El pasado jueves era portada de la edición digital de “El País”. En un artículo firmado por Luis R. Aizpeolea, el diario anuncia como primicia lo que todo el mundo sabe desde hace sesenta años. Que la niña Begoña Urroz, víctima de una maleta explosiva depositada en 1960 en la estación de Amara, no murió a manos de ETA sino del DRIL. Como prueba definitiva, Aizpeolea aporta una investigación intempestiva del Memorial de Víctimas. Ni una palabra de investigadores como Iñaki Egaña, que hace más de diez años denunciaba en estas páginas la construcción de una mentira. Ni una palabra de Xavier Montanya, que en 2013 zanjaba el despropósito con un manojo de documentos policiales.

Durante los últimos años y contra todas las evidencias, los altavoces del relato oficial han difundido el bulo en un metódico ejercicio de propaganda. En 2015, cuando ya nadie aceptaba la fantasía de la autoría de ETA, el Gobierno español mantuvo su versión ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya nadie sostiene lo insostenible pero tampoco hemos escuchado rectificaciones. Más bien al contrario, hemos asistido a algunas llamativas paradojas. “El País”, uno de los rotativos que más ha contribuido a propalar la noticia falsa, se reivindica ahora como riguroso verificador. Honorable rostro de cemento portland.

Para comprender cómo se afianza el bulo, es interesante echar la vista al pasado y examinar el contexto histórico. Aunque la falsa atribución a ETA cumple ya veinte años, es en 2010 cuando se consolida como mantra mediático. El 11 de marzo, los grupos políticos del Congreso acuerdan por unanimidad declarar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Dice la declaración institucional que han elegido ese día porque «hace 50 años ETA asesinó por primera vez» y nombran a Begoña Urroz. «Todo el mundo debe saber que la primera víctima de ETA fue una niña de 22 meses». Este atentado, lee el presidente Bono, «pone de relieve la vileza y la inmoralidad por sí solo de la banda».

¿En qué contexto histórico se difunde el bulo? Por entonces, Patxi López se hospeda en Ajuria Enea gracias al PP y a la ilegalización de partidos. El 16 de febrero, la izquierda abertzale publica el documento Zutik Euskal Herria y abre las puertas al desarme de ETA. El soberanismo vasco fragua una alianza de la que nacerá Bildu y Rubalcaba maquina para que no haya marcas independentistas en las elecciones. 2010 fue un año de redadas indiscriminadas. El Gobierno español tenía que escenificar que el fin de ETA no iba a llegar gracias al debate político o a la movilización ciudadana sino a la apisonadora policial. No les importó llenar las prisiones con acusaciones que después, en los juicios, se demostraban falsas.

Que el Congreso de los Diputados celebre el Día de las Víctimas del Terrorismo sobre la base de un bulo explica de qué madera está hecha nuestra democracia. Que ningún grupo parlamentario, ni uno solo, levantara la mano para cuestionar el despropósito resulta elocuente. Que todavía hoy, con el bulo desmentido, se siga manteniendo la farsa es un insulto a la inteligencia. Explica José Bono que fueron «todas las asociaciones de víctimas» quienes propusieron esa fecha «por unanimidad». Y aquí es donde llega la madre del cordero. ¿Qué asociaciones se erigen como totalidad de qué? ¿Qué víctimas exactamente se sienten representadas bajo esas siglas y qué otras víctimas, defenestradas por el discurso único, permanecen huérfanas de homenajes y reconocimientos?

Leo unas palabras de Robert Manrique, víctima de Hipercor, que protesta contra el cariz que ha tomado la ceremonia. Dice que otras víctimas se han desmarcado del acto. Dice que no se siente representado por Ángeles Pedraza, que ayer habló en nombre de las víctimas. El año pasado fue Mari Mar Blanco. Ambas vinculadas al PP. A Pedraza la enchufó Díaz Ayuso en tres cargos institucionales a cambio de unos jugosos 93.855 euros anuales. Manrique tiene palabras también para otros olvidos. Porque no ve rastro de asistencia a las víctimas del atentado de Las Ramblas de 2017. Y porque no cree que el oficialismo recuerde la investigación sobre los GAL.

El mismo Congreso que ayer aplaudía a las víctimas, a algunas víctimas, el pasado martes boicoteaba la investigación sobre Felipe González. PSOE, PP y Vox cerraron filas en torno al expresidente y dejaron en la estacada a todas esas familias que casi cuarenta años después siguen sin conocer la verdad. Covite y otros lobbies ultras protegen a González con el pretexto de que aún existen atentados de ETA sin esclarecer. Hace ya más de dos años que el Foro Social puso en entredicho el mito de la impunidad de ETA. A día de hoy, los GAL sigue siendo la organización clandestina con mayor porcentaje de crímenes no esclarecidos. El 37% para ser exactos. Les sigue en el ranking de impunidad el Batallón Vasco Español con un 24,3%.

Esta semana hemos recordado la llegada de los huesos de Joxean Lasa y Joxi Zabala al aeropuerto de Hondarribia. Fue un 21 de junio de 1995. En uno de los episodios más lamentables de la policía autonómica, y no son pocos los episodios que lamentar, la Ertzaintza decidió que era una buena idea moler a palos a los asistentes. También en el cementerio de Tolosa. Al día siguiente cayó Rosa Zarra con una pelota de goma en la cabeza y el recuerdo se estira hasta el callejón donde mataron a Iñigo Cabacas. Ni una ni otro merecen el aplauso del Congreso.

¿Qué tiene que ocurrir para que las autoridades españolas te consideren víctima? El 15 de octubre de 1983, la Guardia Civil secuestró a Lasa y Zabala en Baiona, los retuvo en el cuartel de Intxaurrondo, los torturó en la residencia del Gobernador Civil, los trasladó a un descampado de Alicante, los asesinó de tres tiros en la cabeza y los sepultó en cal viva. En 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que sus familiares no merecen el estatuto de víctimas del terrorismo. Hay verdades que se mantienen por sí solas. Por mucho que “El País” tarde sesenta años en descubrirlas.