de carácter consultivo y de participación adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales, en el que estarán representados de forma paritaria el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos por un lado, y por otro, el conjunto de agentes sociales que intervienen en el sector, en concreto las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las de personas usuarias, las del tercer sector de acción social y las profesionales, que trabajen en el campo de los servicios sociales».

Es decir que el Consejo estaría compuesto por unas 40 personas, pero que su efectividad está lastrada, ya que el II Plan lleva un retraso de tres años, dado que tenía que haber estado vigente en el periodo 2020-2023. Pero el Gobierno Vasco ni tiene prisa, ni presión suficiente para que este plan se haga cuanto antes y pueda recoger presupuestariamente todas las deficiencias de servicios detectadas en la práctica durante la vigencia del plan anterior. Hoy, en septiembre de 2022, no existe siquiera un borrador del II Plan. ¿Y esto por qué?

Pues porque la atención a las personas con problemas no es una prioridad para el Ejecutivo de Gasteiz. Y porque el tercer sector –en quien recae y descansa la atención privatizada de muchos servicios que deberían ser públicos– no «puede morder» la mano de quien le alimenta. Y también porque la oposición, en estos temas, no denuncia lo suficiente, además de que quienes tienen derecho a estos servicios, carecen muchas veces de los medios y posibilidades para exigirlos judicialmente.

Un ejemplo claro son las personas jóvenes migrantes. Quienes han tenido «suerte» han podido estar hasta los 18 años en un albergue. Al cumplir esa edad, se les deja en la calle, sin padrón y sin continuidad de su formación académica o profesional. Hay un gran colectivo de personas jóvenes que nunca ha tenido opción a residir en un albergue. De todo este gran colectivo, solo un grupo accede al proyecto Hemen del Gobierno Vasco, gestionado por Zehar. El resto se queda en la calle, sin lugar donde dormir, sin padrón y sin derecho a formación. Este colectivo, solo en Bilbao asciende a unas quinientas personas, la mayoría jóvenes y viviendo en la calle.

¿Qué dice la Ley de Servicios Sociales del 2008 y la Cartera de Servicios de 2015? Pues que las diputaciones debieran garantizar la formación hasta los 23 años. Que ayuntamientos y diputaciones debieran garantizar las primeras necesidades de estas personas mediante albergues, centros de día, pisos tutelados, etc. Pero la realidad es que las instituciones prefieren tener albergues cerrados, antes que prestar esos servicios. Un desprecio absoluto. Incluso durante la ola de frío abrieron el albergue de Montaño unos días... para luego volver a dejar a estas personas otra vez en la calle. ¿Para esto no hay dinero?

Solo parece haberlo para grandes eventos, para que la banca y las grandes multinacionales multipliquen sus obscenos beneficios, para que las grandes fortunas paguen aún menos impuestos, o para que las obras del TAV continúen despilfarrando miles de millones de dinero público. Y mientras esto sucede, las personas sin empleo aumentan; las pensiones de miseria se tienen que complementar con la RGI hasta algo más de seiscientos euros; muchas personas jóvenes bien preparadas tienen que buscarse la vida emigrando a la fuerza a otros países; la Ley de Extranjería niega los derechos humanos de las personas migrantes, salvo a las ucranianas. He aquí el cacareado oasis vasco. Desgraciadamente, entre nosotras hay muchas personas aún que, en este mal llamado oasis, no tienen ni sombra para recuperar fuerzas ni agua para aminorar su sed de justicia.

¿A qué estamos esperando? ¿Cómo podemos aguantar sin rechistar que nos hurten el Plan Estratégico que tendría que contemplar la financiación de los servicios dirigidos a los colectivos más machacados por esta sociedad capitalista, heteropatriarcal y colonial? Las mujeres maltratadas, la infancia abandonada, las personas mayores sin recursos, las afectadas por diversidad funcional, manifiesta o no, las personas migrantes sin derechos, las empleadas de hogar sin papeles... y muchas más. Si la calidad de una sociedad se debe medir por cómo se trata a sus miembros y sectores más vulnerables, quizás aquí, en vez de oasis... lo que tengamos sea un surtido de vertederos, tan deslizantes como el de Zaldibar.

Señor Urkullu, señor Rementeria, señor Olano, señor González, señor Aburto, señor Goia, señor Urtaran, aunque crean que el mandato se lo han otorgado Jaungoikoa eta Lege Zaharra, no es así. Tienen que dejar de ignorar a quienes más sufren y menos tienen. Es imprescindible que no haya parias (mal)viviendo en Euskal Herria, y para ello nuestras instituciones deben dar ejemplo en el reparto de la riqueza, de forma que no haya nadie sin derechos, ni sin los recursos necesarios para vivir dignamente en todas las facetas de la vida: formación empleo y descanso.