Estando como estamos en el 90 aniversario de la proclamación de la II República, permítaseme hacer una aportación al debate.

Dice el refrán que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso mismo le pasa a la monarquía, cualquiera que sea, aunque aquí me refiera a la española,  que se puso el vestido de la democracia, o se lo pusieron para que pareciera otra cosa diferente a lo que en realidad era, y es, aunque lo esconda. Claro que tal travestismo es sólo engaño, pues la monarquía, parlamentaria o no, es, por definición,  a priori, por naturaleza, esencialmente incompatible con la democracia. Otra cosa es que, de hecho, existan monarquías que parasiten sistemas democráticos con pretensión de compatibilidad.

La monarquía no tiene fundamento democrático reconocible alguno. Independientemente de su origen histórico, lo cual nada interesa en cuanto a su legitimidad, es la institucionalización de la tradición secular de imponer a una persona sin valor ni mérito sobresaliente alguno, en la jefatura de un Estado, por el simple hecho de ser descendiente de alguien que a su vez estaba impuesto por tradición hereditaria, remontándose esa línea sucesoria a la oscuridad de los tiempos, incluso a la eternidad, al creerse de origen divino, algo totalmente incompatible con la esencia democrática. Si el discurso o lógica monárquica es algo así como: «Mi cargo, es, existe, y debe seguir existiendo trasgeneracionalmente, sin legitimación democrática alguna, por ser lo absolutamente otro, lo trascendente, de substancia no cuestionable por la razón humana ni sometible a prueba de legitimación mundana». Entonces, por ser la antítesis de la democracia, no la podemos refrendar mediante un acto democrático, está fuera de esa lógica.

Es decir, está fuera de lógica democrática apelar a la quintaesencia del ejercicio democrático del referéndum para decidir si lo esencialmente ilegítimo se puede convertir en legítimo por decisión mayoritaria. Al proponerse como una opción, la celebración de ese referéndum sería como dar carta de legitimidad democrática a lo que no la tiene, como intentar convertir lo irrazonable en razonable, lo sinsentido en comprensible.

Y tal blanqueo de lo más oscuro sería un regalo tanto si el resultado es positivo como si es negativo pues, al hacerla elegible, se la está considerando opción legítima. Deberíamos tener en cuenta que, al ser consideradas ambas opciones legítimas (monarquía y república), si un hipotético referéndum ofreciera un resultado a favor de la monarquía, ello supondría una aceptación de una figura que va a dejar en herencia la jefatura de Estado durante un tiempo indefinido, con su quebrantamiento del principio de igualdad, aunque ese referéndum pueda ser retomado de nuevo. Igualmente, si el resultado fuera a favor de la república, ello significaría que la mayoría de la ciudadanía ha optado, en ese momento y lugar concreto, por otra opción diferente a la monarquía, pero que ésta seguiría siendo opción retomable en otra ocasión. Demasiada concesión a la institución real, situada, democráticamente a priori, fuera del mundo de las opciones elegibles, fuera de los límites de lo democrático, fuera del sistema. Es como si concediéramos al franquismo, al nazismo o al fascismo la posibilidad de legitimación por mayoría. Lo que por definición es antidemocrático no puede reconocerse, admitirse como opción, ni siquiera por unanimidad.

Es más, tal referéndum no debería ser aceptado por la propia monarquía por serle ajeno, pues le supondría un cuestionamiento de su no-legitimidad (por auto considerarse a sí misma principio-dogma incuestionable),  un desprestigio, una humillación, al avenirse a ser sometida a escrutinio de la plebeya decisión popular.

Ese referéndum podría parecer un acto de suprema democracia, pero teórica y realmente no sería otra cosa que la apertura de un boquete en los principios democráticos por el que después se podría colar hasta un referéndum a favor de desprender de dignidad a la gente bajita, o a ciertos grupos étnicos, o de meter en la cárcel a los que piden referéndums. Hay decisiones que no son aceptables ni por unanimidad, por ser contradictorias con los principios. Este planteamiento no es autoritarismo sino las reglas del juego propias de la democracia, que se sustenta en los principios morales de los derechos humanos, que a su vez se sustentan en el acuerdo social que subyace a la democracia, aunque no se cumpla de hecho, y cuyo primer principio es la igualdad. La monarquía supone, precisamente, ponerse por encima y antes de ese principio. Redundando en los ejemplos de asuntos fuera de cuestión, ¿Sería aceptable un referéndum por la eliminación del derecho a la libertad de expresión o a no ser torturado?

La democracia no se basa en la mayoría, sino en unos principios morales irrenunciables que en caso de ser arrumbados nos metería directamente en la barbarie. Y cada vez que se orilla o conculca uno de los derechos humanos se está practicando una barbarie, más o menos grave. Por eso mismo se puede decir que nunca hemos vivido una época íntegramente civilizada, porque vivimos en un mundo en el que el respeto estricto a los derechos humanos va por barrios y es sólo parcial, incluso en el mundo supuestamente civilizado, Europa incluida, que camina últimamente en sentido contrario al que debería.

En resumen, a la monarquía no se le puede conceder tal honor, lo que propiamente le corresponde es invitarla a desaparecer, no solo por trasnochada, que eso es cosa de gustos, sino porque carece de legitimidad y carecerá siempre. Y si no quiere desaparecer motu propio es cuestión de echarla pacíficamente, pero después de entregar el traje de seda  que nunca le ha correspondido.

Supongo que de este razonamiento se infiere que la única alternativa legítima que queda es una auténtica democracia republicana.