El 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Para quienes fuimos pasto de la violencia de Estado, es una fecha que año tras año nos estampa contra una realidad tozuda: la supresión legal de este derecho a través de una norma legal diseñada y aprobada por el régimen militar fascista: la ley 9/1968 de Secretos Oficiales. Norma jurídica que se mantiene vigente a día de hoy y que ha sido utilizada por todos los gobiernos a lo largo de la democracia.

El derecho a la verdad es imprescindible para el acceso a la justicia, a la reparación, a la memoria y a las garantías de no repetición. Efectivamente, cercenando nuestro derecho a la verdad suprimieron de facto el resto de derechos inherentes a nuestra condición. Afortunadamente en Hego Euskal Herria se han puesto en marcha leyes de reconocimiento que abordan las victimaciones padecidas y las circunstancias que las rodearon, estableciendo la verdad que el Estado (garante de los derechos humanos) nos niega. Verdad que en muchos casos, más que ocultada, ha sido contaminada por medio de versiones oficiales que servían para cubrir de impunidad actuaciones contrarias a derechos humanos, ejercidas desde los aparatos del Estado o con la aquiescencia de estos. La perversión ética que encierra esta cuestión debería llevarnos a una profunda reflexión.

En base a los estándares internacionales de Derechos Humanos, la verdad está aflorando, dejando en evidencia un claro modus operandi de ocultación y manipulación de lo ocurrido en el contexto del conflicto político en relación a crímenes cometidos por el Estado, tan relevante como grave. Y cuyas consecuencias no parecen querer abordarse de manera integral.

Hemos avanzado mucho, hay que reconocerlo y alegrarse por ello. Hace apenas 10 años la tortura era una gran falacia. Un manual seguido por los terroristas para el descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hace apenas 10 años, simplemente las víctimas y afectados por la violencia de Estado no existían... más allá de unas cuantas víctimas de los GAL o del BVE, como grupos armados surgidos por generación espontánea sin vinculación alguna con el poder político y policial.

A través del Decreto 107/2012 se estableció la verdad oficial sobre las violaciones de Derechos Humanos padecidas por 187 personas en la CAPV. Posteriormente por medio de la Ley 12/2016 la verdad ha visto la luz en otros 81 casos... y serán muchos más porque se sigue trabajando. Este mes de marzo ha echado a andar la Ley 15/2019 en la Comunidad Foral, que también dará sus frutos, sin duda. Los informes de la tortura elevan ya los casos oficiales a 5.311. Y ahora es cuando exministros de Interior y Justicia confirman lo que negaban hasta ahora... que sabían que se torturaba a detenidos, que daban órdenes en acciones de terrorismo de Estado... sin más consecuencias que un titular en la prensa.

Sin duda que hemos avanzado, pero aún son muchas las cuestiones que quedan por hacer. A pesar de este establecimiento de la verdad en ya numerosos casos, seguimos padeciendo discriminación evidente en función del origen de la violencia padecida.

¿Nadie se pregunta por qué aún no existe un día de conmemoración para las víctimas de Estado, cuando se conmemoran dos fechas para las víctimas del terrorismo? Nosotras sí.

¿Nadie se pregunta por qué no hay un Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Estado vinculado a Jaurlaritza, como sí lo hay para las víctimas del terrorismo? Nosotras sí.

Lo mismo con el decreto de protección a víctimas, con las efemérides en la televisión pública vasca, con la presencia institucional en actos de recuerdo, con los actos oficiales impulsados desde las instituciones, con la difusión de los reconocimientos oficiales... hasta en el contenido de los discursos y el tratamiento, la discriminación es patente y cada vez más hiriente.

Esta misma semana hemos conocido la existencia de un informe oficial sobre los hechos ocurridos en Bahía de Pasaia en 1984, elaborado hace tres años y del que no se ha dado traslado a las familias. Un informe especialmente relevante en cuanto a su contenido en relación a la verdad de lo ocurrido y a los obstáculos interpuestos desde el ámbito judicial y policial para impedir aclarar lo ocurrido y mantener así la impunidad de los responsables materiales y políticos; por cierto, estos últimos vinculados a crímenes relacionados con el terrorismo de Estado. Si en lugar de haber sido acribillados por miembros de la Policía lo hubiesen sido por ETA, ¿se hubiese actuado de igual manera?

La realidad que vivimos en el día a día nos dice que no. Que se hubiese reunido a los familiares en un acto oficial, con presencia de cámaras para la difusión mediática y la sociedad se hubiese hecho eco... Vamos, lo que debería de ser en cualquier caso, pero que en algunos casos no es.

Podríamos hablar también en términos de justicia, y si alguien, además de nosotras, se ha preguntado alguna vez por qué la mayoría de las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado están sin resolver; o sobre cómo hemos naturalizado en términos absolutos la impunidad de los responsables de nuestra victimación; sobre cómo asumimos con pasmosa normalidad que el Código Penal y la excepcionalidad penitenciaria solo afecte a un sector de victimarios.

Y claro, esta realidad, nos lleva irremediablemente a fijarnos en ese nudo que persiste en el ámbito penitenciario. Si la Justicia hubiese sido igual para todas, hubiese habido también un colectivo de presos vinculados a la violencia de Estado. En ese caso ¿Se hubiese abordado esta cuestión de idéntica forma? O por el contrario, como ha sucedido en otros lugares del mundo ¿se habrían utilizado todos los cauces legales para resolverla?