Hace tiempo que las interferencias internacionales convirtieron las elecciones Venezolanas en un campo de batalla geopolítico marcado por los desafíos tecnológicos y los retos políticos del siglo XXI.

Las elecciones venezolanas este 2024 dibujan un espectáculo político con figuras conocidas como Nicolás Maduro y desconocidas para el gran público como María Camacho y Edmundo González, quienes representan las tensiones entre Venezuela y las potencias occidentales: especialmente Estados Unidos con un historial de intervenciones, sanciones y apoyo a la oposición.

Son incontables los intentos de desestabilización que sufre Venezuela, desde intentos de golpes de Estado, disturbios y ciberataques; además de la manipulación mediática y, no nos olvidemos, el rol que juega la organización internacional como la OEA.

Aunque Maduro ha ganado las elecciones con un 51,95% de los votos, las elecciones han sido descritas como poco legítimas y los resultados han sido cuestionados por la oposición, basándose en sondeos poco fiables y documentos de dudosa procedencia.

A todo esto se debe añadir el ciberataque que afectó a la retransmisión de los resultados, lo que retrasó el anuncio de los mismos. Además, con el fin de deslegitimar el proceso electoral, la oposición atacó universidades, hospitales y centros de votación.

En este contexto, actores internacionales como la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea han respaldado a la oposición. Mientras tanto, otros países, como México, han adoptado una postura neutral pidiendo el respeto a las instituciones venezolanas. Aun así, una rara avis en la izquierda como el presidente de Chile, Gabriel Boric, sugiere una cohabitación entre Maduro y Edmundo.

La figura de María Camacho, que saltó al estrellato cuando en 2005 fue recibida por George Bush en La Casa Blanca, momento en que su partido extremista Vente Venezuela estaba siendo financiado por Estados Unidos, y su papel han sido claves en la desestabilización del país.

Es de sobra conocida su participación en el intento de golpe de Estado en 2005, así como en la organización de disturbios y actos violentos. Como icono representante de la oposición, ha defendido la privatización de los recursos naturales, lo que favorece a los intereses extranjeros, en particular, a las petroleras.

Sin embargo, los intereses extranjeros van más allá de lo económico y buscan imponer un modelo político neoliberal y capitalista. La postura de figuras como María Camacho, quien se declara seguidora de Margaret Thatcher y del «capitalismo popular», refleja la alineación de la oposición con las políticas de libre mercado que favorecen a las potencias occidentales. El objetivo es instalar un gobierno alineado con EE. UU.

Venezuela, bajo el gobierno de Chávez y Maduro, ha sido un referente de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. En contraprestación, Occidente ha intentado desmantelar esta influencia aliándose con movimientos opositores de derechas y, al igual que Cuba, está siendo objeto de una campaña que distorsiona la situación interna para justificar la intervención internacional.

A pesar de todo ello, quien tenga un mínimo interés en el proceso electoral de Venezuela debería conocer las características que buscan garantizar la integridad del sistema electoral del país.

Los electores en Venezuela usan máquinas de votación electrónicas que no están conectadas a internet, lo que reduce el riesgo de manipulación remota. Además, estas máquinas generan un comprobante en papel, que el votante puede verificar antes de introducir el voto en la urna. Con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas se realizan controles técnicos antes de las elecciones.

Después de la votación, el proceso incluye la verificación de los votos electrónicos depositados en las urnas con los comprobantes físicos en papel.

La constitución venezolana concede un plazo de 30 días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) compile y verifique los resultados antes de proclamarlos oficialmente.

Incluso antes de que se proclamaran los otros dos resultados preliminares, los partidos de la oposición como Vente Venezuela empezaron a desligitimar el proceso y a afirmar que los resultados eran falsos. Además, hostigaron a la sociedad con actos violentos a instituciones de toda índole.

Todos estos esfuerzos por desestabilizar a Venezuela han tenido un eco internacional que poco tiene que ver con la realidad del país; ya que el pasado 2 de agosto se celebró el tradicional acto, recogido en el sistema electoral venezolano, que organiza la Cámara Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela donde los candidatos que participaron en la elección presidencial firmaron un documento que reconoce oficialmente los resultados proclamados por el CNE.

De los 10 candidatos, 8 estuvieron presentes y firmaron el documento. Sin embargo, Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por Vente Venezuela, no se presentó a la ceremonia.

Sin embargo, apareció en España respaldado por toda la ultraderecha española, incluyéndose entre ellos el PNV. En España, su discurso es bien recibido por sectores nacionalistas españoles que comparten su visión antidemocrática y la falta de respeto por el proceso electoral.

España no solo se ve involucrada en el escenario por razones ideológicas que comparte la oposición y la extrema derecha, sino también por intereses económicos. Las inversiones de empresas españolas en sectores estratégicos como el petróleo a través de Repsol, la banca mediante el BBVA y las telecomunicaciones de la mano de Telefónica dependen de la situación política del país.

Como ya ha quedado constatado, estos intereses económicos se trasladan de la mano de los discursos de extrema derecha desde Venezuela a España que no hace más que envenenar el debate político ya embarrado por las mentiras y la desinformación que propaga la derecha española. Estos discursos extremistas, centrados en la deslegitimación de los procesos democráticos y la polarización, contribuyen a dividir aún más a la sociedad española. Alineados con la agenda de ciertos sectores, aprovechan el contexto venezolano para generar una narrativa que busca erosionar la confianza en las instituciones democráticas, intensificando la polarización y el conflicto político en un país que ya vive profundas divisiones ideológicas.

Ahora la cuestión que debemos plantearnos es que hace un partido como el PNV, históricamente vinculado al nacionalismo vasco y con un perfil moderado dentro del espectro político español, compartiendo escena con fuerzas de extrema derecha españolas en el contexto de Venezuela. Esta contradicción refleja un pragmatismo político en el que, más allá de las diferencias ideológicas internas, prevalecen los intereses estratégicos y económicos.

La preocupación por la influencia de Venezuela en España, con sus lazos petroleros y recursos naturales, podría estar pesando en la posición del PNV. Empresas españolas, como Repsol, tienen intereses económicos importantes en Venezuela, particularmente en el sector energético. La protección de estos intereses podría llevar a alianzas insólitas, como la cooperación con la extrema derecha, si ello garantiza la estabilidad de sus inversiones. Además, esta situación podría obedecer a una necesidad de presión internacional coordinada contra el gobierno de Maduro, buscando alternativas políticas más afines a los intereses económicos europeos en la región.

Involucrarse en este debate puede tener menos que ver con la política interna de Venezuela y más con un juego económico, donde incluso actores moderados están dispuestos a buscar aliados inesperados para defender sus intereses corporativos.

Este fenómeno ha sido denominado como una «puerta al fascismo», donde partidos que en teoría se oponen al autoritarismo, terminan colaborando con fuerzas de extrema derecha cuando comparten intereses económicos estratégicos.

Lo descrito no solo refleja una disputa entre gobierno y oposición, sino una lucha más profunda por la preservación de la democracia y la voluntad popular. La injerencia internacional, junto con las tácticas de desestabilización interna, pone en peligro el derecho soberano de los venezolanos a decidir su futuro sin presiones externas. Mientras actores globales buscan imponer un modelo que favorezca sus propios intereses, lo que está verdaderamente en juego es la integridad del sistema democrático y el respeto a la decisión de un pueblo que sigue resistiendo en medio de una compleja batalla geopolítica.