Siendo presidente del Gobierno, Felipe González aseguró que jamás habría pruebas de la implicación de las autoridades españolas en la guerra sucia. Se equivocó por completo y entonces dichas autoridades pasaron de negar toda implicación en la guerra sucia a justificarla, aduciendo que la colaboración francesa contra ETA se consiguió gracias a dicha guerra sucia.

En concreto, argumentaron que las autoridades francesas empezaron a colaborar en la lucha contra ETA a cambio de que cesaran los atentados de los GAL. Algo completamente falso, porque el acuerdo de colaboración franco-española fue anterior a que se iniciaran los asesinatos de exiliados vascos reivindicados usando las siglas GAL.

Recuérdese al respecto, el argumento que esgrimió Felipe González cuando tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo en relación a la primera acción reivindicada por los GAL, el secuestro de Segundo Marey. Según González, carecía de toda lógica que las autoridades españolas estuviesen involucradas en dicho secuestro, porque antes de que este se produjera, el 4 de diciembre de 1983, ya había acordado en secreto con el presidente francés François Mitterrand unas sólidas bases de colaboración en la lucha contra ETA.

Un gran amigo de Felipe González, el embajador francés en la época de los GAL, Pierre Guidoni, ya había utilizado ese mismo argumento en una tribuna titulada “Una página de historia”, publicada por el diario “El País” el 23 de enero de 1995. En concreto, arguyó que los atentados de los GAL «no podían conducir a obtener la cooperación de Francia», porque para entonces «ya se había conseguido», gracias al antes mencionado acuerdo secreto de colaboración franco-española contra ETA en el que él también participó.

Guidoni ligó aquel acuerdo a unas negociaciones más amplias sobre intereses comunes y descartó por completo que el ministro del Interior en la época de los GAL, José Barrionuevo, y el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, tuviesen nada que ver con el secuestro de Segundo Marey, porque ambos acababan de participar en el acuerdo secreto.

He aquí lo que se preguntó Guidoni: «¿Cómo creer que los mismos hombres, simultáneamente, organizaban los GAL y negociaban la cooperación legal, oficial, con Francia?». Sin embargo, está judicialmente probado que Vera y Barrionuevo hicieron ambas cosas a la vez y solo caben dos explicaciones. O las autoridades españolas engañaron arteramente a las francesas, o ambas actuaron de común acuerdo.

Ahora bien, no tiene ninguna lógica que el PSOE lanzara aquella campaña de guerra sucia en Iparralde sin el acuerdo de Mitterrand y otros dirigentes del PS. En ese caso, tenían mucho que perder y poco que ganar, como explicaron Felipe González y Pierre Guidoni. Sin embargo, con el beneplácito francés sí que tenían mucho que ganar y muy poco que perder... si no hubiesen actuado con tanta prepotencia y cometido tantas chapuzas.

Cabe resaltar al respecto el repentino cambio de actitud del principal dirigente del PS francés en Iparralde, Jean-Pierre Destrade, quien pasó de acusar públicamente a la Policía española de los primeros atentados de los GAL, a finales de 1983, a guardar un más que sospechoso silencio tras reunirse a principios de 1984 con el presidente Mitterrand.

Unos días después, se celebró en Baiona una reunión de una quincena de secretarios locales y dirigentes del PS en Iparralde con un enviado gubernamental, el ministro André Labarrere. Una reunión en la que este les transmitió el mensaje de que los GAL eran «un mal necesario». Muchos protestaron con vehemencia. Destrade, en absoluto.

Tras ello, mientras se seguían produciendo los asesinatos reivindicados usando las siglas GAL, las autoridades francesas hicieron exactamente lo mismo que durante la anterior campaña de guerra sucia en Iparralde: empezaron a tomar contundentes medidas contra las víctimas de dicha guerra sucia. Primero se produjeron múltiples detenciones, confinamientos y deportaciones de exiliados vascos a terceros países y poco más tarde llegaron las extradiciones.

En todo caso, es indiscutible que la colaboración francesa contra ETA no se produjo a partir de que cesaran los atentados de los GAL, sino que fue simultánea a dichos atentados que, según todos los indicios, contaron con el beneplácito de las autoridades francesas. Aquellos atentados fueron «un mal necesario» que les permitió conseguir múltiples beneficios y por eso se trató, sin duda, de un terrorismo de Estado franco-español.

Por otra parte, todo indica que, si las autoridades francesas se avinieron a hacer la vista gorda, lo harían a cambio de contrapartidas de la parte española en la negociación secreta mencionada por Guidoni. De ahí la importancia de investigarla a fondo en todos sus aspectos: colaboración contra ETA, ingreso de España en la CEE, compra por parte española de tecnología y armamento francés (el representante de la firma Alsthom, fabricante del Tren de Alta Velocidad francés adquirido por los españoles, fue precisamente Pierre Guidoni)...

Se trata de una investigación que debemos a todas las víctimas como Segundo Marey quien, antes de morir, resaltó que «se debe aclarar toda la verdad de los GAL para que las víctimas de esas siglas dejen de sufrir».

En efecto, es imprescindible que se aclare no solo todo lo referido a los GAL, sino también a las demás siglas usadas en la guerra sucia (BVE, ATE, Triple A...). Unas siglas que fueron puras pantallas para ocultar el terrorismo de Estado y cuyas víctimas necesitan saber toda la verdad. Lo necesitan con urgencia, porque sin esa verdad jamás podrán recibir la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que les deben los Estados español y francés. Ambos.