El incremento del 3,5% en el pasado año supone atender a los que se hallan en situación de pobreza energética. Correspondería hacerlo al Gobierno Vasco, pero este con su aportación solo cubrió las necesidades hasta agosto... como si con el moreno vacacional la gente no pasara frío en invierno.

Al margen de lo que uno hace de mas y el otro de menos, no hay duda que con esa medida no se va a la raíz del problema: el abuso de las eléctricas.

La prensa catalana destaca: «Las grandes eléctricas se quedan fuera del contrato municipal de la luz de Barcelona». «Pequeñas compañías optan por primera vez a cubrir un servicio con un presupuesto de 65 millones de euros al año para dos años». Empresas comercializadoras sin ánimo de lucro, garantizando el 100% del suministro como energía renovable certificada, obligando a las grandes productoras a generar energía de fuentes naturales.

El argumento esgrimido por ley para romper esta cadena de contratación histórica con las grandes compañías (Endesa y Gas Natural), ha sido el mismo que EHBildu aplicó en su legislatura anterior en la Diputación para licitaciones y contrataciones públicas: «cláusulas sociales».

La ley catalana 24/2015, establece una serie de obligaciones a las eléctricas para que se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética, y supedita la concesión a que se acepte ese compromiso. Los ayuntamientos catalanes ya se van contagiando del «virus» de las cláusulas sociales aplicadas por el ayuntamiento de Barcelona.

En la CAPV contamos con una cooperativa comercializadora de electricidad integrada en la Red de Economía Alternativa Solidaria (REAS) para contratar en las mismas condiciones que las adjudicadas catalanas; a raíz del abuso de las eléctricas y su desidia por las renovables, han incrementado el número de clientes privados, no así institucionales a diferencia también de Navarra e Iparralde.