La primera, la defiende el aspirante a gobernar, Núñez Feijóo. La segunda, el presidente en funciones, Sánchez. Y no se comprende bien que alguien, que pretende a ser presidente del Gobierno de España, reivindique que «sea la lista más votada en las últimas elecciones la que gobierne». Una cosa es que «la tradición obligue al que gana unas elecciones a presentar su investidura» y muy otra exigir que se le nombre presidente. Ese automatismo que reclama el PP no rige en España. Lo que extraña es que, conociendo ese mecanismo, Núnez Feijóo dé tanto la murga y se aferre a la tarantela de que gobierne el candidato más votado, o sea, él, cosa que no diría si se encontrara en esa situación Sánchez. En cuanto a lo de apelar a los «buenos socialistas» como a los «españoles de bien» que decía la estupefacta Rosa Díez, para conformar una mayoría parlamentaria con forajidos de la democracia solo desde la falta de ética se puede invocar semejante procacidad. Feijóo no parece haberse enterado que es el Parlamento quien elige presidente y que, cuando no hay mayoría parlamentaria, son los diputados quienes lo deciden por afinidad ideológica y, mayormente, en función de la tajada partidista que puedan obtener con el chalaneo de sus votos. Además, Feijóo no quiere percibir que el problema al que se enfrenta no es a «una mayoría social», sino a una posible mayoría parlamentaria que no traga al PP y, menos aún, a su partenaire, Vox.

En cuanto al concepto de «mayoría social», tampoco es fácil de digerir. En principio, se confunde la mayoría parlamentaria, circunstancial y estratégica, con la mayoría social, variable en el tiempo y en el espacio. La primera es fácil de determinar. Basta con saber sumar. La segunda es complicada. ¿A qué llamamos mayoría social? Aclarada esta, ¿está representada al completo en el Parlamento? ¿Constituyen los parlamentarios esa «mayoría social»? Si lo es, habría que decir, entonces, que en dicho Parlamento faltan muchas voces de la pluralidad política de España. Y, quien dice política, añade social, económica, ecológica, educativa, sexual, religiosa, atea, agnóstica, humanista, etcétera. ¿Se oye a la mayoría social del país en el Parlamento cuando deliberan los diputados? Decididamente, no.

En principio, quedémonos con que la mayoría social es una cosa y la mayoría parlamentaria otra. De hecho, ¿cuántas veces ha tratado esta con absoluta indiferencia las peticiones de esa supuesta mayoría social que dice representar? Aunque lo digan los diputados democráticos, no es verdad que representen la mayoría social del país. Lo más acertado sería decir que representan a los partidos políticos por los que fueron elegidos. Y, a veces, ni así. El rebote que se pillan a veces las bases de ciertos partidos es signo elocuente de lo que indico.

Por esa razón, la apelación del presidente en funciones a «la mayoría social» para invocar su derecho a ser nombrado presidente de Gobierno resulta, cuando menos, extraña. Lo curioso es que no se refiriera únicamente a la mayoría parlamentaria. Pues mayoría parlamentaria no es igual a mayoría social. Por ejemplo, ¿en qué medida los partidos independentistas, catalanes y vascos, en los que Sánchez busca su apoyo, son representantes de la mayoría social del país, por ejemplo, en los territorios en los que ha arrasado el PP: Madrid, Castilla-León? O, dicho de otro modo, ¿en qué sentido puede ser el PP representante de «la mayoría social» en la Comunidad Autónoma Vasca donde, ni siquiera ha sido la lista más votada en dicha comunidad, sino, más bien, botada? Lo único que puede pasar en el Parlamento es que haya más votos en contra del PP que a su favor. Y, tanto en un caso como en otro, la mayoría social, como entelequia que es, guardará silencio. Quien tenga la pretensión de representarla de forma exclusiva y excluyente hará el ridículo. Sabrá bien que esa mayoría social aludida no significa lo mismo si la aplica a los intereses sociales y políticos de la población que votó a esos partidos.

Reivindicar la lista más votada es propio de las élites; optar por la mayoría social, rasgo común de las izquierdas. Pero, ni la primera rige el sistema electoral del país, ni la segunda hay por dónde pillarla. Lo que sí hay, y de lo que nos alegramos enormemente, es de la existencia de un bloque político parlamentario que abomina del PP; al menos, por ahora. Pero de eso a afirmar que este «bloque progresista» conforma la mayoría social del país hay un trecho. Reducir la mayoría social del país a la presencia de los políticos actuales del Parlamento es una torpeza política.

Seguro que la mayoría social del país no es de derechas, sí conservadora, que no reaccionaria. Aun así, ¿creen, ustedes, que el PSOE, pongo por caso, representa la mayoría social de España? Solo la presbicia política puede llevar a los socialistas a caer en semejante espejismo. De hecho, ante las negociaciones con los partidos catalanistas con objeto de conseguir su voto para nombrar a Sánchez, su actitud, entre soberbia y altiva, ha vuelto a asomar en algunas declaraciones. No solo se ha criticado la tibieza de los independentistas catalanes, sino que se ha presentado de «inexcusable obligación» el voto favorable a Sánchez. Más todavía. He llegado a leer que «si esto no sale a flote, contraerán no solo una grave responsabilidad con el país, sino que serán culpables del cataclismo político y social que podría acarrear a España si el contubernio PP y Vox se hace realidad». Permítanme decir que, si esos partidos conforman parte de esa aludida «mayoría social», es justo que rentabilicen los votos que obtuvieron en estas elecciones en función de esa mayoría-minoría. Si el PSOE tuviera mayoría parlamentaria per se, no hubiese hablado de mayoría social. Y lo que, ahora, está haciendo el PSOE es comprar unos votos. Y, quien compra, debe paga. A no ser que haga como Roma con los traidores. Y no será, desde luego, por falta de palabras para justificar lo injustificable. Los partidos políticos no están obligados a sacar las castañas del fuego al PSOE. En todo caso, ese «favor» se lo harían al país, no a un partido. Y, si el PSOE cree que sí, que lo merece por considerarse el único y exclusivo representante de esa aludida mayoría social, entonces, será cuando habrá un problema de intendencia y de reparto. No es cuestión de vender el alma al diablo, sino de pragmatismo y respeto a una ciudadanía que ha votado contra el PP.

Si París valió una misa, ¿algo tendrá que «costar» la presidencia de gobierno, no? Máxime, si se pretende que así se satisface a una mayoría social. Así que, desde esta perspectiva, quien debería sentirse obligado a actuar y contemplar sin líneas rojas las peticiones de esos partidos independentistas –que seguro que no rompen España en mil pedazos, pues ya está más divida que un puzle–, tendría que ser el PSOE.