El pasado 26 de noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Honduras, en las que una alianza de fuerzas políticas y sociales se enfrentaba al poder omnímodo de un Estado militarizado y que a lo largo de su historia ha sido controlado desde Washington como punta de lanza del intervencionismo de Estados Unidos en Centroamérica.

Las irregularidades del proceso electoral y la represión desatada como respuesta a las protestas del pueblo hondureño, han abocado al país a una realidad de confrontación y violencia que se va a ver agravada con motivo de la semana de movilización social convocada para expresar el rechazo a la toma de posesión de Juan Orlando Hernández.

Ante esta situación de extrema gravedad, es imprescindible que desde las organizaciones internacionalistas analicemos críticamente el contexto hondureño y los diferentes escenarios que se pueden abrir en el futuro inmediato, con el objetivo de disponer de respuestas útiles para las organizaciones sociales de este, en muchas ocasiones, olvidado país.

Para llevar a cabo este ejercicio de reflexión, tenemos que partir de tres premisas que están configurando y condicionando la realidad política y social de Honduras.

La primera es el carácter antidemocrático y autoritario del Estado hondureño, que se ha expresado en esta ocasión en el indiscutible fraude electoral de 2017. Desde las últimas horas de la tarde del 26 de noviembre el mundo asistió perplejo a la vulneración de las más elementales normas procedimentales de un proceso electoral que pretende llamarse democrático: apagón informativo cuando los resultados mostraron una tendencia clara en favor de la alianza opositora, falsificación de actas de escrutinio, desaparición de urnas, etc., lo que hace imposible confiar en la validez de los resultados proclamados el 17 de diciembre, casi un mes después de las elecciones, por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

La segunda premisa es la apuesta del movimiento popular por la vía electoral, en un ciclo que comienza con la resistencia al golpe de estado de 2009 contra el presidente legítimo, José Manuel Zelaya, y que ha provocado la subordinación de otras formas de lucha al objetivo último de alcanzar el poder por los canales institucionales. Esta apuesta estratégica, cuyo alcance histórico situaba en el centro de la agenda política hondureña las contradicciones inherentes a un sistema autoritario y corrupto, ha obligado al movimiento popular a conformar alianzas de carácter transversal que convocan a sujetos políticos heterogéneos para ampliar su base electoral, dando lugar a formas organizativas líquidas y con una muy débil cohesión interna.

La tercera premisa la situamos en la invisibilidad de Honduras en la agenda internacional. En tanto en cuanto se mantenga dentro de los parámetros que le corresponden en la actual división internacional del trabajo (aliado de Estados Unidos frente a opciones de progreso en Centroamérica y una economía dirigida a asegurar, militarmente incluso, la tasa de reproducción del capital transnacional en la industria minera, las presas hidroeléctricas, el sector agroalimentario y el turismo), Honduras es del todo irrelevante en las prioridades de los actores claves en el escenario internacional y multilateral.

A partir de estas tres premisas podemos elaborar una caracterización más compleja de la situación actual y del impacto que su desarrollo va a tener en el movimiento popular de Honduras, así como en el papel que la solidaridad internacionalista tiene que jugar en un nuevo escenario.

Pese a la intensidad de la movilización social para defender la indiscutible victoria del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el Gobierno del Partido Nacional de Honduras y el presidente Juan Orlando Hernández, en tanto expresión política de los intereses de clase de las élites económicas y militares hondureñas aliadas al capital transnacional, han consolidado su posición. Tanto a nivel nacional, explotando las contradicciones internas del movimiento opositor, como en el plano regional e internacional, consiguiendo que la represión contra manifestantes pacíficos no haya sido condenada con firmeza en ninguna instancia internacional ni organismo multilateral y que la reacción de los gobiernos centroamericanos haya oscilado entre el apoyo incondicional y el silencio cómplice, el Gobierno de JOH ha obtenido el aval político al control autoritario y violento de la sociedad hondureña.

Uno de los factores centrales en la caracterización de la situación actual y en los escenarios futuros que tengamos capacidad de imaginar, es la constatación evidente y difícilmente rebatible de que la vía electoral y la lucha institucional no permiten disputar espacios de poder a las élites tradicionales ni, por supuesto, llevar a cabo transformaciones reales en las condiciones de vida de las mayorías sociales de Honduras.

Desde el golpe de estado de 2009, consecuencia de la incorporación de Honduras a las dinámicas de integración regional con contenido progresista y de la implementación de políticas públicas nacionales que ponían en cuestión y trataban de mitigar los efectos más perversos de un sistema basado en el control oligárquico de la riqueza, el movimiento popular ha ido renovando su apuesta por articularse electoralmente con los sectores progresistas del régimen. Esta estrategia, que en diferentes momentos ha podido tener un impacto profundo en los cimientos del régimen político al quebrar lealtades históricas entre las diferentes sensibilidades oligárquicas, no ha evitado la reconfiguración de las alianzas entre las élites, la superación de sus contradicciones internas ni la reconfiguración de un bloque de poder homogéneo.

En el momento actual, a las puertas del comienzo de una semana de paro nacional para protestar por la toma de posesión de JOH, el movimiento popular tiene que superar la desorientación natural que se produce tras la defunción de una apuesta de calado histórico, resistir la escalada represiva que se avecina y comenzar un proceso de reflexión profundo que desemboque en la redefinición de un proyecto estratégico de largo plazo en favor de las mayorías sociales y tradicionalmente subalternizadas de Honduras.

Este proceso de reflexión debe orientarse a cohesionar los diferentes movimientos y organizaciones sociales en un proceso de acumulación de fuerzas que determine, sobre la base de la experiencia previa y de la correlación de fuerzas actual, las formas de lucha más adecuadas para la conformación de un bloque popular hegemónico. Tanto si persiste la apuesta por trabajar dentro del marco electoral e institucional (donde el poder municipal pueda tener un papel más relevante que en el pasado), como si la orientación mayoritaria se orienta a la organización de la lucha al margen de la institucionalidad (y su correspondiente respuesta violenta por parte de las élites), este desafío resulta impostergable.

Y ante esta realidad, ¿qué debemos hacer desde el movimiento de solidaridad internacionalista? ¿Las respuestas que tradicionalmente se han articulado desde diferentes espacios siguen siendo válidas? Aceptando la crisis de legitimidad de muchas de las mediaciones organizativas y representativas de las que nos hemos dotado en el pasado (en las que las formas partido y sindicato constituyen sus ejemplos más evidentes, sin olvidar a las ONGs), es urgente redefinir los parámetros de nuestra acción. Tenemos que poner en el centro de nuestro programa el acompañamiento y apoyo al proceso de reflexión estratégica del movimiento popular hondureño, incorporando elementos de presión e incidencia política ante instancias de gobierno y representativas que permitan situar la defensa de la democracia en Honduras como un punto importante de la agenda internacional, y no olvidar el imprescindible apoyo económico para sostener las condiciones materiales en las que se desenvuelve la lucha.