El País Vasco norte carece, hoy en día, de un marco propio de relaciones laborales que permita a los agentes sociales del territorio negociar y llegar a acuerdos específicos sobre temas que afectan directamente a los trabajadores y a las empresas de Iparralde. Predomina un modelo, heredado de una cultura jacobina enraizada y de una organización político-administrativa centralizada que no confía en los agentes sociales, que defenderían supuestamente unos intereses particulares frente a un Estado francés que sería el garante del interés general, y del ámbito local, considerado como el espacio del clientelismo y de las especificidades territoriales que pondrían en peligro la igualdad de los ciudadanos galos ante la ley. Esto hace que las relaciones laborales, que se desarrollan especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se caractericen por su centralización.

De hecho, el sistema vigente actualmente conoce un impulso durante la posguerra con la creación de la Seguridad Social en 1945, el reconocimiento del derecho de huelga y el derecho sindical que figura en el preámbulo de la Constitución en 1946, la aprobación de la ley sobre los convenios colectivos, la libertad de negociación y las condiciones de trabajo en 1950, la adopción de la ley que favorece la resolución de los conflictos colectivos de trabajo en 1957, el reconocimiento por el ministerio de Trabajo de las cinco organizaciones sindicales representativas a nivel estatal en 1966, la promulgación de la ley sobre la sección sindical de empresa en 1968 o de la ley que reconoce la existencia del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva en 1971. Tras la victoria de la izquierda en 1981, el gobierno socialista facilita la aprobación de las cuatro leyes Auroux en 1982 relativas a las libertades de los trabajadores en la empresa, al desarrollo de las instituciones representativas del personal, a la negociación colectiva y a la resolución de las conflictos colectivos de trabajo, y al comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo.

Si a lo largo de los años ochenta y noventa se aprueban una serie de normas jurídicas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores (en 1989), hacer efectiva el derecho a la negociación en todas las empresas (en 1995), informar y consultar a los asalariados en las empresas (en 1996) o reducir la jornada laboral (en 1998 y 2000), las últimas dos décadas se caracterizan por una voluntad de «modernizar las relaciones laborales». Esta se traduce por la aprobación de un conjunto de leyes que pretenden relanzar la negociación colectiva en materia de despidos económicos en 2003, simplificar el derecho para permitir al Gobierno transformar el código de trabajo por ordenanzas en 2004, modernizar el diálogo social en 2007, reformar la jornada laboral en 2008, cambiar la financiación de las centrales sindicales en 2014, modificar ciertas disposiciones del derecho laboral relativas al trabajo dominical y nocturno, a los despidos colectivos y la baremación de las indemnidades en caso de despido en 2015, y reformar el código del trabajo en 2017 a través de las ordenanzas Macron.

En general, las reformas llevadas a cabo en las últimas dos décadas se traducen por una flexibilización del mercado laboral, una disminución de los derechos de los trabajadores, un reforzamiento de los acuerdos de empresa en detrimento de los convenios sectoriales, un debilitamiento de los sindicatos y un fortalecimiento de los poderes ejecutivos y legislativos en perjuicio de los agentes sociales. A su vez, apenas hay espacio para las negociaciones y los acuerdos regionales y, qué decir, para los espacios de diálogo a nivel de Iparralde.

No en vano, aprovechando la dinámica territorial creada en el País Vasco norte desde mediados de los años noventa con la nueva gobernanza implementada y los proyectos de territorio elaborados, el Consejo de Desarrollo del País Vasco norte lanza una experiencia de diálogo social a nivel de Iparralde reuniendo a todos los sindicatos y las organizaciones patronales para contemplar la creación de una entidad perenne susceptible de promover un marco propio de relaciones laborales. Esto desemboca en la creación de la asociación Diálogo Social País Vasco que es un lugar de discusión, reflexión y acción. Aspira a responder a las necesidades de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas locales estableciendo diagnósticos, actuando como un observatorio territorial, mutualizando servicios, promoviendo la formación y fomentando acuerdos colectivos territoriales.

Si la creación y la labor de esta asociación constituye un avance innegable, se enfrenta a una serie de dificultades vinculadas a una financiación insuficiente, una falta de recursos humanos, la ausencia de un marco legal protector y el escaso interés manifestado por ciertos agentes sociales, en concreto, la organización patronal Medef, porque no quiere comprometer las empresas que representa por eventuales acuerdos alcanzados, y la central sindical CGT, porque cuestiona la pertinencia de un espacio vasco de relaciones laborales y desea proteger sus intereses ante la implantación creciente del sindicato LAB en Iparralde.

Ante semejante situación y de cara a reforzar un marco propio de relaciones laborales en Iparralde, diferentes opciones pueden ser contempladas. En primer lugar, es posible fortalecer las instancias de concertación, como la asociación Diálogo Social País Vasco, dotándolas de recursos económicos y humanos suficientes que les permitan desempeñar un papel creciente en los próximos años. En segundo lugar, le ley permite la negociación y la ratificación posterior de acuerdos colectivos territoriales que incluyan diferentes empresas e incluso sectores de actividad. En tercer lugar, se puede reforzar la implantación de sindicatos como LAB en el mayor número de sectores y de empresas o administraciones para influir en los acuerdos de empresa que adquieren un protagonismo creciente a través del diálogo social y/o de la protesta. En cuarto lugar, es factible reforzar las competencias de las instituciones representativas de Iparralde vía la transferencia y/o delegación (mediante acuerdo) de competencias pertenecientes hoy en día a los diferentes niveles político-administrativos.