A raíz de la iniciativa “Euskal eskola publikoaz harro”, que reivindica un modelo público y único para todo el sistema educativo, la asociación de ikastolas se ha puesto a la defensiva; y como la mejor defensa es un buen ataque, dice que de no permitirá que las ikastolas queden bajo control público, y que hace falta una nueva definición de este. Una nueva definición de lo público… que incluya a la iniciativa privada. No me puedo imaginar mayor ofrenda al Capital que la de poner la formación de la sociedad futura a su merced: un modelo social donde lo público y lo privado se diluyan. Un mundo perfecto y euskaldun sin izquierdas, derechas, ni otros agentes contaminantes que pongan en riesgo nuestra pureza como pueblo.

Siempre es bueno reconocer el impresionante trabajo de los pioneros: las ikastolas fueron la respuesta popular a la represión franquista que negaba el derecho a aprender en euskera y a vivir en él. Pero el debate actual, aunque algunos se empeñen, no va sobre sus orígenes; sino sobre las consecuencias sociales de la concertación en Euskadi hoy. Va de segregación y desigualdad, de la realidad concreta y factual que supone que en Euskadi no todos los niños tengan el mismo derecho a la educación y de que sus oportunidades dependan de sus condiciones socioeconómicas.

La reproducción de la desigualdad de clase está garantizada gracias a las escuelas cristianas y las ikastolas que son, básicamente, las que se comen el pastel de la concertación en la CAV. En Euskadi, la tasa de matriculación en la concertada, que no es sino un eufemismo de “privada financiada con fondos públicos”, representa el 48,3% del total; más de 20 puntos por encima de la media del Estado, 35 puntos por encima con respecto a Europa. Es necesario ponerle fin a semejante anomalía neoliberal.

La desigualdad entre el alumnado de unos y otros centros se acentúa cada vez más. En la pública se concentran los alumnos de origen más humilde. Según un informe de Save the Children de 2018, el 88,9% de los centros vascos con muy altos niveles de concentración de alumnado con perfil socioeconómico bajo son de titularidad pública (consultar el informe para otros datos igual de escandalosos). Esto significa, básicamente, que las concertadas son en la práctica centros elitistas que dan la espalda a la realidad social y cuya mera existencia produce auténticos guetos. La financiación pública de escuelas privadas redunda en menos dinero y falta de recursos para la escuela pública. Esta, al contrario que la concertada, no hace procesos de selección encubiertos mediante “cuotas voluntarias”, sino que admite toda la diversidad cultural fruto de la inmigración.

La consecuencia más evidente de la concertación es la segregación social; por la separación, de facto, entre unos centros elitistas, verdes o amarillos; y otros, para el resto. Mientras unos tienen derecho de acceso a un saber privilegiado supuestamente popular, o cristianizado; la escuela pública, inclusiva, verdadero reflejo de lo popular, padece graves limitaciones materiales. Porque la concertada es la niña consentida de la administración vasca.

Que el PNV hable de educación pública como “eje vertebrador”, es una broma de mal gusto con la que justifican la falacia liberal de la libre elección. ¿Libre elección para quién? De los centros religiosos nos lo podríamos esperar, al final, existe una diferencia sustantiva entre estos y una educación igualitaria, laica y basada en la ciencia; pero ¿qué razones dan las ikastolas para distinguirse de una escuela que ya garantiza el derecho a aprender en euskera? Lo diré: la tergiversación del concepto de Pueblo y de Movimiento Social.