Cuando se habla de financiar las instituciones de la Sanidad Pública, para superar la crisis de atención sanitaria, son muchas las personas y fuerzas sociales que olvidan la doble cotización realizada por las clases trabajadoras y la fuga de recursos sanitarios, a causa de la deficiente gestión en el tratamiento del coste de las enfermedades que más tarde son reconocidas por el INSS como enfermedad profesional. Opino que, al estar aseguradas dichas enfermedades en la Contingencia Profesional, es decir, por las cotizaciones realizadas durante la vida laboral por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, los costes deben ir a cargo de la mutua y no a cargo de la Sanidad Pública. Me consta que Osakidetza trasladaba a las mutuas, los gastos sanitarios y hospitalarios derivados de accidentes de trabajo traumáticos. Tengo más dudas acerca del caso de accidentes de trabajo no traumáticos, pero estoy convencido, salvo que demuestren lo contrario, que los importantes gastos hospitalarios y sanitarios generados por el cáncer profesional, la asbestosis o silicosis no se derivan a las Mutuas, entidades que gestionan las cotizaciones profesionales. Recuerdo que hace 22 años ingrese en el Hospital, tras ser atropellado por un automóvil que no respeto el ceda el paso, a las 7:15, cuando acudía a mi actividad laboral. Rápidamente me preguntaron por la Mutua que cubría mi prestación de accidente de trabajo y por el seguro de la moto, para imputarles los gastos hospitalarios. Me pareció perfecto, aunque me sorprendió la celeridad con la que actuaron, mayor que mi propia reacción para declarar el siniestro como accidente de trabajo.

Aunque la mayoría de las enfermedades de origen laboral quedan ocultas como comunes, el año pasado se registraron 25.678 enfermedades profesionales en el Reino de España, más de la mitad sin baja, entre ellas 94 cánceres y 945 enfermedades respiratorias. En Euskadi, 3.343 enfermedades, incluidos 45 cánceres, la gran mayoría derivadas del amianto inhalado. Entre enero y agosto de 2024, son 18.206, con 2,163 enfermedades y 31 cánceres en nuestra comunidad, cifras que aumentan sin cesar, generando un problema social del cual Confebask no quiere hablar, ocultándolas como absentismo. Pero estas cifras solo representan la cresta del iceberg, dado que, la mayoría de las enfermedades de origen laboral, quedan ocultas, debido al incumplimiento del Real Decreto 1299/2006, por la mayoría de los profesionales sanitarios que se resisten a «comunicar sospecha», tras el diagnóstico de una enfermedad incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales con posible origen laboral, que generaría una investigación de Osalan acerca del posible riesgo laboral y que, finalmente, el INSS resuelve. También ayuda a la ocultación de estas, la actitud pasiva de la mayoría de sindicalistas, olvidando en su actividad la importancia de visualizar el daño y lograr las prestaciones de enfermedad profesional, incluida la reparación por daños, al ser derivadas de las precarias y nocivas condiciones de trabajo. Si no se visualizan las enfermedades, modificando las condiciones, otros enfermarán por la misma causa en el centro de trabajo.

Resulta extraño pensar que un trabajador enfermo de cáncer pulmonar, pleura, fosas nasales, laringe, vejiga o próstata..., vaya a acudir a la mutua para ser tratado con quimioterapia o para una intervención quirúrgica del tumor. Acude a Osakidetza, a Osasunbidea u otras instituciones públicas. Cuando digo trabajador o trabajadora incluyo a las personas jubiladas a las que se les concede una incapacidad absoluta o total, incluidas las prestaciones de viudedad, tras el fallecimiento a causa de un cáncer profesional o neumoconiosis (asbestosis, silicosis u otra enfermedad respiratoria) Una vez reconocida la prestación por el INSS y el origen de la enfermedad, Osakidetza no debe asumir los costes hospitalarios y sanitarios generados por dicha enfermedad. Si los gastos no se imputan a la mutua correspondiente, deja al descubierto su deficiente gestión, o posible complicidad con las mutuas, para ir desmantelando la Sanidad Pública. La persona enferma o fallecida cotizó durante su vida laboral a la contingencia profesional, por tanto, está asegurado y la contingencia profesional debe asumir el coste de la prestación de incapacidad y los gastos sanitarios generados a la Sanidad Pública.

Algunas enfermedades profesionales no generan especial gasto sanitario, otras requieren ingreso hospitalario o intervención quirúrgica: epicondilitis, tendinitis, túnel carpiano... Los cánceres de pulmón y otras enfermedades respiratorias generan considerables costes por sus ingresos hospitalarios. Un estudio realizado por Osalan en 2008 cifró en 106.056.881 euros el sobrecoste que asumía Osakidetza a causa de las enfermedades laborales. Se puede discutir las cifras, pero sin duda, representan valiosos recursos que podrían mejorar las condiciones de trabajo de las personas empleadas en Osakidetza.

Alberto Martínez, nuevo consejero de Salud del Gobierno Vasco, debe abordar con urgencia esta problemática, al igual que las fuerzas sindicales y sociales, dado que supone la pérdida de importantes recursos económicos, uniendo ello la exigencia de cumplimiento del R. D. 1299/2006 por parte de los profesionales sanitarios. Con ello mejoraría la prevención de los riesgos en las empresas, evitando las enfermedades profesionales tantas veces ignoradas, y se dispondría de mayores recursos para la atención primaria. Es cierto que con la enfermedad profesional no es posible actuar con la misma celeridad y automatismo que con el accidente de trabajo, en tanto requiere su reconocimiento previo por el INSS, tras una investigación de los riesgos por Osalan o la Inspección de Trabajo y el informe del EVI. Una vez reconocidas, a cuyos datos accede la Inspección Sanitaria, los costes hospitalarios generados deberían ser imputados automáticamente a la mutua que gestiona las cotizaciones de AT y EEPP.

Podéis enviarnos vuestros artículos o cartas vía email a la dirección iritzia@gara.net en formato Word u otro formato editable. En el escrito deberá constar el nombre, dos apellidos y DNI de la persona firmante. Los artículos y cartas se publicarán con el nombre y los apellidos de la persona firmante. Si firma en nombre de un colectivo, constará bajo su nombre y apellidos. NAIZ no se hace cargo de las opiniones publicadas en la sección de opinión.