Los últimos acontecimientos en la ciudad de Ceuta con miles de menores cruzando la frontera entre Marruecos y España a nado, nos recuerdan que la frontera sirve como arma de presión para desbordar un país. Mohamed VI y su Gobierno están acostumbrados a utilizar el tema de la inmigración cuando quieren conseguir un objetivo político.

El ingreso del presidente saharaui Brahim Gali por covid-19 ha sido interpretado por Marruecos como un acto hostil a sus relaciones con España. También se ha desatado una crisis con Alemania a consecuencia de su postura en el Consejo de Seguridad contraria a la flagrante violación que hizo la administración Trump sobre la cuestión palestina y saharaui. Reconocer en su momento la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos. Esta deleznable decisión ha envalentonado a Marruecos hasta el punto de exigirle al Gobierno español explicaciones sobre la acogida de Brahim Gali en su territorio.

Desde el chantaje no se puede desarrollar una relación diplomática. Los saharauis están y estarán siempre luchando por su libertad, ningún país puede cuestionar la lucha de un pueblo por sus derechos recogidos en múltiples resoluciones de la ONU.

El exilio, la diáspora y el refugio es una cara innegable de una invasión militar llevada a cabo por Marruecos en 1975 en contra de la voluntad de los saharauis, dejados a su suerte por parte de España. En su momento se violó la solicitud de Kurt Waldheim, secretario de las Naciones Unidas en aquel entonces, cuando pidió la entrega del territorio al máximo organismo internacional. Hoy, cuando vemos la llegada masiva a Ceuta de miles de marroquíes, sabemos que esta decisión responde a una presión política, el uso de seres humanos para crear tensión y obligar a una negociación.

Lo vivimos en el caso de Aminetu Haidar, el caso de Sultana Jaya y el grupo de presos políticos de Gdeim Izik. Marruecos presiona con el tema de la colaboración antiterrorista, el tráfico de drogas y se salta las normas básicas sobre los derechos humanos. El rey de Marruecos ejerce un poder absoluto en la economía y la política de su país. La sociedad civil marroquí es inexistente y vive en medio de una represión total. El caso del vendedor de pescado Mouhcine Fikri, del activista Nasser Zafzafi y el movimiento 20 de febrero nos enseñan que no hay lugar para la disidencia en este país.

No podemos confiar nuestras relaciones a los caprichos de un sistema político que no admite la libertad de sus ciudadanos. La comparsa que intenta hacer el Parlamento y los partidos políticos es nula ante la intervención del palacio real en todos los asuntos cruciales. No se puede sacrificar el futuro de un país en un conflicto militar en el Sahara Occidental. Despreciar el referéndum y buscar como solución una autonomía dentro de una monarquía absoluta es una ecuación imposible que nos llevará hacia un escenario apocalíptico.

Marruecos tensa las cuerdas con sus vecinos, intenta asediar las ciudades de Ceuta y Melilla, ocupa ilegalmente buena parte del Sahara Occidental, amenaza a Mauritania con ocupar la ciudad saharaui de Lagüera y mantiene la frontera cerrada con Argelia. Todos estos hechos nos llevarán a una mayor escalada, cuyas consecuencias son incalculables.

La firmeza de cada país y un liderazgo político sólido son el ingrediente determinante que nos pueden llevar a una solución digna para todas las partes, una solución que garantice el futuro de los pueblos de esta región a vivir en paz.

La autodeterminación es innegociable en términos de soberanía. Quienes llevaron al pueblo saharaui a este callejón sin salida están obligados a devolverle la dignidad arrebatada en 1975, su derecho a vivir como nación libre sobre su tierra.