En Navarra muchas personas, que vienen en busca de unas mejores condiciones de vida desde otros países pobres o en guerra no tienen acceso a una vivienda, viven y duermen en la calle, debajo de los puentes o en bajeras insalubres, contagiándose de enfermedades.

Así mismo, hay familias monomarentales y personas solas mayores que malviven hacinadas en habitaciones de pisos patera por no tener acceso a una vivienda de alquiler, aunque tengan dinero para abonarla. Sufren discriminación en el mercado de las inmobiliarias, donde no se admiten personas pobres que cobren Renta Garantizada, sean migrantes o mujeres con niñas y niños. La escasez de promociones de vivienda pública no cubre sino una irrisoria parte de la demanda.

Así, el 14 de marzo del año pasado, el Defensor del Pueblo instó al Gobierno y al Ayuntamiento a que adoptaran medidas para garantizar el alojamiento y la manutención de personas sin hogar, como indica la Cartera de Derechos Sociales de Navarra, con una dotación de recursos y plazas suficientes, pero no se ha hecho. Estamos a las puertas del invierno y no hay prevista una solución habitacional para acoger a las personas sin hogar. Este invierno pasado hubo que habilitar el albergue municipal de peregrinos de Jesús y María desde el 5 de enero hasta el 31 de marzo y se cubrieron alrededor de 140 plazas. Resultó ser muy tarde el 5 de enero, las personas sin hogar sufrieron mucho hasta esa fecha.

El que Navarra figure como la comunidad con menos rango de pobreza nos sitúa en una buena perspectiva, aunque la crisis habitacional sea muy importante. Nunca se destina suficiente dinero en presupuestos para conseguir vivienda, como si nos hubiéramos achicado ante las más de 16.000 solicitudes de alquiler, sin atender. Pero hemos de asumir la dimensión social del problema de la vivienda y su vinculación a la pobreza. La falta de acceso a una vivienda perpetúa la pobreza, genera enfermedad y un deterioro físico y psíquico de las personas afectadas, incluso la muerte en algunas ocasiones.

Por ello, apelamos a la voluntad política para realizar un pacto humanitario que persiga movilizar vivienda y diseñar itinerarios de inclusión para todas estas personas afectadas por una exclusión residencial y social grave.

Mientras tanto, resulta prioritario tener recursos residenciales para acoger desde hoy a las personas en situación de calle y que sepamos, ni gobierno ni ayuntamiento de pamplona tienen ningún sitio habilitado para hacerlo. Hay alternativas, como pueden ser el edificio del Seminario o el de Madres Apostólicas en Avda. Galicia, o el albergue de Jesús y María. Se necesita un lugar donde dormir, donde comer, donde asearse, donde lavar la ropa y cargar el móvil, el centro San Miguel de Caritas permanece cerrado desde junio. Con una repercusión gravísima, porque atenta contra los niños y niñas menores de edad, falta un sitio donde acoger a familias con menores que duermen en coches o son rescatados en último momento por la administración y ubicados en hostales. A cuatro de estas familias hemos acompañado recientemente, Adela, su padre y su chaval todavía duermen en Tudela en el coche después de seis meses, recibiendo llamadas amenazantes de intervenir con el menor, no de facilitar un contrato de vivienda, que ellos pueden pagar. Otra familia, ella embarazada de ocho meses y con una niña de 6 años, viven en un hostal desde hace más de dos meses, sin empadronar, sin ingresos, con miedo.

Si dificultad de acceder a una vivienda y pobreza van de la mano, si en el mercado privado de inmobiliarias y seguros se discrimina por aporofobia, racismo y género, resultando una vulneración del derecho fundamental a la igualdad la que están sufriendo muchas personas en Navarra, la urgencia en políticas públicas que alivien las situaciones de vivienda y pobreza está ahí y el reto a gestionar esta falta de equidad con criterios justos, eficientes y objetivos también. La pobreza no se supera con caridad.

El caso es que para todo ello la administración pública debe habilitar ya, a corto plazo, porque el invierno está aquí, recursos habitacionales para todas las personas que se hallan en situación de calle, y a la parte social del acompañamiento deben sumarse algunas medidas y políticas sociales sobre la vivienda vacía en Navarra para movilizar vivienda de alquiler al mercado. Junto a ello, hay que aumentar las viviendas públicas (o en gestión pública) destinadas al alquiler social para cubrir el 10% de la demanda existente que viene a ser el cupo necesario para atender la exclusión habitacional y social grave, en esta legislatura. La situación de las familias que viven hacinadas en pisos patera, requiere un censo y controlar el mercado opaco de alquiler de habitaciones y padrones. Por último, los seguros no pueden vetar a quien cobra renta garantizada, por lo que hay que intervenir en el sector privado de seguros e inmobiliarias para evitar la discriminación y la vulneración del derecho a la igualdad, porque hemos de recuperar la función social de la vivienda.