Han pasado los años y el recuerdo sigue intacto. Por encima de las desmemorias, resuena la voz rugosa de Ugarteko en la radio del operativo, «entren al callejón con todo lo que tenemos», y el callejón se llenó de uniformes y de disparos y de chavales que corrían por la acera donde aún se dibuja la silueta inmortal de Iñigo Cabacas. Atrás queda una década de laberintos judiciales, condenas raquíticas, encubrimientos e iniquidades. «Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías», dijo un mando de la Policía española en los sanfermines del 78 con la misma impunidad y resultados igualmente necrológicos. La historia de nunca acabar.

La muerte de Cabacas podría haber pasado por un accidente si los síntomas previos no hubieran sido tan visibles e inquietantes. Una semana antes, Xuban Nafarrate cayó herido en Gasteiz durante una carga de la Ertzaintza. Aún nos silbaban en los oídos los pelotazos enajenados del desalojo de Kukutza. Rodolfo Ares había prometido una metamorfosis en la Policía autonómica y organizaba operaciones de gran estruendo a la hora de Teleberri. «En una zona de txoznas de Galdakao, la Ertzaintza ha retirado pancartas alusivas a ETA», dice la presentadora. En las imágenes, los agentes arrancan un cartel que anuncia bocadillos vegetales.

Por entonces, ELA denunciaba los matices propagandísticos de Ares y lo acusaba de haber abierto una brecha entre la sociedad vasca y la Ertzaintza. Es un modelo equivocado, sostenía el sindicato, y el eco de aquellas palabras se alarga hasta nuestros días. Modelo. Modelo. Modelo. Pero llegaron las elecciones autonómicas de 2012, Iñigo Urkullu tomó el relevo y las modelaciones no se hicieron esperar. Jorge Aldekoa, autor del dispositivo que tumbó a Cabacas, ascendió a la cúspide de la Ertzaintza para terminar dimitiendo cinco años después, cuando los tribunales señalaron las malas mañas de su equipo en aquel callejón de Indautxu.

Ahora que Urkullu cierra la puerta de tres legislaturas, ha llegado la ocasión de hacer inventario y cuenta nueva para preguntarnos por qué la autoridad se ha vuelto tan autoritaria, por qué las asociaciones policiales se han insubordinado y por qué seguimos abriendo titulares alarmantes sobre disparos de foam. En los albores de su primer gobierno, Urkullu prometía «un nuevo modelo de Policía de proximidad». La Ertzaintza, dice Andoni Ortuzar al cabo de diez años, «es una Policía de proximidad, una Policía del pueblo». Pero debajo de los eufemismos, debajo de las alfombras que esconden el polvo, la hemeroteca escupe datos de escalofrío.

Vámonos a 2015, a la mayoría abusiva de Rajoy en las Cortes españolas y a la aprobación por las bravas de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que convirtió la libre expresión en un delito imperdonable. Amnistía Internacional y Human Rights Watch pusieron el grito en el cielo, los relatores de la ONU se retorcieron indignados y el Parlamento vasco, con la oposición única del PP, se comprometió a vetar la aplicación de la norma. Casi ocho años después, sabemos que la Ertzaintza tira de Ley Mordaza una media de dieciséis veces al día. ¿Por qué la Policía autonómica desacata el mandato de la soberanía popular ratificado en las urnas? ¿A quién demonios obedece?

«Tenemos el triste honor de sufrir el 50% de las huelgas de todo el Estado», decía Urkullu hace apenas unos meses. Y es que las protestas laborales son un penoso incordio que debe sofocarse a porrazos. Lo sabe Javier Gómez, el sindicalista de CCOO que salió con el tabique roto de una concentración de trabajadores de PCB. Lo saben los cuatro hospitalizados en las huelgas del metal de Bizkaia. La Ertzaintza la emprendió una y otra vez contra los piquetes de Tubacex hasta que la Justicia anuló los despidos. Por supuesto, la triste y deshonrosa huelga tenía razón, pero ahora los huelguistas afrontan penas de prisión por resistencia a la autoridad.

Somos terreno fértil para las ironías. En 2019, entre felicitaciones de Javier Ortega Smith, la Ertzaintza acordonó un sarao electoral de Vox en el Palacio Euskalduna de Bilbao y disparó cuatro centenares de balas de foam contra la multitud antifascista. Una joven de diecinueve años, que acabó con la mandíbula despedazada, acudió a la comisaría para plantar una denuncia. La Ertzaintza le aplicó sin más tardar la Ley Mordaza. Para poner el broche, Aitor Esteban y Andoni Ortuzar llamaron «ultras» a quienes se habían manifestado contra la extrema derecha. «Al daño le sigue el escarnio», dice el refrán latino.

El foam ha regresado a la palestra de los sinsentidos tras una carga en el carnaval de Tolosa, tres denuncias y un adolescente herido que ha estado a punto de perder un ojo. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, no se atreve a responsabilizar a la Ertzaintza y se ha acogido al salvavidas de los informes forenses y las investigaciones internas. Las asociaciones policiales ya han felicitado a sus hombres por la «profesional actuación quirúrgica». Mientras tanto, en el quirófano, los médicos trataban de recomponer la retina de Xuhar. Las mismas voces que hoy celebran las cargas de Tolosa reclamaban en 2018 el retorno de las pelotas de goma.

A lo mejor es momento de abrir por fin los intestinos de un cuerpo armado donde han germinado los modales despóticos y el extremismo. ¿Qué hacían varios ertzainas de paisano entre los alborotadores ultras que increpaban al Gobierno de Sánchez? ¿Qué hacemos con el ertzaina que golpeó a una mujer migrante en la comisaría de Getxo? ¿Qué hacemos con los agentes que han hostigado al periodista Xabier Lapitz? ¿Qué hacemos con Erkoreka y los portavoces corporativos que tratan de imputar delitos de odio a los colectivos sociales a sabiendas de que Estrasburgo establece que no existe el delito de odio contra la Policía? ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién va a protegernos de quien nos protege?