A finales del siglo XVIII, cuando la Ilustración ya se había zambullido en la reforma del sistema penal, Jeremy Bentham ideó una nueva arquitectura carcelaria que facilitaba la vigilancia permanente de los presos. El panóptico consiste en una torre rodeada por un sistema circular de celdas de modo que el guardián vigila a los reclusos sin que los reclusos sepan en qué momento están siendo vigilados. Se articula entonces una poderosa ilusión de tutela omnisciente. «Estar incesantemente a la vista de un inspector es perder en efecto el poder de hacer mal y casi el pensamiento de intentarlo».

El proyecto de Bentham, como el de otros reformadores, presenta cierta vocación humanitaria. Se trata de abolir el obsoleto sistema de castigos corporales y reemplazarlo por una penalidad más civilizada. Así, los subinspectores supervisan a los internos y el inspector jefe supervisa a los subinspectores. No hay resquicio para el maltrato secreto de los prisioneros. El centro penitenciario se distingue como una pequeña comunidad transparente, sin ángulos muertos, donde el crimen es una posibilidad tan indeseable como remota.

Muchos años después de la utopía ilustrada, Michel Foucault toma prestada la metáfora del panóptico para caracterizar las nuevas sociedades disciplinarias. La burguesía emergente comprende que el orden constitucional no garantiza por sí solo el dominio de las élites. Es preciso que su poder se infiltre en cada rendija de nuestra vida cotidiana. Si es posible garantizar un espacio de obediencia absoluta en el recinto cerrado del panóptico, ¿no podríamos extender tal sistema de vigilancia al conjunto del cuerpo social?

El domingo pasado, el colectivo de periodistas «Forbidden Stories» desenmascaró una red de espionaje digital que involucra a la empresa israelí NSO Group y a su software espía Pegasus. Un total de 50.000 números de teléfono aparecen en el punto de mira de distintos gobiernos de todo el mundo. Por ahora, el escándalo compromete a países como Hungría, México, Marruecos, India o Arabia Saudí. Entre las víctimas figuran más de 600 políticos, 189 periodistas y 85 activistas por los derechos humanos.
La tolvanera mediática ha resucitado otro viejo incidente. En 2020, una investigación de “The Guardian” y “El País” desveló que el programa Pegasus se había entrometido en los teléfonos de Roger Torrent y Ernest Maragall gracias a una quiebra en la seguridad de WhatsApp. Dado que los clientes de NSO Group son agencias gubernamentales, España quedó retratada una vez más como artífice de la guerra sucia. Tres meses después, la Guardia Civil iba a emprender la «Operación Vóljov» contra el independentismo catalán. La hipótesis de una injerencia rusa en el 1-O sirvió de pretexto para filtrar a la prensa un comprometedor surtido de audios privados.

NSO Group ha zanjado la controversia con una nota de prensa en la que niega las acusaciones. Su cometido no es otro, aseguran, que ayudar a los gobiernos a «investigar y prevenir actos terroristas, combatir el crimen y aumentar la seguridad pública». Omri Lavie, uno de los fundadores de la compañía, ha respondido esta semana a “The Washington Post” en términos más descarnados. Alega que el software Pegasus ha servido para lidiar con los peores crímenes de este planeta. Y alguien tiene que hacer el trabajo sucio. En cuanto a las denuncias de espionaje masivo, a Lavie le parece una noticia horrible. «No estoy minimizándolo. Pero este es el precio de hacer negocios».

Esa dudosa disyuntiva entre seguridad y derechos civiles nos remite a la doctrina post 11-S. Los atentados contra el World Trade Center de Nueva York sirvieron de coartada al gobierno de George W. Bush para instalar un clima de paranoia global y suspensión de garantías legales. Por entonces, las sociedades occidentales experimentaron una mutación severa cuyos estragos se extienden hasta nuestros días. La legitimación de las doctrinas antiterroristas. La devastación de países musulmanes. El hermetismo fronterizo. La proliferación de cámaras de vigilancia. La eclosión xenófoba. El paisaje de una época cincelada por el miedo.

Algunos teóricos de la posmodernidad han evaluado los síntomas más enfermizos del control social en nuestra civilización. Zygmunt Bauman habla de una etapa «pospanóptica». El vigilante ya no se instala en una torre central sino que se ubica lejos de nuestro alcance y se torna escurridizo y fantasmagórico. En el panóptico digital, dice Byung-Chul Han, se disuelve la frontera entre el centro y la periferia. La vigilancia ha aguzado su eficacia porque puede emerger desde cualquier esquina, tal vez desde nuestro propio bolsillo. Desde ese Gran Hermano portátil, ese minúsculo sistema de vigilancia que llamamos teléfono móvil.

La tecnología se ha desplegado con tanta rapidez que los viejos métodos de espionaje político nos parecen ahora toscos e irrisorios. En 1992, el CESID tuvo que alquilar un apartamento vecino a la sede de Herri Batasuna en Gasteiz para poder intervenir teléfonos y ordenadores sin permiso judicial. Nada que ver con el dispositivo de geolocalización que instalaron en el vehículo de Unai Fano en 2007 o en el de Carles Puigdemont en 2018. Nada que ver con el teléfono móvil que sustrajeron a Dina Bousselham en 2015 para entregárselo después a la cloaca mediática.

Michel Foucault llamó «poder pastoral» a ese método de control social que el Estado moderno toma del cristianismo. El pastor se inmiscuye en la conciencia de cada una de sus ovejas y la escruta en busca de cualquier rastro de pecado. Pero el éxtasis tecnológico ha allanado el camino al confesor. Ahora el smartphone es un confesionario de bolsillo donde una periodista o un activista social teclea una información privada que algún discutible gobierno interceptará y utilizará en su contra. El software Pegasus es solo un vigilante más dentro de un gran panóptico que cada vez tiene más torres.