La idea no es mía y la oí a un literato en una emisión radiofónica. Como sucede con frecuencia, no es desde el conocimiento académico especializado desde donde se descubre mejor el funcionamiento de nuestra sociedad. La intuición que acompaña a los creadores de la palabra muchas veces expresa las señales que sirven para mejor conocer nuestra sociedad. Decía este anónimo, con nombre, literato que la pandemia del coronavirus nos ha servido para fotografiarnos a las personas en nuestros comportamientos y a las administraciones y responsables políticos en el ejercicio de sus responsabilidades. Ahora me interesa detenerme en este último aspecto.

En primer lugar para hacer una consideración de principio. Se oye con frecuencia que no es momento para las críticas y que hay que remar a la vez. Ciertamente el remo en Euskadi remite a un ejercicio en equipo. Pero no podemos olvidar que la excepción no permite ni aconseja olvidar que con ella no se suspenden los principios democráticos. A su vez, los derechos de las personas y el funcionamiento de las instituciones pueden sufrir modificaciones, aunque siempre respetando que así esté previsto legalmente y que las modificaciones que se produzcan respeten el principio de proporcionalidad.

La actuación de las autoridades públicas vascas, con su intervención en la pandemia, me ha producido vergüenza, porque la vergüenza es el sentimiento que surge en las personas cuando sienten que el país con el que se identifican no actúa debidamente, conforme a los principios políticos y comunitarios que fundamentan su existencia.

Entre las cuestiones que me han sorprendido ha estado la falta de transparencia en la información que se nos ha facilitado. La vida es el principal derecho de las personas, lo que provoca nuestro interés y preocupación cuando fallecen personas de nuestro entorno, sean conocidas o no. Pues bien, si tuviéramos interés en saber cuántas personas han fallecido en nuestra ciudad, en concreto en las residencias de personas mayores, nos encontraríamos con que las autoridades locales afirman que las residencias no son de su competencia. Las forales, que son las competentes, dicen que dan los datos mensualmente, aunque fallezcan decenas de personas diariamente. Y el Departamento de Sanidad responde a una pregunta de la prensa que no dan datos desglosados. Al día siguiente aparecen los datos filtrados a un periódico, siempre al mismo, como me comenta un amigo. Es un pensamiento extendido que muchas personas han fallecido en las residencias en total soledad. En algunos casos, con una información muy escasa la facilitada a los familiares. Parece ser que hasta la fiscalía ha intervenido.

Por mi trabajo conozco a expertos universitarios de gran valía intelectual, profesional y personal, con un compromiso absoluto con la cosa pública. Ante la pandemia que vivimos ofrecen sus conocimientos y medios de investigación para colaborar en hacer los test necesarios, todo ello de manera desinteresada. Logran que el Instituto Carlos III de la Universidad valide sus métodos, lo que les habilita para poder realizar esa actividad. Cuál no es mi sorpresa cuando compruebo que ese generoso ofrecimiento de los investigadores no es utilizado por la Administración competente, Osakidetza y el Departamento de Salud, y la prensa se hace eco de prohibiciones de hablar a los investigadores, de acuerdos UPV/EHU-Salud del Gobierno vasco que desconocemos, de explicaciones en la prensa que provocan más dudas que despejan interrogantes.

La respuesta a la pandemia requiere limitaciones de los derechos de la ciudadanía. No hay duda, hay que aceptarlas. Esas limitaciones están siendo respetadas por la ciudadanía, a pesar de que algunas de ellas no sean razonables y desde luego necesarias. Los poderes públicos tienen diferentes formas de hacer efectivas esas limitaciones. Según los ámbitos y situaciones puede ser aconsejable una forma u otra de actuación. El Gobierno español ha optado por un planteamiento «militarista» en la respuesta a la covid-19, deudor de otras finalidades políticas, y basado de forma acentuada en la intervención policial. El Gobierno vasco y algunas autoridades locales no han sido ajenas a esta forma de contemplar la respuesta a las necesidades que aplicar la política de confinamiento conllevan. A pesar de su dificultad, que es evidente, la educación, solidaridad y autorresponsabilidad de la ciudadanía tenían que haber sido los principios sustentadores de la intervención pública, no el miedo, la amenaza y la sanción. Cuando se opta por esto último son inevitables los excesos e inaguantables las justificaciones.

La situación provocada por la covid-19 me ha producido una preocupación democrática. Las carencias manifestadas por nuestras instituciones son inversamente proporcionales a la responsabilidad manifestada por la ciudadanía. Los servicios públicos han puesto al aire sus vergüenzas. Los fondos buitre, y otros de nombre más dulce, controlan económicamente las residencias, y además cotizan en bolsa. Un reconocido periodista imaginaba que la reducción de un yogur en la dieta de los residentes podía tener reflejo en la cotización en bolsa de los propietarios de esas residencias. El debate sobre las elecciones acentúa en este momento el desasosiego. Los períodos electorales no son buenos para la verdad. Es una urgencia democrática que las instituciones públicas vascas abandonen el discurso monocorde y democráticamente asintomático de que es hora de remar juntos. Sí, es hora de remar juntos, pero respetando los derechos de las personas, incluidos los derechos a la información y a la participación democrática. No se olvide que no están en suspenso.