CAF es una empresa que conscientemente ha querido vulnerar el derecho internacional. Se presentó junto a la empresa israelí Shapir Engineering and Industry a un concurso organizado por las autoridades de ocupación israelí para ampliar y extender líneas de tren ligero entre la ocupada Jerusalén y los barrios-colonias de la Cisjordania ocupada.

Antes de que se resolviese el concurso, en agosto del año pasado, competidores del sector ferroviario no quisieron presentarse. El comité de trabajadores del centro fabril de la sede de CAF en el País Vasco, hizo público su rechazo a ese proyecto. Grupos internacionalistas y palestinos, también. Pero, la dirección de la empresa no hizo el menor caso y cuando se resolvió el concurso, ganando el mismo, anunció con gran despliegue de recursos su pírrica victoria. La nota oficial de CAF a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ocultó el hecho de que el proyecto descansa en la invasión de Territorios Palestinos Ocupados. Tanto ese regulador como el auditor, Deloitte, alertados posteriormente de la actuación de CAF, no han cumplido con sus obligaciones ante los inversores y, en su labor e informes, no han querido desvelar la actuación quebrantadora del derecho internacional del Consejo de Administración de CAF, dejando ciegos a los inversores de la empresa.

Más aún, ambas empresas, CAF y Shapir han sido llevadas ante los Puntos Nacionales de Contacto de España e Israel, organismos que promocionan el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que, entre otras cosas, incluyen el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional, sin que se hayan pronunciado ninguno de estos organismos, a fecha de hoy.

El 12 de febrero de este año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública una primera relación de empresas que se benefician de la ocupación sionista en Palestina. Entre las empresas nominadas estaba, como no podía ser menos, Shapir que tiene un amplio y antiguo historial de vulneraciones, con canteras, construcción de colonias e infraestructuras en los Territorios Ocupados Palestinos al servicio de colonos y la colonización. CAF y reguladores, con cientos de páginas sobre responsabilidad social corporativa y codigos de conducta ¿no saben que se producen expropiaciones, expulsiones de la población palestina, desplazamiento de población de la potencia ocupante? Deloitte, también auditor de Shapir, como en el caso de CAF, ¿ha señalado alguna reserva en el balance, cuenta de resultados, información no financiera, litigios, afectación previsible de su cuenta de resultados o la dificultad de hacer actividades fuera de Israel y de los territorios conquistados por el ejército israelí? No, por supuesto. Quizá, lo mismo ocurre con las otras 112 empresas iniciales que contravienen la Cuarta Convención de Ginebra por crímenes de guerra y humanidad, muchas de ellas promocionadas en índices de valores que divulga la FTSE Russell de la Bolsa de Londres. CAF, por sus deméritos, se ha hecho candidata a pertenecer a una nueva lista de empresas delincuentes, con la afectación que eso puede suponer de deslegitimación en concursos internacionales.

El código de conducta de CAF dice «toda actuación de CAF y de las personas que la integran guardarán un respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y a las libertades públicas». ¿Se respeta a la población palestina en los Territorios Ocupados Palestinos? ¿Cuántos sellos de Responsabilidad Social Corporativa, como Railsponsible, Global Reporting Initiative, ISO 26000:2012, ECOVADIS, tiene CAF o pueden tener todas esas 112 empresas, muchos de ellos circunscritos a una autorregulación inútil y falsa, como se demuestra en el caso de CAF? La imagen corporativa va más allá de hacerse una foto con el Príncipe Carlos en la fábrica de Gales y pasear al lehendakari, cuya administración es también accionista de CAF, es afrontar responsabilidad, debida diligencia y reparar errores, como éste de ser coadyuvante en la ocupación.  

Si la «industria» que regula a las empresas, sí empresas y sus consejos de administración, no hacen nada cuando saben que éstas y aquellos cometen crímenes, no valen para mucho, ya sea cuando las empresas trafican diamantes o coltan, se benefician de guerras o de ocupación. Si los gobiernos donde tienen sus sedes fiscales las empresas criminales miran para otro lado, son cómplices de las mismas. Si no hay sanciones o éstas son menores a los beneficios del crimen, los organismos reguladores y los Estados que los amparan son mercenarios.

Una razón más para que la ciudadanía tome la palabra y reclame boicot y sanciones a toda esa superestructura cómplice.