Como consecuencia de la crisis financiera que se inicia en septiembre de 2008 y de su pésima gestión por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, a menudo bajo la presión de la Troika y de los mercados financieros, varios países de la eurozona se enfrentan actualmente a una elevada deuda pública. Si Grecia representa el caso más llamativo, con una deuda pública que alcanza el 177% del PIB, otros países como Francia y España se acercan al 100% del PIB (95% y 97% respectivamente), lo que representa una losa para sus economías puesto que el pago de la deuda y de sus intereses representa una parte creciente de sus presupuestos. Ante esta situación, es preciso preguntarse sobre las maneras de reducir dichas deudas. Podemos distinguir cinco modalidades.

La primera consiste en proceder al pago de la deuda, lo que exige conseguir superávits fiscales que permitan reembolsarla de manera progresiva. Estos recursos provendrían de los excedentes primarios, es decir, del saldo de los ingresos y gastos de un Estado independientemente de los intereses de su deuda, y, en su caso, de las privatizaciones. Es la solución privilegiada por las instituciones europeas. El problema es que esta solución, que implica el incremento de la presión fiscal y la disminución del gasto público, tiene un efecto depresivo sobre la actividad económica.
Incluso en el caso de que se consigan dichos excedentes primarios, estos deberían mantenerse durante un largo periodo. El pacto de estabilidad prevé que los países europeos deberían mantener unas políticas de austeridad durante veinte años para que surtan efecto, lo que sería un esfuerzo sin precedentes. Como lo pone de manifiesto Sandra Moatti, los únicos países que lo han conseguido a lo largo de la historia contemporánea se han beneficiado de circunstancias excepcionales que fueron independientes de su voluntad. En cuanto a la venta de activos públicos, su contribución al desendeudamiento sería limitada, además de circunscribirse en el tiempo.

La segunda opción implica la renuncia al reembolso íntegro de la deuda. Como subraya Norbert Gaillard, no es ninguna excepción puesto que, «a lo largo del siglo XX, 94 países se han encontrado en una situación de cesación de pagos». Esa renuncia puede hacerse de diferentes formas, sabiendo que la más radical consiste en repudiar las deudas declarándolas ilegítimas. Esa opción afecta notablemente a la reputación del Estado en cuestión e imposibilita durante varios años su acceso a los mercados financieros externos. A su vez, ese país se enfrenta a medidas de retorsión, sobre todo comerciales, y el debilitamiento de los bancos (que pierden generalmente el acceso a los mercados financieros internacionales) corre el riesgo de provocar fuertes turbulencias en la economía nacional.
En el caso de los países miembros de la eurozona, ese tipo de medidas podría propiciar su salida del euro. Dado que la deuda pública es un activo utilizado para garantizar el riesgo de crédito por la parte a la que se concede un préstamo, sirve a los bancos para refinanciarse ante el BCE y éste no puede aceptar la deuda de un país en cesación de pagos.

La tercera vía se traduce por la reestructuración de la deuda pública, lo que supone una negociación de la deuda con los acreedores. Esta reestructuración es diferente si la deuda se encuentra entre las manos de agentes privados o públicos. El primer caso supone un problema adicional, dado que el número de acreedores con los cuales es preciso negociar es notable y estos se encuentran diseminados en todo el mundo. Además, como indica Moatti, unos inversores recalcitrantes pueden bloquear la negociación o crear una inseguridad jurídica para el Estado. En ese caso, la solución consiste en inscribir una «cláusula de acción colectiva» en los contratos de deuda, lo que obliga a todos los acreedores a aprobar las modalidades de reestructuración eventual consentidas por la mayoría de ellos. No en vano, la reestructuración representa un riesgo para los países en los que existen estrechos vínculos entre entidades bancarias y Estados, como sucede en Europa: una reestructuración conduce a una crisis bancaria porque los bancos detienen activos públicos, lo que exige su recapitalización. Según Sylvain Broyer, «la cesación de pagos solo es interesante para un Estado si afecta principalmente a los acreedores extranjeros».

El segundo caso es diferente ya que la reestructuración puede tomar diferentes formas: el aplazamiento del vencimiento de la deuda, la reducción del tipo de interés o la disminución del préstamo a devolver. De hecho, unos acreedores públicos pueden decidir renunciar, pura y simplemente, a una parte de la deuda, a la imagen de lo que ya hizo la Troika con Grecia.

La cuarta vía implica monetizar las deudas. Esta opción consiste en permitir al Banco Central Europeo comprar la deuda pública de los Estados miembros emitiendo moneda. Es precisamente lo que han hecho y continúan haciendo los bancos centrales de Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón a lo largo de los últimos cinco años en el marco de sus políticas de quantitative easing. Así, la Reserva Federal detiene el 16% de la deuda estadounidense, el Banco de Japón posee el 22% de la deuda de su país y el Banco de Inglaterra es propietario del 24% de la deuda del Reino Unido. Según McKinsey, si prosigue con su política actual, el Banco de Japón poseerá el 40% de la deuda nipona dentro de tres años.

Es suficiente que los bancos centrales mantengan esa deuda de manera perpetua para neutralizarla totalmente. Dado que los intereses de estos bonos estarán reservados a los tesoros nacionales, esa deuda no supondrá ningún coste para el Estado. A pesar de las reticencias de ciertos países, el Banco Central Europeo privilegia esa opción dado que, en el programa anunciado en enero de 2015, el BCE y los bancos centrales nacionales se comprometen a adquirir alrededor de 900 mil millones de bonos públicos durante dieciocho meses, lo que se suma a los 150 mil millones ya comprados.

La quinta y última modalidad consiste en mutualizar las deudas. Significa transferir una parte de la deuda de los Estados a una entidad europea. Los préstamos concedidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y posteriormente por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) obedecen a esa lógica. Así, el MEE presta a los Estados y se financia emitiendo bonos en los mercados a una tasa de interés más baja, puesto que se beneficia de la garantía de todos los países. Como subraya Moatti, varias propuestas han sido formuladas en ese sentido pero se enfrentan a la oposición de ciertos países, especialmente a la de Alemania. De hecho, si la mutualización de la deuda permitiera a los Estados más endeudados reducir su deuda, aumentaría la de los Estados que pagan actualmente menos intereses. Además, implicaría necesariamente un control creciente de las políticas internas de los Estados, lo que exigiría una mayor integración política, a la que se oponen a menudo los jefes de Estado y de Gobierno y las opiniones públicas.