Crecimos los años jóvenes en los tiempos de la «versión oficial», hoy un tópico tan viejo como real para referirnos a los malos tratos, a las vejaciones y a las torturas habidos en las comisarias y cuartelillos de todo el Estado español durante la larga noche de la dictadura franquista aunque no sólo durante ella. Si hablamos de dependencias policiales, fueran estas de quien fueran, la «versión oficial» era la que decía que aquella cara hinchada y sangrante de la foto era producto de un golpe desafortunado con una puerta, que los huesos rotos o dislocados lo eran debido a una caída fortuita por la escalera, que el cadáver en el asfalto bajo la ventana de la comisaría o de la vivienda era el resultado de un acrobático salto voluntario del detenido en un instante de distracción del custodio uniformado... Si hablamos de las calles la «versión oficial» eran aquellas balas siempre disparadas al aire que indefectiblemente atravesaban el cuerpo de algún manifestante, o los pelotazos y botes de humo que reventaban caras y cabezas de quienes protestaban o pasaban por allí a pesar de haber sido empleados «de forma comedida y con absoluta profesionalidad».

Esa «versión oficial», esa «verdad oficial» es la que sella también el ninguneo decretado por décadas para cientos de víctimas hombres y mujeres y también y sobre todo la que sella hasta hoy la impunidad de sus victimarios. Una de las características de esta «verdad oficial» es que nunca le corresponde ninguna «verdad judicial», en la mayoría de los casos porque no hubo ningún procedimiento que la sacase a la luz y en el resto de casos, pocos, porque de la farsa de procedimiento puesto en marcha no salió verdad alguna, sino todo lo contrario. Desde 1939 al día de hoy José Pena Brea, Concha Carretero, Aurora Picornell, José Luis Uriz, Julián Grimau, Francisco Granados, Joaquín Delgado, Anita Sirgo, Enrique Ruano, Agustín Rueda, Xabier Onaindia, Amparo Arangoa, Félix Arnaiz Maeso, Tasio Erkizia, Antón Fernández, Josu Murueta, Amparo Arangoa, Cipriano Martos, Vicente Anton Ferrero, Manuel Fuentes Mesa, Felipe Baz, Joxe Arregi, Xabier Galparsoro... y ya que estamos en el cuarenta aniversario de los trágicos sanfermines de 1978 también los de Germán Rodríguez o Joseba Barandiarán son un pequeño puñado de los nombres mentados y mentidos por esa «verdad oficial».

Ahora, hace pocos días, el flamante nuevo ministro del Interior español Fernando Grande-Marlaska desenpolvaba nuevamente la «versión oficial» para referirse desacreditándolo al “Informe sobre la Tortura” hecho público a finales del pasado año por el Gobierno de Lakua que cifra en más de 4.000 los casos de tortura sufridos por personas ciudadanas de la CAV regalándonos la versión 2.0 de la misma «versión/verdad oficial» del No-Do fasciofranquista ahora definida por él como «la verdad judicial»: «Hay informes que pueden decir 4.000, 5.000 o 6.000, me podrá decir lo que quiera, pero ya le digo que no. No hay resoluciones judiciales que digan 4.000 o 5.000. Si queremos podemos generar las verdades, pero acostúmbrense a que la verdad es la verdad judicial» dice el juez ahora ministro de Interior Grande-Marlaska con la arrogancia y beligerancia de quien sí que ha sido capaz de generar entre otras la «verdad judicial» de un Unai Romano golpeándose a sí mismo durante su detención hasta parecer un afectado por la elefantiasis.

Terrible. Más de 200 personas que testificaron ante él en su etapa de juez denunciaron haber sufrido torturas durante su detención, veracidad que posteriormente certificada a través de un instrumento reconocido internacionalmente para ello como es el conocido Protocolo de Estambul, y el nuevo ministro de Interior obvia todo ello de un plumazo anulando no solo la verdad, sino el reconocimiento del daño causado, revictimizando con ello a decenas, centenares de personas si nos referimos al informe de Lakua, banalizando miserablemente la práctica de la tortura cuando se explaya con lo de «me pueden decir 4.000, 5.000 o 6.000, me podrá decir lo que quiera, pero ya le digo que no». A la par cuestiona también la fiabilidad y veracidad de un informe oficial del Gobierno de Lakua, pagado con dinero público, elaborado por forenses y psicólogos sobradamente profesionales, avalado por la mayoría del Parlamento vascongado, sindicatos y organismos sociales... y sobre todo por las propias víctimas de la tortura.

«Olvídense», concluye en su alocución digna de escuchar Grande-Marlaska. Porque de olvido se trata. De olvido y de impunidad. De la misma «verdad oficial» al fin y al cabo. Llámese como se llame.