El pasado 28 de septiembre el Parlamento Vasco aprobó la primera Ley de Memoria Histórica y Democrática Vasca con una amplia mayoría. Lo hizo con los votos favorables de 64 parlamentarios, y 7 votos en contra. De los reunidos en aquella sesión la propuesta de ley obtuvo los votos favorables de PNV, Euskal Herria Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos. Ciudadanos, PP y Vox votaron en contra.

Nos congratulamos enormemente por conseguir que nuestro parlamento haya establecido, por primera vez, una normativa legal para que las víctimas del franquismo vean reconocidos sus derechos y dignificados como combatientes por la libertad y la democracia. También el Parlamento español lo hizo hace ahora un año, al aprobar una ley similar para todo el Estado.

Quizás algunos consideren que haberlas aprobado sea el final de este camino que tanto ha costado recorrer. Sería una grave equivocación: este solo es el principio, en las tareas de aplicación de la Verdad, la Justicia y la Reparación debidas, no solo a las víctimas del franquismo, sino al conjunto de la sociedad actual.

Porque andamos tarde, muy tarde. Han pasado más de cuarenta años desde aquella Transición que ninguneó a las víctimas del franquismo y protegió a los victimarios que durante los anteriores cuarenta años establecieron una sangrienta dictadura militar. Lo hizo con otra ley: la Ley de Amnistía 46/1977, que no fue más que una «ley de punto final», todavía en vigor a fecha de hoy, no nos olvidemos.

Este es el gran problema para la andadura con ambas leyes, en el Estado y en nuestra autonomía. En el Estado, porque es en Madrid donde debe ser derogada o modificada; y en el Parlamento vasco porque debe ser contundente en su insistencia de que lo hagan y no sea aplicada bajo ningún concepto ante crímenes de lesa humanidad. Porque conseguir la tutela judicial efectiva en el orden jurisdiccional penal, que las organizaciones memorialistas venimos reclamando, depende de que no haya obstáculo alguno en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Para ello también venimos insistiendo durante años en que el Código Penal español explicite el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ambas barreras deben desaparecer.

Las dos leyes abordan aceptablemente el resto de actuaciones a desarrollar: nulidad de condenas y tribunales franquistas…; protocolos para exhumaciones de fosas…; listados de víctimas…; Lugares de Memoria…; planes educativos para el conocimiento de la Verdad…; acceso a todos los archivos…; medidas de reparación económica…; régimen sancionador…

Consideramos que estas herramientas que las instituciones estatales y autonómicas se han dotado deben ponerse en marcha sin dilación, porque no hay tiempo. Tanto el Gobierno vasco como el español tienen mucha tarea en eliminar las barreras arriba señaladas e iniciar la ejecución de las establecidas en ambas leyes, elaborando planes concretos de actuación que deberán disponer de un seguimiento exhaustivo. Las organizaciones que conforman nuestra “Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo” ofrecemos toda nuestra colaboración para ello.