Decía el latino: «Inter armas, silent leges»: «en tiempo de guerra, enmudecen las leyes». Que se rinda la ley a otros intereses prioritarios. En este caso, que se dejen llevar por su ardor guerrero quienes deben dar voz a la ley, quienes están llamados a interpretarla.

Expuesto de otra manera: ¿Los que deben juzgar y hacer cumplir lo juzgado, son jueces o son militantes políticos? Esos que son instituidos como «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley» ¿se rigen realmente por esos criterios o les mueven sus convicciones militantes? ¿Se conducen por un férreo y honorable código deontológico y por el apego a derecho o son mera correa de transmisión de lo que les solicita su amo político? ¿Administran justicia o se pliegan al prioritario y siempre todopoderoso guion antiterrorista?

Me hacía estas preguntas ante la decisión que hoy mismo debe adoptar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno jurisdiccional sobre cómo computar las penas de prisión que decenas presos políticos vascos han cumplido ya en el Estado francés.

Decisión que viene precedida de una carta redactada por una mayoría de los magistrados y dirigida a su presidente, Carlos Lesmes, en la que denunciaban presiones políticas y le reclamaban que medie ante las injerencias del ministro del Interior. Jorge Fernández Díez había dicho que la interpretación realizada por la Audiencia Nacional de computar las condenas cumplidas en el Estado francés y por lo tanto excarcelar a Santi Arrospide y Alberto Plazaola eran «lamentables» y constitutivas de «posible prevaricación». La que mantenía en prisión a Iñaki Bilbao sería la adecuada. Los magistrados del TS tienen la patata caliente de unificar doctrina.

Esa carta en que magistrados parecían poner pie en pared no hace sino desvelar una convicción extendida: que los jueces designados por el bipartidismo imperante en Madrid y bajo la etiqueta de presuntos «progresistas» o «conservadores» recalcitrantes, están igualmente llamados a defender honores patrios y profundas razones de estado. Que, lejos de lo que algunos han querido ver, la carta no es efecto de normalidad democrática –los magistrados detectan presión y la denuncian, paz y gloria–, sino reflejo de hartazgo por esta práctica, a la que tantas veces se han sometido de buen grado. Porque, si bien ahora lo denuncian, ¿en cuántas ocasiones han aceptado el envenenado encargo?

No es en vano analizar el momento en que ocurre su denuncia de verse manipulados. Esta se produce cuando desaparece el hecho que pretendidamente justificaba la actitud militante del juez. La actividad de ETA era supuestamente el revulsivo que les impelía a aplicar no la ley, sino su excepción. No la norma de derecho, sino la interpretación que la alarmada opinión pública presuntamente les requería. La decisión que la lealtad a sus ideas y a su visión de Estado les exigía.

Una vez desaparecida la acción de ETA, ¿a qué plegarse? ¿A la ley que presuntamente guía su actuación o a la arbitrariedad ideológica? ¿Qué triunfará? Lamentablemente, hemos dicho en más de una ocasión que la excepción vino para quedarse. Y no lo apuntamos como mera constatación, sino para confrontar y combatir esa perversa realidad.

Así pues, por militancia, por corporativismo, por cobardía, por afinidad ideológica, por indolencia… jueces y magistrados lejanos han mostrado más su adhesión a la discrecionalidad de la política que a doctrina legal. Supuestos técnicos de la ley que hacen incursiones en casos políticos o tal vez políticos que han sido colocados ahí por sus conocimientos legales. Son aquellos ante quienes el propio Fiscal general de Estado del PSOE, Conde-Pumpido, se mostró sorprendido por su ultramilitancia: «tal vez hemos ido demasiado lejos», reconocía al solicitar la anulación de centenas de listas electorales. Pero lo daba por bueno, ya que «ha colado ante los jueces». ¿Por qué semejantes tragaderas? ¿Por qué tanta diligencia y disposición a rebasar la línea del abismo? Porque han sido más militantes de la razón de estado que los propios militantes de partido.

Ante la trascendencia de la decisión que hoy deben adoptar los magistrados del TS, el Gobierno y adláteres no alivian la tensión. Tras las declaraciones del ministro de Interior, el de Justicia, Rafael Catalá, mueve hilos y la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, apercibe a los jueces sobre sus decisiones en referencia a los presos políticos vascos: «los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco». Mari Mar Blanco les señala de nuevo, puntualizando a sus compañeros de victimología: «no es el Gobierno el que pone a los presos terroristas en la calle, sino los jueces». Los presos no pueden salir a la calle. Otro aviso a quienes deben hacer cumplir la ley.

Y preguntándome y reflexionando sobre todo esto, llega la confirmación a mis certezas.

Apenas ha retrocedido la marea humana en Bilbo reivindicando los derechos de los presos, y la víspera de la sesión del Tribunal Supremo un operativo policial arrasa con la asistencia jurídica a quien la precisa. Un juez, esta vez de instrucción de la Audiencia Nacional, emite la orden. Tribunal de excepción para respuestas excepcionales. Según se cuenta, solicitó del Ministerio de Interior indicaciones de cómo justificar el salto al vacío.

Coincide el operativo con el arranque de la vista pública del sumario 04/08, último del oprobioso «todo es ETA». El tribunal que lo atenderá está capitaneado por Concepción Espejel, en su día impulsada por el PP al CGPJ y de conocida posición ultra. Tres de las abogadas que ejercen la defensa, entre las detenidas.

Así pues, si podíamos pensar que algunos magistrados se habrían hartado de tragarse sapos oportunistas que saben no cuadran en ley, otros mantienen el rumbo. E insisten en prostituir el ordenamiento jurídico postrándolo ante la discrecionalidad política.

En estas condiciones ¿cómo imaginar en qué sentido decidirá el Supremo? La variable jurídica queda nuevamente eclipsada por la política. Pero esta vez la situación no es pacífica. Bienvenida dicotomía.

Reconozco que escribo estas líneas desde la rabia y el agravio por un operativo que arrambla con los derechos y la integridad de compañeras de profesión y andanzas.

Mis sentimientos no me impiden concluir que nos generarán dolor, sufrimiento, zozobra. Pero hagan lo que hagan, han perdido toda credibilidad ante este pueblo, que pronuncia ya una doble demanda: que la justicia española saque sus manos de la política vasca y que, en este caso concreto, no dificulten aún más la articulación de una solución legal y en derecho a los presos. Y, por elevación, nos pone un reto sobre la mesa: abordar el establecimiento de un sistema vasco que no esté sometido a esos presuntos jueces y seguros militantes de la razón de estado para administrar justicia. Esa que queremos escribir en mayúsculas.