Desde el verano pasado, a cuenta del movimiento independentista catalán, algunos articulistas, políticos, escritores, y hasta un conocido filósofo –todos ellos muy progresistas y liberales– vienen repitiendo que todo viene del carlismo. Lo hacen con un cierto desprecio, sin duda tratando de desprestigiar al independentismo catalán. Y el caso es que, en cierto modo, no les falta razón, pues, tal como escribió hace un tiempo el historiador Robert Vallverdú, la geografía independentista de Cataluña tiene ciertas similitudes con la geografía de las revueltas carlistas del siglo XIX y las bases sociales del viejo carlismo. Y Jaume Campàs, otro historiador catalán, declaró en una entrevista que, en el pasado, los primeros independentistas fueron los carlistas, porque defendían la tierra que los había visto crecer.

¿Cuál es la explicación de esa coincidencia de la que hablan Vallverdú i Campàs? Sencillamente que los carlistas eran –aparte de otras muchas cosas–, tradicionales defensores de las libertades forales, es decir, un tipo de constituciones anteriores a la centralista Constitución de 1812 que significaban, de hecho, una soberanía mucho mayor que la que hoy se tiene con el sistema autonómico. En aquellas constituciones tradicionales, existía lo que se denominaba el «pase foral», es decir, los poderes del Estado central no podían interferir en los acuerdos adoptados por la comunidad foral correspondiente. Ello acuñó otra expresión que dice así: «se obedece, pero no se cumple».

A pesar del reconocimiento de tan alto grado de autonomía, los carlistas no estaban en contra de la unidad de las Españas, conformadas por los distintos pueblos de la Península Ibérica. Pero se trataba de una unidad de tipo confederal, aunque en sus documentos hablen más de federalismo, que de confederalismo. Sin embargo, esa unión nada tenía que ver con las leyes que, desde «la Pepa» hasta hoy, han ido centralizando cada vez más el poder, como correspondía –y necesitaba– el naciente sistema liberal-capitalista.

Por otra parte, conviene recordar que, a través de la reciente historia, el poder del Estado y sus gobiernos han ido cambiado de actitud con respecto al encaje de las comunidades sin Estado que han luchado por mantener o recuperar su autonomía. En el siglo XIX el Estado centralista estaba en contra de los Fueros, y las guerras carlistas estallaron en parte por eso. Cuando en cierta y relativa forma acabaron aceptando los Fueros vascos y navarros, se pusieron en guardia frente a los Estatutos de Autonomía de los años treinta que en el País Vasco y Cataluña también defendieron los carlistas con un carácter mucho más «independiente» que los que proponían los republicanos. Más tarde, en los años de la Transición Democrática, se pasó a estar a favor de los Estatutos, pero en contra de la autodeterminación que entonces era defendida por toda la izquierda –incluido el PSOE– y la derecha nacionalista. Ahora, cuando en Cataluña se ha llegado a un gran movimiento a favor del derecho a decidir, el Gobierno del Estado, del PP, apoyado por Ciudadanos y el PSOE, se oponen en aras de la indivisibilidad de España, haciendo gala de un fundamentalismo trasnochado, basado en la constitución de 1978.

Por lo tanto, parece que todo es cuestión de tiempo. Por eso, a mi modo de ver, lo mejor sería que, el Estado y los unionistas asumieran lo que proponen algunos, es decir, pactar un referéndum en Cataluña –que como sabemos lo apoyan la mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los catalanes– y decidir si quieren o no la independencia respetando los resultados. Más aún, en caso de producirse la independencia, el resto de las Españas no debería negarse a la posibilidad de que una Cataluña independiente pudiera establecer una nueva unión confederal. Estoy seguro de que no se negarían a ello muchos de los independentistas circunstanciales que ahora lo son por causa de la represión ejercida sobre Cataluña.