A raíz de la VII Encuesta Sociolingüística de la CAV, se han publicado una serie de artículos que constatan un incremento en el conocimiento del euskera, que no se refleja en su uso habitual. Es decir, objetivamente, está mejor que nunca, pero, subjetivamente, nuestra lengua se encuentra en una situación preocupante.

Hoy, el sistema autonómico permite el aprendizaje, pero carece de una política adecuada para fomentar su uso, que es el verdadero problema del euskera.

Hagamos un poco de historia. Cuando el euskera estaba prohibido por el Estado franquista, amplios sectores populares se rebelaron contra esta opresión, en un ambiente de lucha de liberación nacional y social, que dio sus frutos: movimiento pro ikastolas, música, bertsolarismo, prensa, libros, cine, teatro, etc.

Tras la muerte de Franco, se introduce el euskara en la escuela estatal transferida y se lucha contra la implantación de los modelos A y B, especialmente en Araba. La exitosa lucha de Tokieder ("Modelos fuera, enseñanza en euskera") estuvo motivada por la prohibición de que los castellanohablantes tuviesen la posibilidad de euskaldunizarse.

Sin embargo, en la actualidad, los impedimentos que dificultan su uso son más sutiles. La labor del Estado en esta situación no es evidente, pero está omnipresente. Y, por ello, tenemos una mayor dificultad para desenmascararla; dado que, en una gran medida, la hemos interiorizado. La aparente libertad (“si quiero, lo hablo; si no quiero, no lo uso) es falsa.

Ante este panorama, lo primero que tenemos que visibilizar es que no estamos ante una situación de bilingüismo, sino de diglosia: el español es la lengua oficial impuesta por el Estado y el euskera no es la lengua de otro estado, sino la de un país dominado.

En situaciones de conflicto (o posible conflicto), siempre tenemos tendencia a situarnos del lado del opresor, hablando la lengua dominante. Por ejemplo, el temor a ser rechazado socialmente (a tener problemas) por el uso del euskara, no procede de aquellas personas que dicen «lo siento, no sé euskera»; sino de aquellas que nos dicen «háblame en español», con clara actitud de dominio.

En resumen, aparentemente, tenemos libertad de elección. Pero esta no es tal porque elegir supone hacerlo entre elementos homogéneos, iguales. Y no entre dominante (español) y dominado (euskera) como sucede en Euskal Herria.

Los únicos bilingües son los euskaldunes; de ahí el permanente conflicto con los monolingües que defienden el español.

Romper con esta situación de diglosia y hacer justicia, supone apostar con coraje y decisión por el uso de la lengua dominada y enfrentarte (hacer frente) a la lengua del Estado: la lengua del aparato judicial, de la Administración, de la Policía, del Ejército, de los mass media, etc.

¿Cómo invertir esta situación? Si bien siempre hay una responsabilidad individual, al tratarse de una cuestión política y social como es la lengua, la verdadera responsabilidad recae sobre la administración autonómica en los siguientes aspectos:

a. Hacer ver a la sociedad en su conjunto la grave situación en la que se encuentra el euskera, así como sus causas y efectos.

b. En esta misma línea, incidir en la juventud que conoce la lengua y no la usa y, especialmente, en el sistema educativo. Que el profesorado, a través de un diálogo permanente, indague las verdaderas razones por las cuales las y los estudiantes no se relacionan en euskara y ponerlos en situación para que lleguen a ser conscientes de que las resistencias y temores al uso del euskera se deben, esencialmente, al temor a posibles situaciones de conflicto con los monolingües español-hablantes.

c. Incidir, desde esta perspectiva, en la euskaldunización de adultos.