Patxi Zabaleta
Aralarreko Koordinatzailea

Réquiem por el fuero

La Sentencia del Tribunal Constitucional, STC, de 26-6-2014, anulando la ley foral 24/2012 se suma a la STC 208/2012 del 14 de noviembre y entre ambas conforman la doctrina constitucional de nuevo centralismo, que anula la «potestad fiscal de Navarra» y deja sin contenido digno el eufemísticamente llamado «sistema fiscal de Navarra».

Este nuevo golpe del centralismo desvirtúa especialmente toda la estructura jurídica y la superestructura doctrinal erigida para sostener el pomposamente llamado «régimen fiscal de Navarra». Para empezar, esta STC de 26-4-14 degrada la Disposición Adicional Primera de la Constitución a mera cláusula formal, pues dice literalmente que «no constituye un título competencial autónomo, del que puedan deducirse especiales competencias... y que debe entenderse e interpretarse conjuntamente con el art. 133 CE». Devalúa también los artículos 1, 2 y concordantes del Convenio Económico, cuyo contenido literal desprecia en sus conclusiones, por ejemplo en lo que respecta a la facultad de Navarra de crear figuras impositivas diferentes de las del Estado, que esta STC prohíbe.

La STC de 26-6-14 desarrolla una especie de dependencia jurídica obsesiva para con la STC 208/12, a la cual menciona hasta 16 veces además de otras 2 veces su voto particular, lo que constituye un síntoma inequívoco de la decisión de establecer una jurisprudencia centralista, que liquida pura y llanamente la potestad fiscal residual de los fueros de Navarra. Estas dos STC desautorizan directamente todas la teorías foralistas como la de que el fuero es pacto o pacción y frases análogas, que impregnan los textos legales del Amejoramiento, el Convenio Económico y las leyes, normas y hasta propaganda política de todo orden. Según esta STC, «el sistema tributario que establezca la Comunidad Foral de Navarra deberá ser reflejo del estatal». Hay «tributos convenidos» y tributos «incluidos en el sistema de coordinación general» de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA y... «no existe una tercera categoría de tributos». (sic)

Ya antes había quedado de manifiesto la gravedad de la STC 208/2012 del 14 de noviembre, pero el Gobierno de Navarra de UPN no ha sido capaz de nada. ¿Puede hacer algo? ¿Lo toman en serio en Madrid? ¿Valen para algo los pactos UPN-PSN? ¿Sirve para algo la fraseología de pacción, convenio y acuerdo frente a un Tribunal Constitucional tan político y centralista? En 2012 el TC tenía una mayoría nominalmente progresista o PSOE y el ponente fue diferente, pero el resultado el mismo que en 2014.

Este último zarpazo del centralismo se suma a otro mazazo letal dado exactamente en la misma fecha -26-6-14-, que es la STC que anula la ley foral 19/2013 de funcionarización de empleados públicos, accedidos por concurso-oposición. Las competencias en materia de funcionarios eran plenamente de Navarra y nos han sido usurpadas por el centralismo en estos 15 años a golpe de sentencia del TC, sin que el navarrismo oficial haya sido capaz de nada. Las viejas dialécticas del fuero y del huevo se han quedado obsoletas y enroñadas en la corrupción, sea ilegal sea legalizada, que también la hay. El recurso histórico del pase foral -«se obedece, pero no se cumple»-, que no es ninguna anécdota y sería similar al «derecho de veto» de los Länder alemanes, no tiene cabida en el actual régimen. En suma, no hay recursos jurídicos frente al TC y solo quedan soluciones de cambio político, para las que el navarrismo ya se ha demostrado agotado.

Perspectiva histórica.- El Estado centralista guerreó en el siglo XIX contra el poder político de los fueros (junto con otros objetivos), con el lema de «Fueros no porque son privilegio», constituyendo el símbolo del acuerdo al final de la segunda de las guerras, el de «Fueros y Paz» de Muñagorri. En la primera mitad del siglo XX el Estado centralista hace suya la reivindicación de los fueros y establece un nuevo dique de contención simbolizable en la frase de «¡Fueros sí, Estatuto no!», frente a la reivindicación estatutista. En el último tercio del siglo XX, el Estado asume la reivindicación del Estatuto y coloca su trinchera ideológica en los términos de «¡Estatuto sí, pero autodeterminación no!». Ahora entramos en un nuevo estadio, cargado de sofismas: «El derecho a decidir no es democrático si no es legal». A lo que añade en la práctica que «la legalidad la delimito yo a través de mi Tribunal Constitucional».

Cada episodio ha dejado atrás sus retales; por ejemplo, UPyD está a la altura de los centralistas del siglo XIX. UPN y otros han trampeado durante decenios con el rechazo al concepto de «estatuto». El PNV ha transitado renqueante hacia la autodeterminación, sin atreverse a utilizar este término, contra el que llegó a votar en 1977 cuando defendía la «reivindicación foral plena» y otras antiguallas. Pero el camino más errático y descabellado es el del PSOE, que ha retrocedido de defender el derecho a decidir -«Aquí sin violencia se podría decidir todo»- a las posturas ultras del centralismo del «primero la ley y luego la democracia», que es en realidad la quintaesencia del Ordine Nuovo fascista.

El nuevo estadio en el que estamos entrando quiebra también el sueño de los mentores del navarrismo españolista -Aizpun, Del Burgo y compañía-, que consistía en campeonear en la defensa de las «especificidades de Navarra, consistentes en el fuero basado en el pacto sin derecho a decidir». Ya no queda nada de eso. Nada. Paradójicamente, el TC se ha encargado de arrasar todo lo que defendía el navarrismo hasta su más mínimo vestigio. El porvenir necesita nuevos agentes, nuevos partidos, nuevas formas de intervención pública...

Panorama político.- Los damnificados por el centralismo partidista del TC van a ser cada vez más. Los perjudicados del centralismo no son solamente los productores de energías alternativas y los empleados públicos, sino que somos todas y todos los ciudadanos que defendemos los derechos humanos y la democracia por delante de las leyes y las sentencias.

Los derechos históricos solamente tienen un posible camino de actualización democrática y, por lo tanto, de defensa política, que es el derecho a decidir. Lograr la máximo unidad en esa convicción es la meditación, a la que nos debería abocar el nuevo zarpazo del centralismo, que nos ha propinado el TC.

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